LA PROFANACIÓN DE LA TUMBA

El artículo 526 del Código Penal establece que: ”El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses”.

El pasado miércoles, todos vimos en los medios de comunicación y redes sociales como una persona profanó la tumba del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos, lo que para algunos fue un motivo de alborozo, ante el deseo que los restos de aquel sean exhumados de este lugar que se ha convertido en un templo de peregrinación para la exaltación de la persona que allí se encuentra y de su obra.

Esa persona que llevó a cabo el acto de profanación, indudablemente ha cometido un delito que no se puede justificar desde ningún punto de vista. Los muertos son los muertos, y la falta de respeto ante la violación de un panteón, sea de quien sea, no encuentra  ninguna eximente en el hecho de que quién allí está haya sido una mala personas, como indudablemente lo es quien ha mantenido a todo un país sumido en la represión con una violación de derechos humanos continúa, encarcelando y matando a quienes se opusiesen a su régimen, o en venganza de unos enemigos en una guerra en la que resultó vencedor. Quizá el atenuante del estado de necesidad, ante el deseo de una justicia o reconocimiento que nunca ha existido en relación con los asesinados y represalias por el dictador.

El ruido y las pocas nueces en el traslado de los restos del dictador a otro lugar, indudablemente ha animado a aquellos que piensan que es la única forma de saldar la injusticia y salvar la memoria histórica de aquellos que fueron asesinados y represalidados por este personajel durante la dictadura franquista, es decir, zanjando una deuda histórica que en un estado democrático como el nuestro no se puede permitir, porque, aunque una auténtica conciliación debería haber pasado por juzgar a los responsables de la opresión franquista supervivientes, o al menos, por una declaración de condena institucional en el momento de aprobarse la Constitución e instaurarse el régimen democrático. Bien es cierto, que tal vez aquel no fuese el momento por no instigar a todos aquellos herederos del franquismo, que eran muchos, incluso a un ejercito cuyos altos mandos en aquel momento habían sido unos férreos defensores de la dictadura, además de ciertos sectores o poderes fácticos del momento.

«El ruido y las pocas nueces en el traslado de los restos del dictador a otro lugar, indudablemente ha animado a aquellos que piensan que es la única forma de saldar la injusticia y salvar la memoria histórica de aquellos que fueron asesinados y represalidados por este personaje  durante la dictadura franquista»

Pero, también es cierto, que la exhumación pretendida del dictador ha servido para animar a algunos exaltados a emprender una guerra contra los todavía aduladores de esa régimen que sumió al país en una historia que sólo puede ser narrada en blanco y negro, predominando más el negro que el blanco, si es que este último tiene cabida.

Resulta evidente que igual que se condena la profanación de cualquier tumba, como en este caso la del dictador, también el código penal debería condenar la exaltación de la dictadura, cosa que no es así, lo cual no impide que los ciudadanos de bien, entendiendo por tales, aquellos que no viven en el rencor y en el deseo de venganza, lo condenemos y pidamos a nuestras autoridades que ponga fin a esta situación de exaltación pública de una parte de nuestra historia que, aunque no se puede olvidar, debe, al menos ponerse en su sitio, que no puede ser otro que el de la condena social.

Es evidente que la madurez democrática de nuestro país está a años luz de otros de nuestro entorno más próximo, donde tales muestras de exaltación no sólo están condenadas por la justicia, habiéndose juzgado por delitos de lesa humanidad a los responsables supervivientes, no permitiendo o propiciando, como sucede en España, muestras públicas como las que vergonzosamente se han permitido y se siguen permitiendo en el Valle de los Caídos, erigido como mausoleo del dictador, con la connivencia de la Iglesia católica.

Es hora de zanjar esta parte de la historia, de poner cada cosa en su sitió, y lo que resulta evidente es que mientras al dictador no se le ponga en un lugar que impida tal exaltación de un régimen que nunca debió de existir, no se habrá saldado. De esta manera, tal vez se eviten profanaciones como la que ha tenido lugar, de personas que están cansadas de ver como en este país todavía se permite la adulación de asesinos y torturadores, no sólo del dictador, sino de muchos de sus herederos integrados en nuestra sociedad, como si se tratase de mirlos blancos, cuando no son más que aves de rapiña.

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