La presión que el gobierno catalán está haciendo al gobierno estatal sobrepasa los límites de lo permitido, tanto desde un punto de vista jurídico como desde un punto de vista político, muestra de ello es la celebración de la Diada el pasado martes, en la que los partidos constitucionalistas no participaron por entender que la celebración institucional de este día tan importante para Cataluña y los catalanes debe ser para todos los ciudadanos y no sólo para los partidarios de la independencia de esta Comunidad Autónoma.
Desde el punto de vista jurídico porque va en contra de la propia Constitución española de 1978, que votaron afirmativamente 2.701.870 catalanes sobre 2.986.700, superando de esta manera el 90%, aspecto que ya de por sí es suficiente para justificar que una gran mayoría de los catalanes aceptaron el texto constitucional, en cuyo título octavo se regula la organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas, proclamando en su título preliminar que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Lo cual, unido a la Resolución de Naciones Unidad 1514 anula cualquier pretensión de independencia al matizar el derecho de libre determinación estableciendo un límite en su sexto párrafo al advertir que “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la Naciones Unidas”.
Y, desde el punto de vista político porque debe imperar la negociación, habida cuenta de la imposibilidad jurídica de proclamar la independencia si no es mediante una reforma constitucional que lo permita, en la que claramente los independentistas están en una clara minoría, de manera que su actitud enérgica contra España como nación no deja de ser una presión inadmisible, aparte de una manipulación del derecho internacional y vulneración del derecho español.
En toda negociación, cuando una parte está en minoría, lo lógico es que ésta adopte una posición sino de humildad al menos de no quererse comer a los contarios, lo cual manifiesta la torpeza de quienes promueven y apoyan en este caso el independentismo catalán. Pero, parece que los catalanes independentistas nada más conocen el uso de la mentira y la presión, por no hablar de violencia, aparte de no querer analizar y afrontar las consecuencia de su pretendida declaración de independencia, no solamente en cuanto a su permanencia en la Unión Europea, sino también en cuanto a las consecencia económicas, puesto que las sociales ya se han producido con una división entre catalanes partidarios y en contra de aquella.
Ningún político independentista, entre ellos el actual presidente del gobierno catalán Quim Torra ni su predecesor Puigdemont han explicado a los catalanes tales consecuencias, sus ventajas y desventajas, sino que se limitan a repetir soflamas con la intención de engañar y chasquear en contra del Estado Español creyéndose en posesión de una verdad o de un derecho que no existe como tal en el caso de Cataluña cual es el derecho a la autodeterminación.
“… sino que se limitan a repetir soflamas con la intención de engañar y chasquear en contra del Estado Español creyéndose en posesión de una verdad o de un derecho que no existe…”
Hablar de la aplicación del artículo 155 de la Constitución como hizo el Partido Popular es una medida que desde el punto de vista legal no ofrece ninguna duda puesto que se dan los requisitos o supuestos de hecho que en él se recogen para que el Gobierno del Estado intervenga al Catalán, aunque desde una perspectiva política no es el mejor camino para el entendimiento de las partes en conflicto.
Pero, el hecho de que el gobierno del Estado, ahora del PSOE, no quiera aplicar tales medidas, haciendo prevalecer la negociación y el entendimientoccon el objeto de no enervar más el conflicto catalán, no significa que tenga que admitirse actitudes como a las que se ha hecho mención, como es la presión, la manipulación y la mentira; pero sobre todo porque actos como el de la celebración de la última Diada convierten al gobierno catalán en un gobierno totalitario que ha pretendido callar al resto de catalanes no independentistas dejándolos fuera de su celebración al haberla reconducido única y exclusivamente a su lucha independentistas sino porque, además, han hecho de su exaltación del día de Cataluña una auténtica burla, como viene siendo habitual, de todo lo español y en contra el Estado y sus instituciones, lo cual supone también una burla a aquellos catalanes, que también tienen que representar como gobierno, que no están de acuerdo con la independencia, propiciando un alzamiento público y tumultuario para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes, o para impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales, comportamiento que el artículo 544 del Código Penal tipifica como sedición.
Es el momento que juguemos limpio porque no haciéndolo los independentistas pierden la razón anulando cualquier vía negociadora como única opción política de encontrar una salida al conflicto planteado.