SINVERGÜENZAS A LA CARTA

A pesar de décadas de consolidación democrática, la corrupción sigue arraigada en las estructuras de poder en España, debilitando la confianza ciudadana y alimentando la desafección política. Da lo mismo el partido político y la ideología que dicen defender, hasta el punto que los votantes se convierten en defensores a ultranza de los suyos como si estuviesen limpios de este mal endémico de la democracia en este pais, sacando pecho de una virtud de la que carecen, viendo sólo el fango en casa ajena cuando la suya está a revosar de la misma inmundicia.

Desde los escándalos de los 90 —con el caso Roldán y los GAL como telón de fondo— hasta las tramas más recientes como Gürtel, Púnica, los ERE de Andalucía, o las investigaciones en curso en gobiernos autonómicos y ayuntamientos, el patrón se repite: desvío de fondos públicos, clientelismo, amiguismo, adjudicaciones a dedo y enriquecimiento ilícito. Y, lo más alarmante, la normalización social de estos comportamientos, acompañada de una sensación generalizada de impunidad.

Sí, España tiene elecciones libres, libertad de prensa y separación de poderes, aunque cada vez de una forma más pervertida y manipulada por el gobierno de turno y los satélites que los mantienen en el poder, de manera que aquellos pilares en los que debe sustentarse una auténtica democracia, se ven minados por redes de favores, colocaciones a dedo, puertas giratorias y estructuras de poder donde prima la lealtad al partido sobre el interés general. La partitocracia —el dominio de los grandes partidos sobre todas las instituciones— ha contribuido a crear burbujas de opacidad en las que la corrupción no solo es posible, sino funcional al sistema.

Muchos cargos públicos no son elegidos por méritos o capacidad, sino por su obediencia a los aparatos políticos. Esto crea un ecosistema donde denunciar al corrupto puede costar más caro que callar, y donde el silencio se compra con cargos, contratos o subvenciones a dedo. Un lastre de nuestra democracia que, lejos de tratarse de episodios aislados o errores puntuales, los casos de corrupción política, empresarial e institucional revelan un patrón sistémico, una enfermedad crónica que se infiltra en todos los niveles del poder y que amenaza con vaciar de contenido real la voluntad popular.

La defensa a ultranza de los correligionarios de cada partido político que ven sólo la corrupción en los contrarios convierte el argumento político del “tú mas” en una falacia tan enorme que pervierte el pluralismo político convirtiéndolo en un tribalismo ideológico. Pero, quizá  no sepan lo que es una falacia a resultas de lo que se ve en redes sociales.

Las elecciones se convierten en un punto y seguido, en vez de un punto y aparte que ponga fin a la corrupción, mediante el voto cautivo y la falta de mecanismos de democracia interna real dentro de los partidos, pero también dentro del sistema con leyes penales que castiguen y excluyan a esos políticos que se sirven de la política para su propio interés y enriquecimiento; promoviendo un sistema jurídico y judicial que sanee las instituciones, con procesos que no se eternicen, como ha sucedido en algunas casos, durando más de una década, y con sentencias que no prescriban o que terminen en indultos, paradójicamente otorgados por los contrarios, buscando recibir un trato igual en el futuro que los exima de responsabilidad, o que desemboquen en un tercer grado mediante un régimen de semilibertad dentro del sistema penitenciario en contra del principio de igualdad de trato con otros condenados por delitos comunes, que se percibe por los ciudadanos como una burla por el propio sistema penitenciario, al ver a los ladrones en la calle gastando el dinero que nos han quitado a los ciudadanos honrados.

Es cierto que, a veces existen sentencias ejemplarizadoras como algunas procedentes de la Audiencia Nacional condenando a tramas enteres como el caso Gürtel, que llevó a la caída de un gobierno, pero, por cada escándalo que se judicializa, hay decenas que se diluyen en el olvido, los archivos o los fuegos de artificio mediáticos.

En definitiva, el diagnóstico está claro, pero la cura sigue pendiente. Es necesario un fortalecimiento real de los organismos anticorrupción, una independencia efectiva del poder judicial, y sobre todo, una sociedad civil más activa, exigente y comprometida, que calle a esos borregos con carné seguidores a ultranza de los “suyos”, sin darse cuenta, o peor aún, siendo conscientes del olor nauseabundo que procede de sus filas, para mantenerse en el poder; lo que, finalmente, no sólo convierte la corrupción en un problema ético, sino, peor aún, en un fallo estructural que vacía de legitimidad el sistema democrático.

De manera que, mientras no se ataje desde la raíz la corrupción, la democracia española seguirá siendo una casa aparentemente sólida, pero con cimientos corroídos. Pero, parece ser que los propios políticos en vez de proponer medidas eficaces disfrutan de este patético populismo donde la corrupcion no se ataja, sino que incluso se fomenta.