EL SILENCIO CÓMPLICE DE LOS PROFESIONALES ANTE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LAS VACUNAS COVID: UNA DENUNCIA NECESARIA

Es preciso comenzar con una advertencia que no debería ser necesaria: denunciar la negligencia institucionalizada en torno a los efectos adversos de las vacunas COVID-19 no equivale a negar su utilidad ni su papel en el manejo de la pandemia, sin perjuicio de que esto último, aunque harina de otro costal, también sea perfectamente cuestionable. La distinción entre crítica razonada y negacionismo es clara para cualquier espíritu intelectualmente honesto. Sin embargo, vivimos en una época en la que todo matiz es sospechoso, y todo cuestionamiento, un anatema. En este contexto de uniformidad ideológica, conviene alzar la voz con firmeza para denunciar un fenómeno que resulta tan clínicamente grave como moralmente repulsivo: la indiferencia sistemática —y a menudo deliberada— de los profesionales responsables frente a quienes han sufrido y siguen sufriendo secuelas por haber confiado en lo que se les vendió como un acto de responsabilidad colectiva.

Muchos médicos han dejado de ser clínicos para convertirse en repetidores de consignas. La escucha activa al paciente, base fundacional del ejercicio médico, ha sido sustituida por una lógica protocolaria, inflexible y profundamente deshumanizadora. A quienes presentan síntomas posteriores a la vacunación —dolores articulares persistentes, trastornos cardíacos, alteraciones neurológicas o inmunológicas— se les recibe, no con un ánimo investigativo, sino con un gesto de escepticismo automático.

La praxis ha sido suplantada por la defensa ideológica. Frente al testimonio del paciente, se impone la fe ciega en que “la vacuna es segura”, como si esa afirmación no debiera jamás someterse a revisión. Se ha olvidado que la ciencia no es un monumento pétreo, sino una herramienta que se afina en el error, en la anomalía, en la excepción. Convertirla en dogma es el primer paso hacia su esterilidad.

Los epidemiólogos y farmacólogos que durante la pandemia gozaron de protagonismo mediático tampoco están exentos de responsabilidad. Algunos incluso han osado afirmar que los efectos secundarios “eran esperables” y “estadísticamente irrelevantes”, como si eso excusara el abandono sistemático de quienes los padecen. La estadística, en manos de quienes se han distanciado por completo de la realidad humana, sirve para ocultar bajo promedios y porcentajes lo que en el plano ético resulta intolerable: que incluso una sola vida afectada, si es desatendida, representa un fracaso del sistema de salud.

No deja de ser paradójico que, en nombre de la protección colectiva, se esté marginando a aquellos individuos que hicieron precisamente lo que se les pidió: confiar en el discurso oficial, actuar con “solidaridad”, vacunarse por el bien común. ¿Y cuál ha sido su recompensa? El olvido. O peor aún, el descrédito.

Una mención especial merece el periodismo sanitario. Su papel en esta cadena de ocultamientos ha sido esencial, no tanto por lo que dijo, sino por lo que eligió no decir. Mientras se reproducían informes triunfales y se aplaudía la “hazaña científica” de las vacunas, se ignoraban —conscientemente— los testimonios de miles de personas que empezaban a compartir en redes sus calvarios personales. La prensa, que debería fiscalizar al poder, se subordinó a él con fervor casi religioso. Su autocensura fue tan eficaz que aún hoy cuesta encontrar en los medios convencionales una cobertura rigurosa y empática sobre los efectos adversos. Se les considera anecdóticos, exagerados o simplemente irrelevantes.

Los comités técnicos, las agencias reguladoras, los colegios médicos y las universidades han adoptado una postura defensiva que bordea la cobardía. Lejos de fomentar un entorno de investigación abierta, han optado por blindar la narrativa oficial a toda costa. Las voces disidentes —que no piden otra cosa que más estudio, más transparencia y más prudencia— son ridiculizadas, sancionadas o expulsadas del debate. ¿Cómo se explica, si no, la ausencia de estudios longitudinales sólidos sobre los efectos a medio y largo plazo? ¿Cómo se justifica el desinterés institucional ante un fenómeno que miles de pacientes están describiendo con precisión, con informes médicos en la mano y con síntomas persistentes?

Lo más atroz de esta omertà sanitaria no es sólo la desatención médica. Es el descrédito que recae sobre las víctimas. No basta con que muchos no hayan recibido tratamiento adecuado; encima deben cargar con el estigma de ser tratados como paranoicos o “anti-vacunas” simplemente por señalar una relación causal entre su deterioro de salud y la inyección recibida semanas o días antes. Esta dinámica de culpabilización de la víctima es ética y científicamente inaceptable. Es el síntoma de un sistema que ha perdido el pulso de la realidad.

El mayor enemigo de la salud pública no es el que cuestiona, sino el que prohíbe el cuestionamiento. La confianza no se impone, se gana. Y se gana, entre otras cosas, con humildad científica, con disposición a investigar lo incómodo, con valentía para revisar lo establecido. La negativa rotunda a contemplar siquiera la posibilidad de que las vacunas COVID hayan producido daños en algunos pacientes constituye una traición a los principios mismos de la medicina, del periodismo y de la ciencia.

Asombra, por su ironía brutal, que justamente quienes se autoproclaman «seguidores de la ciencia» hayan clausurado toda posibilidad de disenso razonado. ¿Dónde están los clínicos cuando un paciente denuncia una miocarditis postvacunal? ¿Dónde, los internistas cuando una mujer joven arrastra fatiga incapacitante semanas después de su tercera dosis? ¿Dónde, los periodistas cuando una historia humana contradice el relato oficial? La respuesta es sencilla y desoladora: están en la zona de confort del dogma, en la comodidad del consenso institucional, donde cuestionar la seguridad de las vacunas es considerado herejía, y no hipótesis legítima.

De lo que se trata todo esto es de exigir responsabilidad, coraje intelectual y, sobre todo, compasión médica. Callar, negar o despreciar el sufrimiento real en aras de proteger un relato hegemónico es, en el mejor de los casos, negligencia profesional. En el peor, una traición moral.

Lo que se exige, sencillamente, es que se honre la complejidad. Que se escuche al que sufre. Que se investigue sin prejuicios. Que se actúe con ética. Y, sobre todo, que se abandone de una vez por todas esa pulsión ciega de convertir en verdad absoluta lo que aún merece ser interrogado. En definitiva, se trata, simplemente, de señalar con la dignidad que merece el dolor de muchos, que hay víctimas reales, con diagnósticos, síntomas persistentes y vidas truncadas, que no están siendo escuchadas, atendidas ni, mucho menos, reparadas.

La medicina, que alguna vez se jactó de ser ciencia empírica, ha devenido en religión de manual. Y sus nuevos sacerdotes, más que sanar, blindan narrativas. Mientras tanto, quienes han sufrido efectos adversos —neuropatías, trastornos inmunológicos, coagulopatías, afecciones cardíacas— son lanzados al abismo de la invisibilidad, convertidos en cifras menores o, peor aún, sospechosos de histeria o invención.