Es complicado y no se sí lo conseguiré, sintetizar en un artículo la problemática generada en el seno del cuarto poder del Estado, el judicial, a raíz de la no renovación del CSPJ y ahora del TC, tan complicado como explicar la disparidad de criterio a la hora de interpretar la Ley por parte de la judicatura.
De la flagrante caducidad del CGPJ, cuatro años ya, se ha pasado a la rebeldía de los jueces conservadores traducida en el intento de extender este conflicto al Tribunal Constitucional, con el objetivo de continuar con la mayoría conservadora en estas instituciones. Carlos Lesmes, anterior Presidente del CGPJ se fue sin cumplir su último compromiso, dejar nombrados a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir al Gobierno.
Esta crisis institucional provocada por el bloqueo a la entrada de estos dos magistrados, elegidos por el Gobierno, no pretende otra cosa que mantener, de una manera torticera, la mayoría que el PP tiene en este tribunal. Intentan sustentar una mayoría que perdieron cuando las urnas decidieron el actual Gobierno de España. Todo ello promovido por un PP que está haciendo caso omiso al mandato de las urnas y que incumple la Constitución, con la colaboración de juristas y magistrados que precisamente son los que deben garantizar estos derechos y que utilizan las reglas de la ley para impedir su aplicación.
Una verdadera anomalía democrática que el Gobierno intenta corregir: si pasados tres meses de negociación la mayoría de tres quintos necesarios del pleno del CGPJ no consigue ponerse de acuerdo, entonces ya bastará una mayoría simple de los votos para la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden al Gobierno. A partir de ahora bastará con mayoría simple. Ante esta medida el sector conservador del CGPJ solicita un pleno extraordinario y urgente para nombrar estos magistrados del TC, que corresponde al órgano de gobierno de los jueces y que acumula tres meses de retraso. De pronto surgieron las prisas, en un último intento para tratar de sortear la reforma del Gobierno sobre la renovación del Constitucional y sortear otra de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, las enmiendas a la reforma del Código Penal consistente en la responsabilidades penales en las que incurrirían los vocales o el Presidente del CGPJ en caso de bloquear la renovación de sus miembros.
Es complicado racionalizar que en un pais que tan reciente tiene el periodo de la dictadura franquista, con todo lo que ello supuso, existan aún, favorecido por partidos como el PP, puertas giratorias para que la extrema derecha entre a formar parte de las instituciones, caso de Castilla y León o en la Andalucia de las pasada legislatura. EL PP, un partido bisagra en el que las políticas de la extrema derecha engrasan los goznes de sus políticas en las comunidades autónomas o Ayuntamientos dónde gobiernan y en el que tienen cabida personajes como Tony Cantó, Ayuso o el discípulo aventajado de Steve Bannon, José María Rodríguez mano derecha de la Presidenta de la Comunidad de Madrid.
Este deterioro institucional promovido por el PP y apoyado por la extrema derecha y los medios afines ha llamado la atención del Consejo de Europa, organismo que a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), califica de “prioridad” la necesidad de romper con la “altamente insatisfactoria” parálisis del proceso.
Por eso las propuestas anunciadas por el Gobierno para desbloquear está usurpación de la justicia por los conservadores y sus aliados ideológicos solo obedece a la necesidad de restituir el orden institucional y evitar que se utilice un poder del Estado, el judicial, como ariete de la derecha para desestabilizar el resto de las instituciones del Estado surgida de las urnas. El PP está siendo artífice de está muralla antidemocrática que pone en bandeja la estrategia de insumisión institucional de la extrema derecha.
