Hay escenas que uno quisiera no haberlas visto nunca y que no hubieran ocurrido. Pero están ahí, son irrevocables y no debemos perder la conciencia de su realidad. Si lo hacemos, si miramos para otro lado y disfrazamos lo sucedido, nos devaluamos en la falsedad, nos anulamos, nos empequeñecemos hasta ser despreciables.
Por esto, una sociedad que no tenga siempre presente a las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, se envilece. Se trata de atenderlas, sabiendo que cualquiera de nosotros lo pudimos haber sido o lo podríamos ser. Y no podemos ignorar que el terrorismo etarra asesinó y mutiló para imponer un proyecto político excluyente y totalitario. Hay un clamor de casi mil personas ausentes a las que les es imposible perdonar, porque se les segó la vida. Y del orden de 200.000 personas se vieron forzadas a abandonar el País Vasco, a causa de las continuas amenazas sobre ellas, al abandono en que las autoridades (políticas y eclesiásticas) las dejaron; vejadas, acosadas, intimidadas, maltratadas. Y esto fue y sigue siendo intolerable.
No se trata de ajustar cuentas con los diferentes bandidos, sino de pasar cuentas; lo que es muy distinto. La justicia no es venganza, como pretenden los que confunden por sistema y sin vergüenza; un vicio practicado con absoluto descaro. Cuando se renuncia a tener justicia, nos despedimos del Estado de Derecho, también del Estado del Bienestar, para regresar a la ley de la selva, a la ley del más fuerte.
Más de trescientos asesinatos de esa banda terrorista están sin aclarar. Un 40 por ciento de todos sus asesinatos no tienen siquiera el nombre de un autor material*. ¿No es asombroso, no es indignante, no es preocupante? ¿Hay voluntad política y judicial para detener a esos tipos que no han pagado su crimen anónimo? Pues bien, a principios de marzo el presidente del Gobierno encabezó un acto solemne de destrucción de armas de ETA y del GRAPO y, orondo y hueco, se jactó de que “quien entrega las armas acepta su derrota”.
Consuelo Ordóñez, fundadora y presidenta de COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo), no aceptó la invitación para asistir a esa parodia (un maquillaje político) y a los dos días publicó al respecto un artículo bien argumentado, que no admite réplica: ‘Propaganda para ocultar el fracaso’. En primer lugar, ETA no entregó sus armas, les fueron incautadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (no hubo autodisolución), lo que es radicalmente distinto a lo dicho por el presidente del Gobierno; ¿qué pretende, acaso no lo sabe él?
Hay otra mentira más en esa breve frase de Pedro Sánchez, porque no sólo no entregaron las armas, sino que tampoco aceptan hoy su derrota; ¿qué pretende, acaso no lo sabe él? Por contra, reivindican en público la legitimidad de las atrocidades de su banda favorita, las justifican, las ensalzan, las enaltecen como actos propios de una vida generosa y comprometida. Y están afianzados en las instituciones; hace ahora diez años que se legalizó a Bildu, el nombre blanqueado de la proscrita Herri Batasuna. Intensos en su empeño de acobardar y humillar, en su gusto por la crueldad, tienen el cinismo de proclamarse ‘artesanos de la paz’. ¿Vamos a adoptar su lenguaje?
Se pregunta Consuelo si resulta agradable presenciar cómo una apisonadora pasa por encima de la pistola con que mataron a su hermano Gregorio. Aunque nos hayan asegurado, dice, que las armas destruidas ya no tienen valor judicial para futuras investigaciones, ¿cómo no vamos a desconfiar de que esto sea cierto, teniendo en cuenta la alta impunidad de los crímenes de ETA? “¿Cómo pueden asegurar que entre las armas destruidas no se encuentran aquellas que sirvieron para atentar contra esos centenares de víctimas cuyos crímenes no ha sabido resolver el Estado de derecho?”.
En efecto, hace seis años, Juanfer Calderín decía en su libro Agujeros del sistema que la opinión pública no sabía de la existencia de un informe de la Dirección General de Policía, de 1990, según el cual la pistola con que se mató a dos personas fue la misma con la que se mató a otra tercera, un año antes. Y que la Audiencia Nacional cerró el caso del doble homicidio por carecer de ‘motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores’.
Errores de bulto, tanto policiales como judiciales, han llevado a la situación actual, con crímenes prescritos, cuyos autores ya estaban identificados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
¿Hay alguien dispuesto, hoy día, a hacer examen de conciencia, reconocer errores, faltas y omisiones, pedir perdón y tener verdadero propósito de enmienda? Si los hay, no se dejan ver. Pero entre quienes se las dan de ‘buenos’, no pocos se expresan a favor de las víctimas en su exclusivo interés político. Más mezquindad.
*Nota: Al hacer cuentas de los actos terroristas, solemos quedarnos con el número de muertos y apenas con el de heridos. Pero éstos también son víctimas del terrorismo. En el caso de la banda asesina etarra, muertos y heridos suman unas 3.300 víctimas. También aquí más del 40 por ciento de ellas no han tenido justicia ni verdad.
