En un artículo anterior distinguíamos entre potestas y auctoritas. La primera alude al poder formal, al mando respaldado por la ley, la fuerza o la estructura institucional. La segunda, en cambio, remite a la autoridad moral, al reconocimiento libremente otorgado a quien inspira respeto por su rectitud, prudencia y ejemplo. Esta diferencia, heredada del pensamiento clásico, resulta hoy especialmente útil para comprender una de las grandes enfermedades de la política contemporánea: la abundancia de potestas y la dramática escasez de auctoritas.

En numerosos países, sean democráticos o autoritarios, occidentales u orientales, se observa un fenómeno común: quienes gobiernan poseen cargos, competencias, recursos y capacidad de coerción, pero carecen de la legitimidad ética que nace de la conducta honorable. Tienen poder, pero no autoridad. Mandan, pero no convencen. Ordenan, pero no elevan. Y cuando la política pierde esa dimensión moral, degenera en espectáculo, propaganda o lucha descarnada por la conservación del mando, que sólo toleran y justifican disfrazándola de una política eficazç sus fanáticos correlegionarios.

Este deterioro no distingue entre izquierdas y derechas. Las ideologías cambian de color, de símbolos y de consignas, pero comparten con frecuencia los mismos vicios: populismo, simplificación de problemas complejos, manipulación emocional y búsqueda del enemigo como método de cohesión interna. El adversario político deja de ser rival legítimo para convertirse en amenaza moral absoluta. Así nace la polarización, terreno fértil para la fractura social y la convivencia envenenada.

En ese contexto, la demanda social deja de formularse como aspiración razonable y se transforma en exigencia inmediata. Se reclaman derechos sin asumir deberes correlativos; se exigen soluciones instantáneas a problemas estructurales; se convierte toda frustración en agravio y todo desacuerdo en opresión. La política, en vez de educar cívicamente, alimenta estas pulsiones porque resultan rentables electoralmente. Se promete lo imposible, se señala culpables y se pospone la verdad.

Cuando la potestas se separa de la auctoritas, el poder tiende a ejercerse mediante la coacción, la mentira y la confrontación permanente. La palabra pública se vacía de contenido. La propaganda sustituye al argumento. El relato desplaza a los hechos. Se gobierna a golpe de eslogan, de cálculo demoscópico o de agitación sentimental. Las instituciones, que deberían ser espacios de equilibrio y servicio, pasan a convertirse en trincheras partidistas o instrumentos de supervivencia personal.

A esta degradación contribuye también una ciudadanía a veces aborregada, seducida por mensajes simples, identidades cerradas y líderes providenciales. El político sin escrúpulos necesita masas sin criterio; el populismo prospera allí donde la reflexión cede ante la consigna. Por eso la crisis política no es solo de los gobernantes, sino también de las sociedades que toleran, premian o celebran determinadas conductas, y de medios de comunicación que en vez de llevar a cabo una labor de investigación evidenciando los abusos de poder se convierte en un periodismo de palmeros al servicio del políticos de turno.

La representación política debería entenderse como una delegación temporal orientada al bien común. El gobernante no es dueño del poder, sino administrador pasajero de una confianza ajena. Sin embargo, muchos dirigentes actúan como si las instituciones fueran patrimonio propio. Se aferran al cargo, colonizan organismos, degradan controles y utilizan los resortes del Estado para blindar su posición. Cuando esto sucede, la potestas deja de servir a los ciudadanos para servirse de ellos.

No pocas veces esa deriva desemboca en corrupción, tráfico de influencias, clientelismo o decisiones contrarias a derechos fundamentales. En unos lugares adopta formas burdas; en otros, modalidades sofisticadas revestidas de legalidad aparente. Pero el fondo es idéntico: usar el poder recibido del pueblo para fines particulares o sectarios.

El resultado final es devastador. Se erosiona la confianza pública, crece el cinismo ciudadano y se instala la idea de que toda política es sucia por naturaleza. Esa conclusión es peligrosa, porque abre la puerta a soluciones autoritarias o al desistimiento cívico. Cuando nadie cree en las instituciones, cualquier aventurero puede presentarse como salvador.

Frente a esta crisis, no basta con reclamar eficacia técnica. Hace falta recuperar la auctoritas: ejemplaridad, verdad, templanza, sentido del límite y vocación de servicio. La política necesita menos estrategas del marketing y más servidores públicos; menos caudillos emocionales y más personas capaces de unir, escuchar y asumir costes por decir la verdad.

El pueblo puede otorgar la potestas mediante las urnas, pero la auctoritas no se vota ni se decreta: se conquista cada día con la conducta. Sin ella, el poder se vuelve sospechoso, áspero y finalmente estéril. Con ella, incluso las decisiones difíciles encuentran comprensión y respeto.

La gran crisis de nuestro tiempo quizá no sea la falta de líderes fuertes, sino la ausencia de líderes decentes. Porque donde sobra potestas y falta auctoritas, la política deja de ser servicio y se convierte en dominación. Sólo basta con mirar a nuestro alrredor no sólo con un ojo, derecho o izquierdo, sino con los dos, sino nos convertiremos en piratas con un parche en uno de ambos ojos, como los que nos gobiernan.