LA GOBERNABILIDAD DE ESPAÑA SOMETIDA AL SECESIONISMO

Pedro Sánchez (PSOE) culmina la Operación Soraya (PP) sometiendo la gobernabilidad de España al secesionismo (ERC).

Afirmaba en octubre de 2018 que La estrategia de diálogo que lanzó Soraya Sáenz de Santamaría desde el Gobierno de Rajoy tenía a ERC como elemento clave para desmontar el frente independentista. La de Pedro Sánchez, igual. Parece que hoy finalmente esa operación verá la luz con la elección de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno Español gracias a la abstención de ERC. Otra cosa es que ello sirva para desmontar el frente independentista, aunque alguien piense ingenuamente que sí.

Es evidente que la abstención de ERC y de EH-Bildu costará muy cara al conjunto de la ciudadanía española. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez nace hipotecado, doblemente hipotecado, ya que acumula deudas de la pasada moción de censura que le aupó a presidente del gobierno, más la de la investidura de hoy. Ya lo han dicho en el Congreso de los Diputados: “La gobernabilidad de España nos importa un comino”. Se abstienen para cobrar deuda e intereses.

ERC siempre quiso desmarcarse de la antigua CDC (hoy PDeCAT) para constituirse como hegemónico dentro del nacional-secesionismo. Es evidente que el odio entre Junqueras y Puigdemont es real; pero, definido el liderazgo dentro del conglomerado independentista, ya articularán maneras para mantenerse unidos en el objetivo final: la secesión.

La agenda social.

Es evidente que el programa social pactado con Unidas Podemos puede resultar atractivo y más que deseable; el problema será su nivel de cumplimiento. Dada la historia del PSOE en el gobierno desde la Transición –referéndum de la OTAN, reformas laborales, y, sobre todo, reforma del sistema de pensiones de 2011 (que nos afecta ya, con una rebaja en la pensión mayor que la del IPC)–, más la incoherencia entre lo prometido en campaña por el PSOE (no solo Pedro Sánchez) sobre las posibles coaliciones con los secesionistas y la realidad de cómo ha pactado finalmente la investidura, podemos dudar muy mucho sobre su nivel de cumplimiento, sobre todo con una UE obsesionada con el control del déficit y limitados por la reforma del artículo 135 de la Constitución pactado entre PSOE y PP.

La cuestión territorial.

Es evidente que los acuerdos con ERC por un lado y con el PNV por otro levantan muchos recelos entre la ciudadanía, y no solo en los votantes del PP, de C’s o de Vox. Es evidente que también muchos votantes del PSOE estarán estupefactos y dolidos –me consta, pues así me lo han hecho saber unos cuantos–  y se sentirán estafados.

Las incógnitas sobre lo que dará de sí una comisión paritaria entre Gobierno de España y Generalitat generan pesadillas entre el constitucionalismo de derechas y de izquierdas. La  sola idea de que el secesionismo nos represente, nos pone los pelos de punta a más de la mitad de los catalanes. La idea de que la negociación sea entre iguales, sin entrar en más análisis, es un reconocimiento de facto del estatus de nación con derecho a ser independiente que tanto ha anhelado el nacional-secesionismo.

Temo mayor interés de Unidas Podemos en la agenda cantonal que en la social.

La voluntad de los españoles

Es evidente que la elección de Pedro Sánchez se ajusta a la legalidad; otra cosa es afirmar, como lo hacen Ábalos y otros voceros del PSOE y de Podemos, que el gobierno elegido sea el resultado de la voluntad popular. Lo sería si dichos acuerdos se refrendaran con urnas.

La realidad es que los partidos que dan soporte al gobierno suman menos de 11 millones de votantes, mientras que los que votaron en contra superan esa cifra. Hay una diferencia de casi 450.000 votos; es decir, que el gobierno sale elegido con el respaldo de casi el 45% de los votantes (poco más del 31% de los españoles con derecho a voto), mientras que, en contra, tiene a casi el 47% de los votantes (casi un 32,5% del censo). La estudiada y mercadeada abstención del nacionalismo –menos del 5% de los votos– es la que ha facilitado la elección.

Nada que objetar: se han respetado las formas electorales, es un gobierno legítimo. Pero no es la voluntad de los españoles. Había otras posibles formas que, de seguro, habrían garantizado un soporte mayor. Pero eso es algo que la historia y los electores habrán de valorar en futuras convocatorias electorales.

La abstención como ética o como moneda de cambio.

El gobierno de Pedro Sánchez nace débil. Ha sido elegido por la abstención del nacional-secesionismo (Bildu y ERC). Siempre he defendido el valor de la abstención de los ciudadanos, tanto como forma de crítica directa al sistema, como forma de protestar por la falta de opciones electorales realmente alternativas. La abstención, activa o pasiva, así entendida era un valor ético.

Sin embargo, entiendo que nuestro sistema electoral pervierte la función de la abstención en sede parlamentaria en el proceso de elección del Presidente del Gobierno, ya que se convierte en un elemento de negociación espurio sobre la gobernabilidad de España. No hay compromiso con el gobierno que se ayuda a elegir –“les importa un comino”–, pero exigen a cambio concesiones que pueden debilitar, no ya a ese gobierno, sino el principio constitucional de igualdad y la integridad del conjunto de la Nación.

Estabilidad y gobernabilidad.

Desde la Transición, la formación de gobierno en España ha dependido, casi siempre, del apoyo explícito –votando sí– o implícito –absteniéndose– de las minorías nacionalistas. En ese sentido nada ha cambiado; el cambio, ahora, está en las prendas y prebendas que el gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a entregar. Y no es que las anteriores, PP o PSOE mediante, no hayan sido vergonzantes.

La conclusión más importante es que la inestabilidad y debilidad de los gobiernos españoles es consustancial al sistema electoral del que nos dotamos en el 78 y en la LOREG. Es decir: que o cambiamos el sistema, o esto no hay dios que lo remedie.

No digo que no haya otros factores coadyuvantes como pueden ser la falta de una tradición de pactos como la que existe en otros países europeos, la falta de fidelidad constitucional, la indefinición jerárquica de las instituciones estatales y autonómicas, la debilidad de la separación de poderes, etc.; y, sobre todo, el chalaneo eterno con los nacionalistas, que en numerosas ocasiones he definido como “complejo de culpa impropia”. Que siempre dije que tenía la izquierda, pero que también afecta a la derecha. Son los gajes de no haber superado todavía el franquismo, que atenaza las neuronas de nuestros líderes de uno u otro signo.

En España los ciudadanos no elegimos el gobierno.

Cuando nos llaman a votar es para elegir las cámaras legislativas: Congreso de los Diputados y Senado. Y en ningún lugar de la ley dice que el primero de la lista por Madrid de cualquier candidatura al Congreso haya de ser el candidato a Presidente de Gobierno. No. Al gobierno lo elige el Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta en primera vuelta y por mayoría simple en segunda. Además, con la distorsión de la voluntad popular que produce el sistema electoral, puede pasar –como en esta ocasión– que haya más votantes en contra que a favor del nuevo gobierno (no me cuenten las abstenciones como positivas, por favor). Y si a esto añadimos que el PSOE  tan solo consiguió frenar la sangría de votos a base de realizar una campaña prioritariamente enfocada contra el independentismo, podemos afirmar que éste no ha sido el pacto de gobierno que querían los españoles.

Cambiar el sistema electoral para eliminar la deformación de la voluntad popular, garantizando la igualdad del valor del voto de todos con independencia de dónde o a quién voten, y garantizar gobiernos estables que representen la voluntad popular, es la única opción para acabar con este día de la marmota interminable.

Es evidente que si se hubiera realizado una reforma electoral como la que hace tiempo propongo, ahora estaríamos a punto de elegir, votando todos lo españoles, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Y lo más probable, o no, es que fuera elegido el Sr. Sánchez. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues que no habría tenido que acordar nada con PNV, ni con ERC, ni con Bildu. Posiblemente habría negociado con Podemos para conseguir su apoyo electoral, sí. Pero el chantaje de las minorías nacionalistas se habría acabado.

Es cierto que podría haber sido elegido con el sistema actual (en mi propuesta no lo descarto, lo acoto en el tiempo), pero la capacidad de negociación de esas minorías sería prácticamente nula. En todo caso podría eliminarse la segunda votación por mayoría simple en mi propuesta.

Cambiar la Constitución. Un reto.

España necesita afrontar una reforma constitucional que consolide los derechos sociales, tan solo enumerados en la Constitución actual, y sobre todo que refuerce su integridad territorial definiendo claramente las competencias de las autonomías, recuperando algunas para la administración central, estableciendo una clara jerarquía institucional y, por supuesto, estableciendo un sistema electoral en circunscripción única que a la vez garantice un gobierno estable y fuerte.

El problema para llevar a cabo esa reforma es el cainismo instalado entre los dos grandes partidos. Hoy para ellos es muy cómodo beneficiarse del sistema electoral actual.

Es preciso pues que superen sus propios intereses, tengan altura de miras y planteen unos puntos de acuerdo mínimos para esa reforma constitucional.

¿Será pedirles mucho?

 

1 Comentario

  1. Excelente artículo. Estoy totalmente de acuerdo con el autor, sin una reforma constitucional que de respuesta a necesidades actuales y haga realidad los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante políticas sociales que favorezcan a los más débiles del sistema.

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