LA IZQUIERDA CONFINADA (4)

La desorganización territorial de España

Parece, a estas alturas, indiscutible que la gestión de la crisis del Covid19 está siendo un desastre. Afirmar que todo es culpa del Gobierno es cómodo y sencillo para la oposición ─para la oposición y también para algunos de sus socios de legislatura─, algo de responsabilidad tendrán las administraciones autonómicas ─y sus recortes en sanidad, sobre todo Cataluña y Madrid─ y mucho la estructura territorial de España.

En un grupo de Chat solté lo que sigue: «Lamentablemente tenemos políticos que no se creen su autoridad y otros que se la ponen en duda. Las autonomías se han pasado al gobierno de la nación por el forro… y este ha sido incapaz… Aquí no se escapa nadie de culpa… nadie». Un resumen del sentimiento que nos embarga, digo yo, a los españoles. Andamos, en recinto cerrado, entre la desidia y la frustración con un gobierno en crisis interna, que no gobierna y unos gobiernos autónomos tirando piedras al tejado de la nación.

Dicen que ha habido, que hay, más de 2000 UCIs sin utilizar cuando con el estado de alarma se unificaba en un solo mando, el del ministro, la sanidad española, pública y privada. Que no se han realizado traslados suficientes a hospitales de provincias limítrofes pudiendo salvar vidas. Que se está denunciando que ha habido ciudadanos que se les ha dejado morir por que no había UCIs y porque por edad no les “tocaba”. Esto no es una responsabilidad médica, es política.

¿Cómo es posible que el mando único no haya sido capaz, con todo el ejercito, policías y demás cuerpos de protección civil bajo su mando, organizar ese transporte de enfermos entre territorios? Pues muy sencillo: en España nadie se cree que somos una nación. Las competencias de las comunidades autónomas se consideran blindadas. No hay un centro nacional de operaciones, ni compra centralizada, ni coordinación… ni autoridad ─digo autoridad, no autoritarismo─. Cataluña es la comunidad autónoma más rebelde… El rechazo de las autoridades autonómicas, y en algún caso municipales, a la participación del Ejercito y la Guardia Civil en los trabajos contra el coronavirus quedaron patentes con el parón del hospital de campaña montado en un polideportivo de Sabadell y con el desmontaje, sin llegar a utilizarse, de otro hospital de campaña, con todos los medios materiales y humanos disponibles, en Sant Andreu de la Barca.

Que en el debate de este miércoles Pedro Sánchez le diga a Rufián que cuando pase esto volveremos a la “mesa de dialogo” con la Generalitat, indica a las claras que pondrá la mejilla todas las veces que sea preciso para mantenerse en el sillón. Le han votado en contra de las prorrogas (JxCat) o se han abstenido (ERC) con tendencia al no, como afirmaba el ínclito Rufián. Responsables de la Generalitat catalana afirmando que pertenecer a España mata. La respuesta: bonitas palabras para el desaire ─Que mejor para el secesionismo que un interlocutor que se deja ningunear─.

Llama la atención que los enfrentamientos a cara desencajada en redes y en prensa se están dando entre PP y Vox por un lado y PSOE y UP por otro y en cambio PP Y C’s votan a favor de la prorroga del estado de alarma. Es evidente que PSOE y PP tienen sentido de estado ─cada uno el suyo, evidentemente─. Pero ninguno renuncia a ser quien capitalice el relato de salida de la crisis o dicho de otro modo quien rentabilice electoralmente la salida.

Mientras tanto hay más de cuatro millones de trabajadores afectados por un ERTE, la mayoría siguen esperando que se les ingrese en cuenta ese 75% del salario. A todo ello ayuda la enorme burocracia y diversidad de procesos y formularios según cada comunidad autónoma ─aquello de la “cercanía al ciudadano” no parece ser finalmente verdad─. Podremos criticar al sistema americano (USA) pero lo cierto es que el cheque de 1.200.-$ les está llegando a la cuenta bancaria sin hacer trámites a todos los americanos que en su ultima declaración de la renta declararon ingresos por debajo de 75.000.-$ (69.000.-€). No sería tan difícil para empezar, para asegurar que nadie se queda atrás, con algo parecido ─ya sabemos que nuestra renta es inferior─ pero no hubiera sido difícil hacer un ingreso, durante el mes de abril del 70% del SMI mensual (unos 665€) a todo ciudadano que hubiera declarado menos del salario mínimo interprofesional, en computo anual, en su declaración de 2018, algo que seguro que haría que el personal pudiera llegar a fin de mes… y luego en la declaración de 2020 ya se regularizaría si no correspondiera. Eso sí, luego, acaben cuanto antes el tema de renta mínima vital, que le están echando mucho cuento.

Estamos pasando una crisis provocada por una pandemia que está demostrando que la organización política y territorial de España es una rémora para poder solventarla. La estructura autonómica ha ido degenerando en una estructura seudo-confederal que ha impedido que realmente haya funcionado el estado de alarma.

Hablemos de la organización territorial del estado.

En el artículo con el que iniciaba esta serie me planteaba dos ─en realidad cuatro─ últimas preguntas:

  • ¿El sistema de organización territorial adoptado en el 78, es el que se buscaba o su evolución nos aboca a una parcelación en mini-Estados? ¿El estado autonómico es un Estado federal o asimétrico?
  • ¿Federalismo supone soberanía de las partes o igualdad de las partes dentro de una soberanía única? ¿Tiene lógica profundizar en la descentralización o se necesita una recentralización de ciertas competencias?

El diseño territorial que contiene la Constitución del 78 no es un diseño cerrado y si bien permite la cesión de competencias hacia las autonomías desde la administración central, la posibilidad de que tales competencias sean recuperadas por dicha administración central son remotas dado el virtual blindaje que se ha impuesto. En un sistema federal como el alemán tal practica no es problema, y se ha llevado a cabo en los últimos años. Paradójicamente en un sistema autonómico, que se supone de inferior descentralización, es un imposible.

La LOAPA (1982) fue el intento, pactado con UCD, del Gobierno de Felipe González para poner orden en algo que ya se veía que degeneraba. La declaración de inconstitucionalidad de la ley (1983) por el Tribunal Constitucional dejo, ya en aquellos años, clara la necesidad de reformar el capitulo VIII de la Constitución. Y ahí seguimos: nadie movió un dedo.

Lo que vino después fue la huida hacia delante de unos nacionalismos envalentonados y un gobierno central acomplejado. Todo ello alimentó la creación de una partitocracia corrupta en todos los ámbitos, estatal y autonómico y muy entrelazadas unas y otras. En lugar de encarar una reforma valiente los dos grandes partidos “nacionales” se repartieron el poder con los nacionalistas respetando sus áreas de influencia como si España fuera una confederación. Las cesiones de competencias, sobre todo a Cataluña y al País Vasco, a cambio de apoyos puntuales en la formación del gobierno de España se convirtieron en rutina ─el pacto del Majestic es solo una más de tantas cesiones y derrotas─.

Que la derecha (PP) se entendiera con la derecha nacionalista se puede entender ─parece que así fue en la II República─, pero que la izquierda (PSOE) renegara de sus planteamientos republicanos ¡clama al cielo! ─laico─.

A la luz de los acontecimientos ─hablo, no solo de la crisis del coronavirus que los ha acentuado y mostrado en su crudeza, si no de la historia de desafección acumulada por el nacionalismo─ tal vez va siendo hora de tener valor, atarse los machos y ponerse a la labor, a trabajar para reformar la Constitución en su Titulo VIII ─como primer punto, hay más pero ya hemos hablado en alguna otra ocasión─.

No es mi intención definir esa reforma, pero si apuntar algunas líneas maestras: Definir aquellas competencias que son esenciales para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y que por tanto serán de competencia exclusiva de la administración central ─es decir no transferibles─. Me atrevería a sugerir que la sanidad es una competencia capital para garantizar dicha igualdad, por lo que plantear su retorno a la administración central me parece indispensable.

Las competencias de educación pueden estar en el primer grupo, como exclusivas, o bien integrarlas en un segundo grupo en el que la competencia es estatal y en co-gestión con las autonomías, lo que eliminaría la barbaridad de 17 leyes de educación ─dejaría de ser una herramienta de asimilación identitaria, de construcción nacional, en manos del nacionalismo─, permitiendo a la par una enseñanza bilingüe en los territorios con otra lengua oficial además del español.

Se necesita armonizar el sistema autonómico para conseguir que sirva a su propósito: acercar la gestión política al ciudadano y garantizar la igualdad de todos sin distinguir donde vive, que idioma habla o que sentimiento de pertenencia tiene.

La deslealtad institucional se ha convertido en práctica habitual. Recurrir a los tribunales continuamente, tanto desde el gobierno central como de los autonómicos, denota una regulación muy laxa de la jerarquía institucional. Es preciso definir y delimitar competencias  de forma clara, no solo de los gobiernos (central y autonómicos), también de los parlamentos y regular por ley las infracciones.

Esa reforma del Titulo VIII de la Constitución ha de eliminar todo el proceso definido para la constitución de Comunidades Autónomas y sustituirlo por la declaración de las existentes, así como determinar el proceso para, cuando por necesidades de racionalización organizativa, se proponga la reducción del total de Autonomías por agrupación de varias, y la segregación de una autonomía en otras dos o más posibles cuando sociológica y democráticamente sea preciso. Y por supuesto derogar la disposición transitoria cuarta de la CE.

Cohesión de España.

Es evidente que España no necesita del españolismo, ni de una ideología nacionalista, pero si precisa sentirse y reclamarse nación política, ¡que lo es!, aunque en los últimos 40 años sus dirigentes, sobre todo los de izquierda, han sentido como impropia acomplejados por la apropiación de la idea de España que realizo la dictadura franquista.

Con el discurso de la cohesión los nacionalismos periféricos han utilizado la lengua y la historia para justificar unos procesos de nacionalización cultural forzosa de sus ciudadanos, cuyos resultados estamos padeciendo desde hace tiempo y que la pandemia ha hecho aflorar de forma descarnada.

Recuperar para el común de los españoles las competencias de sanidad y educación dará cohesión a un proyecto que no pretende ser uniformador, ni asimilacionista. La diversidad de España y de sus Autonomías ─en su interno─ es una realidad indiscutible. La pluralidad de lenguas, junto al español o castellano, es una riqueza a proteger ─incluso de los que se quieren apropiar de esas lenguas: catalán, vasco, gallego o castellano─. Y eso solo es posible desde una competencia de ámbito estatal.

Adenda

No se puede olvidar en una reforma constitucional ─sería deseable un cambio en el sistema electoral hacia uno en circunscripción única y proporcional─ exigir para los referéndum unas mayorías cualificadas con unos mínimos de participación, para evitar que una minoría mayoritaria imponga sus criterios ─no olvidemos que el Estatut de 2006 se aprobó con la abstención por encima del 50%─.

En este artículo he abordado la primera y la cuarta de las preguntas enunciadas, dejando para una nueva entrega una profundización sobre federalismo.

Nou Barris, Barcelona. Viernes, 17 de abril de 2020.

Vicente Serrano. Miembro de la Junta Directiva de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista. Autor del ensayo EL VALOR REAL DEL VOTO. Editorial El Viejo Topo. 2016

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