No es la primera vez que este medio denuncia la situación de los refugiados.
Según ACNUR, más de 65 millones de personas en todo el mundo se encuentran desplazadas de sus lugares de origen debido a conflictos, persecución y violaciones de derechos humanos en sus países de origen. La ausencia de rutas legales y seguras está provocando un trágico incremento de muertes y desapariciones: según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en lo que va de año, más 4.320 personas perdieron la vida o desaparecieron durante el trayecto. De esa cifra, 3.207 murieron ahogadas en el Mediterráneo. Una tragedia que se podría haber evitado si la comunidad internacional y sus Estados hubieran adoptado las medidas necesarias.
En este sentido, el Gobierno español continúa incumpliendo sus acuerdos internacionales. Hasta la fecha, sólo han sido trasladadas a España 480 personas, cifra que todavía queda muy lejos de las 17.337 personas refugiadas que se comprometió a reubicar, desde Grecia e Italia, y a reasentar, desde países que no son miembros de la UE, hasta el año 2017.
Cada vez son más los muros -visibles e invisibles (impedimentos legales, vallas, externalización de fronteras, violaciones de derechos humanos y discursos xenófobos)- con los que cada vez más a menudo se encuentran las personas refugiadas y migrantes en los países de acogida y que les impiden acceder a protección y a unas condiciones dignas de vida. Las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres solas y/o con personas a su cargo, las niñas y niños -especialmente los no acompañados-, las personas perseguidas por su orientación sexual y/o identidad de género, las víctimas de tortura o trauma y las personas enfermas o con algún tipo de diversidad funcional están quedando en una situación de total desprotección y abandono.
“el Gobierno español continúa incumpliendo sus acuerdos internacionales. Hasta la fecha, sólo han sido trasladadas a España 480 personas, cifra que todavía queda muy lejos de las 17.337 personas refugiadas que se comprometió a reubicar, desde Grecia e Italia, y a reasentar, desde países que no son miembros de la UE, hasta el año 2017”
Tal situación ha sido la causa de que el pasado día 16 de septiembre, un total de diecisiete organizaciones se congregaran frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para exigir al Estado español que, como parte de la comunidad internacional, asuma y solicite en sus negociaciones con otros países el establecimiento de medidas urgentes e inmediatas para proteger y garantizar los derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes en la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.
En la carta que las organizaciones han dirigido a las autoridades españolas, se les pide que, en sus negociaciones con otros Estados estos días en Nueva York, se comprometan públicamente a presentar como prioritarias las siguientes medidas:
- Políticas y mecanismos que garanticen la plena protección de las personas refugiadas, internamente desplazadas y migrantes frente a todo tipo de abuso, violencia y explotación. La protección debe cubrir necesidades básicas como educación, sanidad y vivienda, sin discriminación alguna y sin temor a ser objeto de detención, reclusión o expulsión. Además, se deben adoptar medidas específicas para proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
- Adopción de forma inmediata de todas las medidas necesarias para garantizar vías legales y seguras para las personas refugiadas y migrantes. Salvar vidas debe ser una prioridad frente a las políticas de control migratorio. Además, es necesario garantizar y agilizar programas generosos de reasentamiento, admisión humanitaria y reagrupación familiar flexible, entre otros.
- Reparto equitativo de la responsabilidad de los Estados para apoyar y acoger a las personas refugiadas. Al menos el 10% de la población refugiada mundial debe ser reasentada en países seguros (actualmente el 86% de las personas refugiadas se encuentran acogidas en países en vías de desarrollo, como Líbano, Turquía, Pakistán, Jordania o Kenia).
- Los Estados deben abstenerse de firmar, o revocar en el caso de que ya estén firmados, acuerdos con terceros países no seguros. Los acuerdos deben contener cláusulas que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Además, por otro lado, debe garantizarse el apoyo al desarrollo en los países de origen y la asistencia humanitaria desde un enfoque de coherencia de política para el desarrollo que impregne toda la acción exterior. En este sentido, es urgente que España destine un mínimo de 150 millones para ayuda humanitaria en el próximo presupuesto. Deben fomentarse los procesos de paz que acaben con los conflictos y aseguren una estabilidad duradera.
- Financiación plena y apoyo económico suficiente para garantizar la protección e integración de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en los países de acogida. Es fundamental desarrollar políticas de integración dotadas de la financiación suficiente que incluyan planes de sensibilización para luchar contra el creciente ascenso del racismo y la xenofobia contra estas personas.
No sólo ahora que el gobierno del Partido Popular actúa en funciones, muestra su falta de humanismo con quienes se han visto obligados a salir de sus países para poder salvar su vida y encontrar una nueva fuera de guerras y continuas violaciones de los derechos humanos. Desde hace tiempo la política de este partido se ha caracterizado en mirar hacia otro lado cuando hay problemas, esperando que la solución le venga desde Europa, sin embargo no falta el postureo de su presidente ante las organizaciones internacionales de carácter humanitario o incluso ante la propia iglesia, sólo para salir en la foto y quedar como un cristiano comprometido. Dicen que defiende la vida, pero permiten la muerte…