La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones libres, por la separación de poderes o por la solidez de sus instituciones; también se refleja en la calidad del debate público y en la forma en que quienes ostentan la representación política ejercen esa responsabilidad. En los últimos años parece haberse instalado una manera de hacer política en la que el desprecio ha dejado de ser una excepción para convertirse en una auténtica estrategia de comunicación; ya no basta con discrepar del adversario, ni siquiera con rebatir sus argumentos, ahora parece imprescindible ridiculizarlo, desacreditarlo y presentarlo ante la opinión pública como alguien indigno de consideración. El problema no radica únicamente en la pérdida de educación institucional, sino en el profundo deterioro democrático que esa actitud provoca.
El desprecio constituye probablemente la forma más estéril de confrontación política porque, a diferencia de la crítica, no pretende convencer, sino humillar; no busca desmontar una idea, sino menospreciar a quien la sostiene; no aspira a elevar el nivel del debate, sino a obtener un aplauso inmediato entre quienes ya piensan de la misma manera. La política deja entonces de ser el espacio donde se contrastan proyectos para convertirse en un escenario donde lo importante no es la solidez de las razones, sino la intensidad de la descalificación. La ironía hiriente, la burla permanente, el gesto de superioridad o la chulería verbal terminan sustituyendo al argumento; el espectáculo acaba desplazando a la reflexión.
Sin embargo, existe un aspecto de esta forma de actuar que rara vez se pone de manifiesto y que resulta especialmente preocupante. En una democracia representativa ningún diputado, concejal o senador habla exclusivamente en nombre propio; cada uno de ellos representa a miles, e incluso millones, de ciudadanos que, mediante el ejercicio libre del sufragio, han depositado en él su confianza. Por ello, cuando el desprecio se dirige de manera sistemática contra un representante público, sus efectos trascienden inevitablemente a la persona que ocupa un escaño. Quienes otorgaron su respaldo a ese representante perciben que el menosprecio también les alcanza a ellos, porque la descalificación no recae únicamente sobre un individuo, sino sobre la legitimidad de la opción política que libremente eligieron. Lo que aparentemente constituye un enfrentamiento entre dirigentes termina convirtiéndose, aunque sea de forma indirecta, en una desconsideración hacia una parte de la sociedad.
Ese es, probablemente, el momento en que la política deja de cumplir su función integradora. Las instituciones democráticas nacieron para canalizar pacíficamente las diferencias existentes entre los ciudadanos; para demostrar que es posible discrepar con intensidad sin dejar de reconocerse mutuamente como miembros de una misma comunidad política. Cuando el desprecio sustituye al respeto, ese equilibrio comienza a romperse; el adversario deja de ser considerado un interlocutor legítimo y pasa a ser contemplado como alguien cuya opinión carece de valor por el mero hecho de proceder del otro lado. El pluralismo político, lejos de entenderse como una riqueza, empieza a percibirse como una amenaza.
La consecuencia más preocupante de esta deriva no se produce, sin embargo, dentro de los parlamentos, sino fuera de ellos. La política posee una enorme capacidad pedagógica; educa tanto por las leyes que aprueba como por los comportamientos que exhibe. Cada intervención parlamentaria, cada rueda de prensa y cada debate televisado proyectan un determinado modelo de convivencia. Si quienes ocupan las más altas responsabilidades públicas convierten el desprecio en un instrumento habitual de confrontación, difícilmente podrá sorprender que ese mismo comportamiento termine reproduciéndose entre los ciudadanos. Las formas de la política acaban convirtiéndose en las formas de la sociedad.
Así, quienes se sienten representados por unos dirigentes responden con idéntica hostilidad hacia los representantes de los demás; la descalificación sustituye al razonamiento, el insulto desplaza al diálogo y la sospecha permanente ocupa el lugar de la confianza. Poco a poco, la crispación abandona el ámbito institucional para instalarse en las familias, en los centros de trabajo, en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas. La política deja de dividir únicamente a los partidos y comienza a dividir a la propia sociedad.
No deja de resultar paradójico que muchos dirigentes manifiesten después su preocupación por el deterioro de la convivencia, por el aumento de la polarización o por la pérdida de prestigio de las instituciones. Resulta difícil reclamar respeto desde una tribuna cuando esa misma tribuna ha sido utilizada reiteradamente para sembrar desprecio. El respeto no puede imponerse mediante discursos solemnes ni recuperarse mediante campañas institucionales; únicamente puede nacer del ejemplo cotidiano de quienes ejercen responsabilidades públicas. Las instituciones hablan tanto por boca de sus representantes como por la forma en que estos se comportan.
Existe una diferencia esencial entre firmeza y arrogancia, entre convicción y soberbia. Defender con energía unas ideas constituye una obligación de todo representante político; hacerlo desde el menosprecio hacia quienes sostienen posiciones distintas supone, por el contrario, una renuncia a la esencia misma de la democracia. La autoridad no necesita humillar para hacerse respetar; nace del conocimiento, de la ejemplaridad, de la serenidad y de la capacidad para escuchar incluso aquello que resulta incómodo. Quien necesita exhibir constantemente superioridad suele revelar, en realidad, una preocupante debilidad argumental.
El verdadero liderazgo nunca se ha construido sobre la humillación del adversario. Los dirigentes que permanecen en la memoria colectiva no son aquellos que consiguieron el aplauso más estridente ni la descalificación más ingeniosa, sino quienes fueron capaces de mantener la dignidad institucional incluso en los momentos de mayor confrontación. Liderar no consiste en demostrar quién manda, sino en ser capaz de representar a toda la sociedad, también a quienes jamás depositarán su voto en uno mismo. Esa es la grandeza del servicio público y, al mismo tiempo, su mayor exigencia.
Quizá convendría recordar que la democracia no necesita políticos infalibles, sino representantes ejemplares; no necesita tribunos que conviertan el Parlamento en un escenario de humillación permanente, sino servidores públicos capaces de demostrar que la discrepancia puede convivir con el respeto. La crítica fortalece las instituciones cuando se apoya en razones; el desprecio, por el contrario, las degrada porque convierte la confrontación política en una confrontación social.
La democracia nació para domesticar el poder mediante la razón, no para convertir el poder en un escenario donde vence quien grita más alto. Las instituciones no pierden prestigio cuando un dirigente reconoce un error; lo pierden cuando quienes las representan confunden la dignidad del cargo con la soberbia personal y utilizan el desprecio como instrumento de confrontación. Porque cada vez que un representante humilla a un adversario no sólo hiere a quien tiene enfrente; hiere también a los ciudadanos que ese adversario representa, debilita la institución desde la que habla y siembra en la sociedad una forma de relacionarse basada en la hostilidad.
El desprecio puede proporcionar una victoria momentánea, incluso un titular brillante o un aplauso efímero; el respeto, en cambio, es el único cimiento capaz de sostener una democracia verdaderamente sólida y una convivencia que merezca ese nombre.
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