ESPAÑA, LAS VIEJAS DEUDAS DEL ODIO

España arrastra todavía algunas deudas que ningún tribunal puede saldar y ninguna ley puede declarar definitivamente prescritas. Son las deudas de la memoria, del dolor y del rencor. Casi un siglo después del comienzo de la Guerra Civil de 1936, aquel enfrentamiento continúa apareciendo, una y otra vez, en nuestro debate público, como si las generaciones actuales hubieran heredado no solamente la obligación de conocer lo ocurrido, sino también la de tomar partido en una guerra que no vivieron. Y quizá sea precisamente ahí donde comienza nuestro problema: una cosa es recordar la historia y otra muy distinta vivir prisioneros de ella.

La Guerra Civil fue una tragedia colectiva. España se rompió en dos y aquella fractura dejó muertos, perseguidos, encarcelados, exiliados y familias destrozadas. Hubo violencia y atrocidades en las dos zonas enfrentadas, aunque conocer esa realidad no exige establecer una equivalencia automática entre todos los hechos, sus dimensiones o sus responsabilidades. La historia debe estudiarlos con rigor, atendiendo a sus circunstancias, autores y víctimas. Después llegó una dictadura encabezada por Francisco Franco Bahamonde que se prolongó hasta su muerte, en 1975, y durante la cual existieron represión política, encarcelamientos, ejecuciones, depuraciones y exilio. Esa parte de nuestra historia tampoco puede ocultarse, minimizarse ni justificarse. Hubo personas que pagaron con su libertad, con su patrimonio, con el destierro e incluso con su vida sus ideas, sus lealtades o, en ocasiones, simplemente el lugar en el que les había tocado encontrarse.

Todo ello debe conocerse. Debe investigarse. Debe enseñarse. Debemos saber dónde están quienes fueron enterrados sin que sus familias pudieran recuperar sus restos y debemos comprender el sufrimiento de quienes tuvieron que abandonar España. Una democracia madura no necesita esconder sus cementerios ni silenciar a sus víctimas. Pero precisamente por respeto a ellas, la memoria no debería convertirse en una herramienta para fabricar nuevos enemigos varias generaciones después.

Porque existe una diferencia fundamental entre recordar para comprender y recordar para odiar.

La memoria histórica tiene sentido cuando nos ayuda a reconstruir los hechos, reconocer a las víctimas, comprender las causas que condujeron al desastre y aprender de sus consecuencias. Pierde buena parte de esa función cuando el pasado se selecciona, simplifica o utiliza para dividir nuevamente a la sociedad entre buenos y malos, vencedores y vencidos, rojos y azules, como si los españoles del siglo XXI tuviéramos que continuar representando los papeles que otros desempeñaron en 1936.

No heredamos la culpa de nuestros abuelos. Tampoco heredamos sus enemigos.

Podemos y debemos heredar su historia. Conocerla, estudiarla y discutirla. Incluso apasionadamente. Pero convertir aquella tragedia en una deuda política transmitida de generación en generación supone condenarnos a una reconciliación imposible. Siempre aparecerá una nueva cuenta pendiente, otra víctima que contabilizar, otro agravio que enfrentar al agravio contrario. Y así, mientras discutimos quién debe responder moralmente por los muertos de hace noventa años, corremos el riesgo de olvidar qué sociedad queremos dejar a quienes vivirán dentro de otros noventa.

Los partidos políticos tienen una responsabilidad especialmente importante. La memoria de las víctimas no debería convertirse en patrimonio electoral de nadie. Cuando cualquier formación selecciona el pasado para reforzar la identidad de los suyos frente a los otros, deja de utilizar la historia para comprender y comienza a utilizarla para movilizar emociones. Y pocas emociones movilizan tanto como el resentimiento. Es sencillo construir un adversario político; mucho más peligroso es transformarlo en heredero moral de un enemigo histórico.

Así nace la polarización. Dejamos de discutir sobre lo que alguien propone para comenzar a juzgar lo que supuestamente representa. Ya no encontramos ciudadanos conservadores, socialistas, liberales, comunistas o personas que sencillamente no desean identificarse con ninguna ideología. Encontramos etiquetas. Rojos y azules. Fascistas y comunistas. Herederos de unos y herederos de otros. Y cuando una sociedad empieza a sustituir personas por etiquetas, el diálogo se vuelve progresivamente más difícil porque ya no necesitamos escuchar al contrario: creemos conocerlo antes de que abra la boca.

España no puede permitirse vivir de esa manera.

Pasar página no significa arrancarla del libro. Quizá esta sea la diferencia esencial. La página de la Guerra Civil y de la dictadura debe permanecer en nuestra historia. Debemos leerla cuantas veces sea necesario, investigar lo que todavía desconocemos, recuperar a quienes permanecen olvidados y permitir que cada familia pueda recordar a sus muertos. Pero, después de leerla, tenemos que ser capaces de pasar a la siguiente página. De lo contrario, el libro de nuestra historia terminará abierto eternamente por el mismo capítulo.

La democracia debería servir precisamente para eso: para demostrar que podemos convivir sin exigir al otro que piense como nosotros. España es suficientemente grande —en el sentido más profundo de la palabra— para que en ella quepan personas con ideas radicalmente diferentes. La convivencia no exige unanimidad. Exige algo mucho más difícil: aceptar que quien piensa de manera distinta tiene exactamente el mismo derecho que nosotros a participar en la construcción del país.

Un país no es mejor porque todos sus ciudadanos piensen igual. Es mejor cuando quienes piensan diferente pueden vivir juntos, discutir, votar, discrepar y volver al día siguiente a compartir las mismas calles sin considerarse enemigos.

Tal vez haya llegado el momento de exigir a nuestros representantes que dejen de administrar las heridas del pasado como instrumentos del presente. Que investiguen la historia, que reconozcan a las víctimas y que permitan a los historiadores discutirla con libertad, documentación y rigor. Pero también que renuncien a utilizar los muertos como munición electoral y el sufrimiento heredado como frontera entre españoles.

No necesitamos olvidar 1936. Precisamente necesitamos recordarlo suficientemente bien como para comprender adónde conduce una sociedad cuando deja de reconocer al adversario como ciudadano y comienza a considerarlo enemigo.

Quizá esa debería ser la verdadera memoria: recordar para no repetir, conocer para comprender y honrar a quienes sufrieron construyendo una sociedad en la que nadie vuelva a sufrir por pensar diferente. Porque el mejor homenaje a los muertos no consiste en mantener vivos sus odios, sino en conseguir que aquellos odios mueran con nosotros.

Y quizá haya llegado también el momento de que reaccionemos como sociedad. De reivindicar una libertad auténtica, una libertad sin ira, que no necesite del odio para afirmarse ni del enemigo para reconocerse. Ser libres debería significar poder mirar hacia atrás sin rencor, mirar al otro sin miedo y, sobre todo, mirar hacia delante juntos.

España tiene demasiada historia para vivir encarcelada en una sola de sus páginas. Y demasiado futuro como para permitir que quienes pretenden dividirla vuelvan a escribirlo con el rencor del pasado.

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