La nueva ley de educación, de dudosa constitucionalidad, del gobierno Sánchez- Iglesias, pretende eliminar el idioma español como lengua vehicular, de las escuelas catalanas y, obviamente, muy pronto seguirán por este camino las comunidades Valenciana y Balear.
Ante este ataque, uno más, a nuestra Constitución que en su artículo 3 dice que: “El castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, quiero manifestar mi rechazo a dicho pretensión y propongo, “senso contrario” paralizar en el Senado la reforma que pretende sacar adelante la ministra Celaá y redactar y aprobar una ley orgánica de protección y defensa del idioma español para impedir que este, u otros gobiernos, puedan seguir por esta senda claramente anticonstitucional.
El Castellano, después de la fusión de las coronas de Castilla y Aragón y del posterior descubrimiento de América en 1492, se universalizó y pasó a denominarse la “lengua de las Españas” es decir el idioma español. Por cierto, Españas a las que, ya en el siglo XII, se había adherido por vasallaje, y matrimonio (obteniendo una gran rentabilidad con ello), el condado de Barcelona.
Bajo un punto de vista estrictamente económico, considero que sería más productivo para nuestro país que los jóvenes catalanes que están formándose ahora, se relacionaran e hicieran sus negocios con los más de quinientos millones de consumidores que se expresan en la lengua de Cervantes a lo largo y a lo ancho del planeta, que los beneficios (a los que renunciaríamos gustosamente) que sin duda aportara a nuestra Comunidad Castellano Leonesa, la previsible llegada masiva de estudiantes catalanes para aprender Español como Lengua Extranjera, en nuestras escuelas y universidades.
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Desde el momento que el castellano deja de ser la lengua vehicular en determinadas CCAA es una ley inconstitucional porque en ella se establece como lengua oficial del estado español sin perjuicio del reconocimiento de las diferentes lenguas. Además se rompe el principio de solidaridad que debe inspirar el Estado Autonómico y no la división y confrontación desde las escuelas. No se trata de izquierdas y derechas sino de la oportunidad desaprovechada de haber consensuado una ley de enseñanza con vocación de permanecía, esto confirma que los políticos, independiente del partido, son animales irreflexivos, que no solo prostituyen la Constitución en aras de intereses partidistas, sino la división y confrontación. Ocho portunodades desaprovechadas por la izquierda y la derecha para llegar a un acuerdo de Estado en la enseñanza, lo que evidencia que lo que se pretende además es la manipulación ideológica.