La España del Partido Popular, según versión de Rajoy en su reciente visita a China el pasado mes de mayo, dispone de una gran fortaleza económica, sin embargo los ciudadanos como siempre tenemos que soportar las secuelas de su pésima gestión al frente del ejecutivo, y lo que para él supone «un economía próspera, con empresas líderes», según sus propias palabras, se traduce para los españoles en la prestación de servicios públicos en situaciones de precariedad, como sucede con la sanidad, servicios sociales y educación, considerados como los más básicos para la población.
Cuando quienes tienen que soportar la precariedad de dichos servicios son los adultos parece que la tolerancia no tiene límites, siendo prueba de ello la resignación y el estoicismo con el que permitimos día a día esta situación, no haciendo nada porque las cosas cambien, nada más que protestar frente a los profesionales que los prestan, igual de víctimas que nosotros en la mayoría de las ocasiones.
El año 2012 supuso un punto de inflexión para los españoles con el acceso al gobierno del Partido Popular, que decidió empeñar nuestra economía aumentando la deuda externa a límites insoportables, casí el 100% del PIB, deuda que pagamos todos, no sólo mediante un carga fiscal desigual para pobres y ricos, donde los que más pagan son los primeros, mientras que los segundos cogen un vuelo regular o privado a paraísos fiscales para evadir impuestos y beneficiarse posteriormente de una amnistía fiscal pagando mucho menos que los contribuyentes honrados.
Han pasado cinco años, lo suficientes como para que la reacción de los ciudadanos hubiese hecho acto de presencia, pero no sólo no ha sido así, sino que hay quien ha premiado esta forma de gobernar volviendo a dar el voto a los mayores estafadores, corruptos y sinvergüenzas, de la reciente historia política de España.
Hay quienes afirman que somos un país sin dignidad y, tal vez, no les falte la razón, somos zombis en un mundo de miseria política, pero lo que es peor, de miseria moral y de miseria social. Sólo a unos cuantos tildados de rojos o “perroflautas” parece importarles lo que esta ocurriendo alzando el puño no en señal de confrontación sino de exigencia de justicia social.
Pasividad de una sociedad que no es entendible y menos cuando los que son maltratados o víctimas de esta forma de llevar las riendas del país son los niños, y uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de cualquier persona y de la propia sociedad como es la educación no es tenida en cuenta por los propios gobernantes.
“Pasividad de una sociedad que no es entendible y menos cuando los que son maltratados o víctimas de esta forma de llevar las riendas del país son los niños”
En España hay casi veinte mil centros educativos públicos pero no todos gozan de la misma salud ni se imparten las clases bajo el mismo tipo de techo, suelo o paredes. Más del 10%, que asciende a 3.398 están instalados en módulos prefabricados que sustituyen a aulas de obra.
Pero la distribución de estas instalaciones no ha sido homogénea en las distintas regiones, siendo la más afectada la Comunidad Valenciana, quizá la mas saqueada por los corruptos, y que tiene instalados 1.700 módulos, repartidos en 163 centros, lo que significa justo la mitad del total de barracones en España, seguida de las siguiente Comunidades Autónomas y en el siguiente orden:
- Cataluña: 996 módulos.
- Andalucía: 317 módulos.
- Castilla La Mancha: 161 módulos.
- Islas Baleares: 93 módulos.
- Aragón: 39 módulos.
- Murcia: 35 módulos.
- Asturias: 30 módulos.
- Galicia: 12 módulos.
- Castilla y León: 11 módulos.
- La Rioja: 4 módulos,
En cuanto al resto de las Comunidades no se disponen de datos por falta de colaboración de sus respectivas consejerías, aunque nos consta que en todas ellas existen en mayor o menor medida algún que otro barracón.
Ante esta situación sólo nos cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿Qué les pasa a los españoles que parece no importarles el futuro de sus hijos?. Tal vez un revulsivo pueda ser el mostrar la otra cara de la moneda, poniendo como ejemplo a los hijos de los ricos, como son los del propio presidente del gobierno que estudian en uno de los más prestigiosos centros privados de Madrid, concretamente British Council School. Un centro educativo situado en el prado de Somosaguas es el lugar elegido por la élite política española (hasta los años 80 estuvo situado en un edificio emblemático en el madrileño barrio de Chamberí).
Además de los hijos de Mariano Rajoy también se forman o han formado en este Centro los hijos de Blanco, Eduardo Zaplana o Álvarez Casco. También las hijas de Ramón García, Natalia y Verónica, los de Nuria González y Fernández Tapias, Alma e Iván, así como los mellizos de Lydia Bosch, Juan y Ana, y Leo, el hijo de Cayetana Guillén Cuervo, también acuden a este centro. Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo, también eligieron este centro para educar a sus mellizos Luis y Amina en sus primeros años de vida antes de viajar a un internado a Reino Unido (este año les han matriculado, según adelantó Vanitatis, en el Runnymede College, una escuela británica situada en La Moraleja que cuesta al trimestre entre 2.500 y 4.100 euros, donde también ocuparon pupitre los retoños de los Beckham, Paco Arango, Gabino Diego, Vicky Larraz o Rebecca Loos.
Nadie critica que quien pueda pagar una buena educación para sus hijos lo haga, todos estamos en el derecho de hacerlo, aunque no todos lo podemos hacer, pero lo que no se puede permitir es que más de 64.000 niñas y niños españoles reciban sus clases en barracones, máxime en un país en el que según su propio presidente del gobierno goza de excelente salud económica.
Además, la pobreza infantil, según un Estudio internacional de Unicef: Children of Austerity de abril de este año, situada en un 40%, constituye una de las causas fundamentales del fracaso escolar que alcanza a un 20%, una lacra que hace templar el futuro social y económico de nuestro país con desigualdades cada vez más grandes debido a que las inversiones públicas cada vez son menores, siendo inferior el gasto educativo a la media de los 35 paises que integran la OCDE, invirtiendo solamente un 4,3 % del PIB y el 8% del gasto público total frente al 5,2% y el 11,6% de la media de europea.
En definitiva estamos ante un panorama educativo poco o nada halagüeño fruto de una política neoliberal del Partido Popular a la que no parece importarle nada el futuro de nuestros hijos y por ende el futuro del país, de hecho el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2017, que en estos momentos se tramita en el Parlamento, destina al capítulo de Educación 2.525 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,67% con respecto a 2016 (42 millones). Sin embargo, ese ligero incremento nos retrotrae a cifras de 2007, ejercicio en el que la partida presupuestaria para educación se situaba en 2.483 millones.
¿Vamos a seguir impasibles?
Fuentes:
Vanitatis. El Confidencial.
Unicef
UGT.USP.
Tal vez quieras leer: