LA DESCONEXION DEMOCRATICA

 

 

«Una de las  características esenciales de la criminalidad organizada es la existencia de unos objetivos comunes. El fin u objetivo último, suele ser la obtención de lucro ilícito, para cuya consecución se valen de otros fines mediatos como puede ser la protección de sus miembros, las alianzas con otros grupos o la consecución de grados de poder » (María Luzón Cánovas)

El caso Kitchen es corrupción en grado superlativo y enmarcado en luces de neón con fondo azul. Un golpe de estado a la ciudadanía, una vulneración del estado de derecho, una infección sistémica del sistema democrático, que no de la Democracia.

Sus investigados han ocupado cargos de responsabilidad en las más altas instituciones del Estado o bien han pertenecido a organizaciones que sustentaban algunas de estas instituciones, ocupando altas responsabilidades, cómo tesoreros o consejeros de un tal “Don M.” tal cómo aparece en documentos comprometedores para su integridad jurídica y que parece pudiera estar en el vértice de esta organización. Unas instituciones públicas puestas al servicio de una organización política cuya trama ha infectado el sistema circulatorio de la Administración del Estado.

Los fondos reservados son el combustible del que se han nutrido las cloacas del estado, con su dinero y el mio, con el dinero de todos, que debería ir destinado a pensiones, educación, sanidad o dependencia. Un talonario con cheques en blanco, otro más, para que funcione ese clan casi familiar, “se fuerte Luis” Esa omertad, esa ley del silencio impuesta por el propio Estado para tapar operaciones encubiertas destinadas a “salvaguardar los principios de la democracia” ha estallado por las declaraciones de un “arrepentido” interesado en poner al descubierto está trama a cambio de impunidad. El ex comisario Villarejo ha detonado la estructura de esta familia y las ondas sísmicas de esta explosión han llegado a erosionar gravemente los pilares del Estado, poniendo al descubierto la existencia de una policía política, una policía patriótica al servicio del PP.

Estas actuaciones, que no tienen adscripción ideológica per se, tienen sin embargo un padrinazgo intelectual ligado a una estructura política que propicia la impunidad para delinquir legalmente, amparada por una legislación, legislación que arranca de la Proposición no de Ley de 21 de julio de 1994 y cuya orden fue firmada el 12 de septiembre de 1995. Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes y de la que por tanto son coparticipes los partidos políticos que han gobernado este pais y aquellos que los han sostenido. Existe una Comision  de Control de los créditos destinados a gastos reservados dónde tienen representación los partidos del arco parlamentario y cuyo Presidente es el Pte. del Congreso.

¿Cómo puede un gobierno ser tan laxo en el control de unos fondos públicos?

Sirva este apunte aparecido en el sumario de la operacion Kitchen “El sumario de la Operación Kitchen, cuyo secreto se ha levantado ahora, apunta a que los 250.000 euros que gasta mensualmente la Policía Nacional de los fondos reservados son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo”. Según pública Diario.es.

En 2019 la previsión global de las partidas dedicadas a gastos reservados es de 27,86 millones de euros. El 71 por ciento de estos fondos se asignan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En concreto, este servicio dispondrá de un total de 19,8 millones de euros. Al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación le corresponden 186.310 euros. El Ministerio de Defensa dispone de otra partida para gastos reservados en manos de la Secretaría de Estado, que se cifran en 500.000 euros. Al Ministerio del Interior le corresponde una cuantía anual de 7.374.610 euros.

Cuando se habla de Brigada Política me retrotraigo con horror a la brigada política social, que fue la policía secreta que existió en España durante la dictadura de Franco, encargada de perseguir y reprimir a todos los movimientos de la oposición al franquismo. En este caso la brigada política, adscrita a la Drección Adjunta Operativa (DAO) al igual que la Unidad de Asuntos Internos, que actuó entre 2012 y 2016 en diferentes casos, casi siempre para perjudicar a los rivales políticos del partido en el poder y, en el caso del espionaje al extesorero, con el objeto de arruinar la investigación sobre su caja B y al frente de la cual estaba Eugenio Pino, el comisario que el Partido Popular eligió para el cargo, imputado por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, según se desprende del sumario del caso Kitchen.

Está actividad ilícita es perturbadora para la salud democrática de un pais y distorsiona la relación que debe existir con otras realidades sociales, económicas o políticas. Un Estado no puede permitir gobiernos dirigidos por este tipo de “familias”. Pero no solo me refiero ya a los casos más mediáticos o a los investigado solo a niveles de gobierno central o de la cúpula nacional no, el PP  se ha visto inmersa en 268 procesos por corrupción, con un coste total estimado de 124.124.090.826 €. Según se desprende de la lectura de lo publicado en Casosaislados.com, cuyo enlace dejo a continuación.

https://www.casos-aislados.com/Caso-popartido.php?Partido=PP

Es complicado digerir intelectual, moralmente la corrupción, pero más complicado es aún entender la facilidad con la que los ciudadanos amortizan estos hábitos y continúan votando a un partido político condenado por corrupción por la Audiencia Nacional. Es cómo sí esa ciudadania se hubiese desconectado de la democracia.

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