Hubo un tiempo en que llamarse socialista significaba asumir una determinada concepción de la sociedad. Podía compartirse o combatirse, pero detrás de aquella palabra existía un cuerpo reconocible de principios: la defensa de los trabajadores, la reducción de las desigualdades, la primacía de lo público frente a determinados abusos del poder económico y, sobre todo, una idea de solidaridad que pretendía superar las diferencias de origen, territorio o condición social. El socialismo aspiraba, al menos teóricamente, a transformar la sociedad. El problema comienza cuando la ideología deja de servir para orientar el poder y el poder termina utilizando la ideología para justificarse.

Algo parecido parece haber ocurrido con el PSOE de nuestro tiempo. La cuestión ya no consiste tanto en preguntarse qué proyecto socialista pretende desarrollar, sino hasta dónde está dispuesto a llegar para conservar el Gobierno. Las alianzas parlamentarias construidas alrededor de Pedro Sánchez han reunido sensibilidades difícilmente conciliables bajo una misma concepción del Estado: socialdemócratas, izquierda radical, nacionalistas, independentistas y formaciones cuyo horizonte político pasa precisamente por debilitar, cuando no superar, el marco nacional común. El elemento que las mantiene unidas no parece ser una ideología compartida, sino una necesidad recíproca: unos necesitan sus votos para gobernar y otros necesitan al Gobierno para convertir su representación parlamentaria en capacidad de influencia.

Esta transformación resulta especialmente paradójica cuando se observa a determinadas fuerzas que continúan presentándose como expresión política de las clases populares. Algunos de quienes llegaron a la política denunciando a “las élites”, “la casta” o los privilegios del sistema han terminado formando parte de aquello que aseguraban combatir. La revolución, cuando se instala en los despachos, descubre con sorprendente facilidad las comodidades de la burguesía. Ya no se trata de aquellos dirigentes obreros que conocían la fábrica, el jornal o la precariedad, sino de una nueva clase política profesional que habla permanentemente en nombre del pueblo mientras vive cada vez más lejos de su realidad cotidiana.

El populismo comienza precisamente ahí: cuando las contradicciones propias dejan de importar porque existe un enemigo capaz de justificarlo todo. Y ese enemigo es “la derecha”. No una derecha concreta, con propuestas que puedan discutirse racionalmente, sino una categoría moral a la que se atribuyen todos los males posibles. El liberalismo económico deja de ser una doctrina discutible —con virtudes, defectos y consecuencias que deben analizarse— para convertirse casi en una encarnación política del mal. De ese modo, cualquier concesión resulta aceptable si evita que gobiernen quienes han sido previamente presentados como una amenaza para la democracia o para los derechos sociales.

Así se construye una peligrosa simplificación: si la alternativa es el mal, todo cuanto hagamos nosotros será necesariamente preferible. Incluso aquello que ayer dijimos que jamás haríamos.

La misma lógica permite comprender la relación con el independentismo catalán. Resulta legítimo defender reformas territoriales, mayores grados de autogobierno e incluso, dentro de los cauces democráticos, sostener posiciones independentistas. Lo preocupante aparece cuando cuestiones esenciales de la organización del Estado quedan sometidas a una negociación permanente condicionada por la necesidad de obtener unos pocos votos parlamentarios. Entonces surge inevitablemente una pregunta: ¿se adoptaría la misma decisión si esos votos no fueran necesarios para permanecer en La Moncloa? Cuando la respuesta resulta dudosa, también comienza a serlo la frontera entre convicción y conveniencia.

Y sobre todo ello planea la corrupción. No porque pueda afirmarse que toda una organización política sea corrupta —una generalización semejante sería injusta—, sino porque los casos y las investigaciones que afectan al entorno político del poder exigen algo más que refugiarse en la comparación con los adversarios. La corrupción no cambia de naturaleza dependiendo de quién la protagonice. Aquello que resulta intolerable cuando gobierna el contrario no puede convertirse en un inconveniente soportable cuando de la estabilidad del propio Gobierno se trata. Y quienes sostienen parlamentariamente a un Ejecutivo tampoco pueden limitarse indefinidamente a mirar hacia otro lado invocando el peligro de que gobierne la derecha. La responsabilidad política también consiste en decidir qué conductas no estamos dispuestos a tolerar ni siquiera a quienes necesitamos.

Tal vez ahí resida la mayor contradicción de este extraño socialismo contemporáneo. Nació proclamando que las ideas podían transformar el poder y corre el riesgo de terminar demostrando exactamente lo contrario: que el poder puede transformar las ideas. Cuando conservar el Gobierno se convierte en el principio que ordena todos los demás principios, la ideología deja de ser una convicción para convertirse en una coartada.

Y entonces uno contempla a antiguos antisistema convertidos en parte del sistema, a nacionalistas convertidos en árbitros de la política nacional, a escándalos relativizados según quién necesite los votos de quién y a adversarios transformados en enemigos morales para mantener cohesionada una mayoría heterogénea.

Después escucha que todo ello se hace en nombre del progreso.

Y lo llaman socialismo.

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