Suele invocarse fundamentalmente en el ámbito militar, pero es extrapolable al resto del mundo y a actitudes y posicionamientos habituales en el día a día. La obediencia debida, ante situaciones de injusticia palmaria, ante decisiones que lesionan gravemente al sujeto objeto, es una actitud cobarde, una actitud éticamente despreciable que se practica a diario desde los despachos administrativos y judiciales.
La aplicación indiferente de leyes que son claramente injustas, que son claramente lesivas, que buscan el perjuicio por encima de la conveniencia social, económica o moral de los individuos, sean jurídicos o no, retrata a quién propone las resoluciones y a quien las firma.
No, no se trata de hacer barra libre de leyes, cosa que solo parece estar al alcance de los políticos y de sus conveniencias ideológicas o presupuestarias, no se trata de hacer tabla rasa de la legislación vigente, por otra parte tan abundante y contradictoria que cualquier culpa encuentra una eximente, y cualquier inocencia una condena, se trata de llamar la atención sobre la cobardía de funcionarios que amparados en el anonimato de sus puestos, en la irresponsabilidad directa de sus funciones, toman decisiones, proponen sanciones, levantan actas en las que, sin encontrar irregularidades, y en compensación a ello, no sancionan pero obligan con sus conclusiones dispendios económicos que no siempre son asumibles.
Y este último punto es muy del gusto de ciertos ámbitos administrativos, muy del gusto de inspectores que parecen más interesados en destacar su poder que en el hecho de que las normas se cumplan con rigor y eficiencia.
¿Saben los lectores, seguramente no, que existen todo un catálogo de informes que solo son necesarios para aquellas empresas a los que la administración decida solicitárselos? ¿Sabe el lector que esos informes, dada la arbitrariedad de su solicitud, suponen un gravamen económico ya que tienen que ser redactados por expertos? ¿Saben los lectores que los tales expertos, para la pequeña y mediana empresa subcontratados, no incluyen en sus honorarios habituales los tales informes porque rara vez se piden? No vamos a entrar en que extrañas e irregulares circunstancias llevan a la petición de tales informes que presuponen, que suponen de facto, una inspección paralela no oficial, cuando la inspección oficial no ha encontrado motivos directos de sanción, y que pueden abarcar campos en los que la empresa ni siquiera tiene actividad, pero que tiene obligación de cumplimentar, pagar, para evitar ser sancionado por no justificar, pagar para justificar, que alguien emita un informe que corrobore esa falta de actividad. Impresionante, ¿no?
Indudablemente la actitud del funcionario que se presta a ese disparate es rigurosamente legal, es impecablemente acorde con sus funciones y atribuciones, es éticamente cobarde e irresponsable, y es socialmente ignorable, ignorada, salvo para las familias que puedan verse directamente afectadas por lo sucedido.
Y todo esto sucede al amparo de unas leyes promulgadas, promocionadas, por una clase política que en su mayoría desconoce absolutamente el mundo del trabajo (no han trabajado en su vida), impulsadas por un cariz netamente ideológico que contempla el mundo desde una perspectiva teórica que desconoce la realidad del día a día, sancionadas y aplaudidas por unos sindicatos y una patronal, que no representan más que a una ínfima proporción de empresarios y trabajadores de grandes empresas que desconocen por completo el mundo laboral, las necesidades, las carencias, las realidades del pequeño empresario que día a día tiene que luchar con una legislación hecha a medida de una realidad que le es completamente ajena, aplicadas por unos funcionarios que ignoran, o prefieren ignorar, o ni les importa ignorar, desde la cobardía de su irresponsabilidad, las consecuencias de una aplicación sin filtros de las mismas.
No, ni la irresponsabilidad sobre las leyes aplicadas, ni la obediencia debida, ni ninguna otra eximente más o menos plausible, exime de cobardía a quién se ampara en obligaciones a la hora de hacer daño, si es conscientemente por su maldad intrínseca, y si es de forma inconsciente por su falta de rigor e interés.
Hace años, por aquel entonces ETA mataba y secuestraba, y a causa de uno de estos secuestros, encontrándome yo en situación de prestar mi servicio militar en la Capitanía Militar de Valladolid, fuimos acuartelados con medidas excepcionales. Radio macuto, la radio que todo lo comenta, decía que las tropas serían sacadas a la calle para reprimir actos que pudieran suponer algaradas callejeras que pudieran aprovechar lo sucedido para atacar al gobierno, presidía Arias Navarro. Un grupo de soldados, el mayor rango era de cabo, no más de doce, se reunió y juramentó para no usar las armas contra la población civil, pasara lo que pasara. Todos éramos conscientes, en aquel pequeño despacho de la Secretaria de Justicia de Capitanía, que nuestra decisión solo podía suponer, si tenía que llevarse a cabo nuestra rebeldía, un consejo de guerra, o, si el oficial al mando era de sangre caliente, la ejecución inmediata. Todos sabíamos, en aquella minoritaria e improvisada reunión de personas con diferentes ideologías, incluyendo la ausencia de ellas, pero con la misma sensibilidad, que alguno de los asistentes, con toda probabilidad, pertenecía al SIM, y las consecuencias que ello suponía. Todos éramos conscientes, las escasas veces que luego lo hemos podido comentar así lo demuestran, de que llegado el momento alguno de los juramentados no cumpliría, y solo cada uno sabía cuál era su verdad, pero con la seguridad del compromiso propio y la confianza en la mayoría.
No, la legalidad injusta, lesiva, no exime de responsabilidad ética a quién la aplica. No, la obediencia debida no puede acallar la conciencia, si se tiene. No, el salario a cobrar no es motivo suficiente para justificar una actitud cobarde. Y si no que se lo pregunten al verdugo. Sí, al protagonista de la película de Berlanga. Y a estos, a los verdugos de despacho de hoy, seguro que nadie tiene que reconfortarlos por sus ejecuciones. Alguno, seguro, incluso pondrá muescas en su bolígrafo de firmar sanciones y requerimientos y presumirá de ello en sus círculos afines.
