No puedo salir de mi asombro cuando he sabido que, la más progre de la derecha española, entendiéndose por progre en nuestro caso como equivalente a “menos autoritaria que el resto”, “La Cifuentes”, la que presumía de honradez frente a su predecesor en el cargo Jaime Ignacio González González; se la ha pillado con el carrito del helado y con el heladero incluido, perdón por el frío; claro, presuntamente, por aquello de hacer valer el derecho constitucional a la presunción de inocencia, aunque en el caso del PP, parece ser que la balanza se inclina del lado de la falta absoluta de la misma no en vano a quien lo ha denominado como una organización mafiosa, o mejor dicho, criminal, por reunir los elementos jurídicos para ser considerada como tal: como son la pluralidad de personas, su carácter estable y la coordinación con reparto de funciones. ¿No les parece que se identifica con la trama de la Gürtel?
Y si me parecía que mi mandíbula no podía dar más de sí en la gesticulación de mi asombro, pude comprobar que así no era, que todavía mi mandíbula podía hacer un ángulo mayor aunque cerca del desencaje, cuando una prestigiosa universidad pública, como lo es la del Rey Juan Carlos, financiada por la Comunidad de Madrid, parece no haber jugado muy limpio en la atribución de un Máster en Derecho Autonómico a la ahora Presidenta de dicha Comunidad.
Volviendo a recalcar, aún a riesgo de que me llaméis pesado, el derecho a la presunción de inocencia, hasta ahora sólo hay unos datos irrefutables como es la huella dejada en el expediente académico digitalizado, para que con sólo la diferencia de unos pocos minutos pasara de “no presentado” a “notable”, y si esto fuera poco, el cambio se hizo en la intranet de gestión de alumnos por una funcionaria desde otro campus diferente, quien se quita del medio el marrón diciendo que un profesor le ordenó el cambio, pero sin revelar su nombre…. “Uf… que mal huele”
Y, digo que es el único dato irrefutable porque el argumento dado por le Rector de la mencionada Universidad carece de consistencia por su fácil manipulación, aunque reconoce la excepcionalidad de un error informático que se subsanó tras consultar a los respectivos profesores a los que correspondía la valoración de las citadas asignaturas, todo ello sin probar, claro está; lo cual parece que no piensa hacer al haberse amparado en la Ley de Protección de Datos para negar la transparencia como uno de los derechos básicos del procedimiento administrativo. Y eso que es catedrático de Derecho Constitucional.
De verdad, ¿soy sólo yo el que tiene muy desarrollada la pituitaria o a ustedes también les huele a chamusquina todo esto?…. Al final todo queda en casa, es decir, en la Comunidad de Madrid a la que pertenece la tal Real Universidad; además no estamos hablando de cualquier alumno y de cualquier expediente, sino el de la mismísima presidenta que, por aquel momento, ya era muy conocida por haber formado parte de diversas entidades educativas como el Consejo de Universidades de la Comunidad de Madrid (1998-2000), o del Consejo de Administración de la Universidad cuestionada (1996-2000), a lo que hay que unir su dilatada y ascendente carrera política.
“De verdad, ¿soy sólo yo el que tiene muy desarrollada la pituitaria o a ustedes también les huele a chamusquina todo esto?…. Al final todo queda en casa, es decir, en la Comunidad de Madrid a la que pertenece la tal Real Universidad; además no estamos hablando de cualquier alumno”
Por otra parte, volviendo a apelar a la calidad de catedrático de Derecho Constitucional del susodicho Rector, su insistencia en el derecho de igualdad de trato de Cristina Cifuentes que al resto de ciudadanos, parecía querer dar una justificación a lo que se constató como un simple error informático, sin necesidad de hacerlo, lo que me hace pensar que “excusatio non petita, accusatio manifesta”, o lo que es lo mismo ‘excusa no pedida, acusación manifiesta’.
En otros países de nuestro entorno altos cargos de gobierno de la vieja Europa han dimitido por cuestiones, quizá de menos de trascendencia, por la actuación presuntamente irregular en nuestro caso de un funcionario, lo que equivaldría a la comisión del delito de falsedad de documento público. Pero, me temo que la puritana moralista Cifuentes no lo hará, porque del puritanismo a la soberbia, aunque sea espiritual, hay una delgada línea; además de por no perder la tradición de su partido de no dimitir por nada.
Pero, lo que más me duele de todo esta comedia es su final trágico que la convierte, lógicamente, en una tragicomedia, como es el hecho de la indecencia de nuestros gobernantes y la osadía de tomarnos a los ciudadanos por tontos, lo cual me estoy planteando sino será por permitir que tanto político de pedigrí sigan ensuciando la decencia de un país.
