RESTITUIR A LAS VÍCTIMAS: UN DEBER SOCIAL

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La herencia de la banda terrorista ETA pasa por más de 850 asesinados, no menos de 2.500 personas heridas, un centenar de secuestrados, varios miles de empresarios extorsionados y un número indeterminado de personas que tuvieron que abandonar el País Vasco y Navarra bajo la amenaza real de convertirse en víctimas del terrorismo, pero hacerse cargo de la magnitud de los daños producidos exige acercarse a las historias concretas de hombres y mujeres de carne y huesos.

Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos, dos excelentes periodistas doctores en Comunicación, han publicado Sin justicia (Espasa), un libro dedicado “a todas las víctimas del terrorismo que esperan justicia y a las personas que trabajan para proporcionársela” y que describe las circunstancias de cada uno de los crímenes no resueltos. Sin justicia continúa los trabajos de Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA y el de Juanfer F. Calderín Agujeros del sistema, publicado hace diez años y que lleva el mismo subtítulo que el de Florencio y María: ‘Más de 300 asesinatos de ETA sin resolver’; es asombroso, pero un 40 por ciento de los crímenes etarras nunca han sido juzgados.

Hay que decir que el porcentaje de asesinatos terroristas no esclarecidos en Irlanda del Norte es del 88 por ciento. En Italia, los casos sin justicia con respecto a los crímenes de la mafia, representan el 80 por ciento del total. Y esta tasa de impunidad, en el caso del terrorismo corso en Francia, ha oscilado en distintas épocas entre el 48 y el 90 por ciento. Todos muy por encima del 40 por ciento español. Triste consuelo, sin embargo, que equivale, como destacan los autores de Sin justicia, a “las noticias del crecimiento de la riqueza de un país medido por el PIB, que son positivas para la sociedad, pero que no mejoran el estado de ánimo de aquellas familias que tienen a todos sus miembros en paro y carecen de ingresos”.

Es imprescindible una toma de conciencia social. El mensaje que debería atenderse es que varios cientos de familias tienen derecho a la verdad, y que esta es una de las deudas que no sólo el Estado, sino toda la sociedad, deben saldar con las víctimas del terrorismo. Lo exige la decencia y la dignidad humana quebrantadas.

Antes del 15 de junio de 1977, fecha de la Ley de Amnistía que la democracia decretó, ETA había asesinado a 66 personas; el 93 por ciento de esos crímenes nunca fueron juzgados y sólamente cuatro tuvieron una sentencia condenatoria. Después de la Amnistía la actividad etarra se multiplicó por cuatro. Se disparó la crueldad del señalamiento y del acoso, se normalizó el ostracismo social y la bestialización de los enemigos, marcados como infrahumanos: txakurra y txerrimutur (perros y morros de cerdo, respectivamente).

El sumario del caso del primer periodista asesinado, José María Portell, fue expurgado treinta años después de su muerte, de modo que en 2008 “toda la documentación de la causa fue destruida, por lo que ni siquiera queda como testimonio histórico”.

El médico argentino Alfredo Jorge Suar había huido de la represión de la dictadura militar y se estableció en el Puerto de Santa María (Cádiz), donde acabó por ser médico de la cárcel; fue el primer funcionario de prisiones asesinado por ETA y la primera víctima en Andalucía.

El policía nacional Moisés Cosme Herrero, de treinta años de edad, yendo un domingo con su hijo de tres años a un quiosco de prensa recibió por la espalda dos tiros a la cabeza: “el niño, espantado, salió corriendo y estuvo varias horas perdido por las calles de la localidad antes de ser localizado por agentes de la Policía Municipal”.

La hija de un militante socialista vasco asesinado recordaría años después su impotencia y desolación: “Quieres luchar, pero sola no puedes (…) Éramos como los lobos que van a lamerse las heridas, nos íbamos solos a llorar a un rincón, pero la pena nunca se pasa”.

Era moneda corriente acusar a la víctima de ‘colaborar con el enemigo’ sabiendo que era mentira. Las Kantadas (o autocríticas) eran los escritos de los detenidos de ETA que enviaban a la dirección de la banda explicando las circunstancias de su arresto. Con los años, el espectacular incremento de la eficacia policíaca puso de manifiesto un imparable deterioro de la capacidad y actividad criminal etarra, así como una grave crisis interna de la organización.

En estas páginas se detalla el miedo a declarar, pero también los errores judiciales y la prescripción de sumarios. Las fabulosas pruebas científicas de identificación del ADN tardaron años en estar disponibles y habrían resuelto numerosos casos de un modo fulminante.

1 COMENTARIO

  1. Excelente repaso por la trágica historia reciente. Hacen falta muchos artículos como este, además de para restituir a las víctimas, para que no se nos olvide que hay que aprender de la historia para no repetirla.

    Muchas gracias.

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