El ascenso de Vox en comunidades como Extremadura y Aragón no puede entenderse únicamente como un fenómeno aislado ni como una simple oscilación electoral. Responde a un contexto político más amplio, marcado por el desgaste del Partido Socialista, el malestar acumulado en parte del electorado y una creciente polarización del discurso público. En estos territorios, tradicionalmente inclinados hacia el bipartidismo y con un peso histórico del PSOE, el avance de la formación de Santiago Abascal ha reflejado un cambio de clima político que combina factores nacionales y autonómicos.
Uno de los elementos centrales de este desplazamiento electoral es el desgaste que ha sufrido el PSOE tras varios años al frente del Gobierno. La legislatura se ha caracterizado por una fuerte dependencia parlamentaria de partidos minoritarios, especialmente formaciones de la izquierda alternativa y fuerzas nacionalistas, lo que ha alimentado la percepción de que muchas decisiones del Ejecutivo responden más a equilibrios de supervivencia política que a una estrategia coherente de país. Esta sensación se ha visto reforzada por la falta de aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado tras las últimas elecciones generales, un hecho que ha sido interpretado por la oposición y por parte de la opinión pública como un síntoma de debilidad institucional y de bloqueo político.
En comunidades como Extremadura y Aragón, donde el votante socialista tradicional se caracteriza por un perfil moderado y pragmático, los pactos con la izquierda alternativa y con partidos independentistas catalanes han generado incomodidad. Aunque el PSOE ha defendido estas alianzas como necesarias para garantizar la estabilidad y evitar gobiernos de derecha, parte de su electorado ha percibido estas decisiones como alejadas de las prioridades de sus territorios. Vox ha sabido capitalizar este malestar, presentándose como una alternativa que promete romper con lo que describe como concesiones constantes del Ejecutivo central.
El debate sobre la política migratoria ha sido otro de los ejes que ha favorecido el crecimiento de la formación de Abascal. La propuesta de regularizaciones masivas pactada entre el PSOE y sus socios de izquierda ha sido utilizada por Vox como ejemplo de una política desconectada de las preocupaciones cotidianas de amplios sectores sociales. Mientras el Gobierno ha defendido estas medidas desde una perspectiva humanitaria y de integración, la oposición ha logrado trasladar la idea de que se trata de decisiones improvisadas o de difícil encaje en territorios con problemas estructurales de empleo, servicios públicos tensionados y despoblación. En regiones como Extremadura o zonas rurales de Aragón, donde las oportunidades económicas son limitadas y la población envejece, estos mensajes han encontrado una audiencia receptiva.
A este malestar se suma la percepción de deterioro en las infraestructuras, especialmente las ferroviarias. Incidentes como el accidente de Adamuz y los problemas recurrentes en distintos servicios de cercanías han alimentado una sensación de abandono en la gestión del transporte público. Las averías, retrasos y episodios de inseguridad han contribuido a un descenso del uso del tren en determinadas líneas, no tanto por un cambio de hábitos voluntario, sino por la pérdida de confianza de los usuarios en la fiabilidad del servicio. Este deterioro ha sido utilizado políticamente para reforzar la narrativa de una gestión deficiente por parte del Ejecutivo, y Vox ha encontrado en ello un argumento más para sostener su discurso de crítica frontal al Gobierno central.
El enfrentamiento discursivo también ha jugado un papel relevante. El PSOE ha advertido de manera reiterada sobre el peligro del avance de la “ultraderecha”, apelando al voto útil para frenar a Vox. Sin embargo, esta estrategia ha generado fatiga en parte del electorado, que percibe el recurso constante al miedo como una herramienta electoral más que como un diagnóstico político. Esta percepción se acentúa cuando el propio Gobierno incluye en el Consejo de Ministros a fuerzas de la izquierda alternativa, con Yolanda Díaz como vicepresidenta, lo que ha permitido a la derecha argumentar que existe una contradicción en el discurso socialista.
Este clima de polarización se ha visto reflejado también en el debate legislativo. Un ejemplo ha sido la denominada “ley ómnibus”, rechazada en el Congreso, que pretendía agrupar múltiples reformas en un solo texto. Sus detractores argumentaron que esta fórmula dificultaba el control parlamentario y el debate detallado de cada medida, mientras el Gobierno defendía la iniciativa como una herramienta para agilizar reformas necesarias. Más allá del contenido concreto de la ley, el episodio reforzó la sensación de inestabilidad política y de enfrentamiento constante entre bloques.
Sin embargo, el factor que más ha contribuido a erosionar la credibilidad del PSOE ha sido la sucesión de casos de presunta corrupción que han afectado a figuras relevantes de su entorno político. No se trata de un fenómeno exclusivo del socialismo español —la historia reciente demuestra que la corrupción ha golpeado también con fuerza al Partido Popular—, pero en esta ocasión las investigaciones han rozado de forma más directa el círculo político del presidente del Gobierno.
El caso que involucra al exministro José Luis Ábalos, así como las pesquisas sobre su exasesor Koldo García, ha supuesto uno de los golpes más duros para el PSOE en esta legislatura. Ábalos no era un dirigente secundario: fue ministro de Transportes y, sobre todo, secretario de Organización del partido, es decir, uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez. Que una trama de supuestas comisiones y contratos irregulares haya surgido en su entorno ha alimentado la percepción de que el problema no se limita a figuras aisladas, sino que afecta al corazón mismo del aparato socialista.
En ese mismo contexto han aparecido informaciones sobre el empresario Juan Víctor de Aldama y supuestas redes de influencia en adjudicaciones públicas durante la pandemia. Aunque los procedimientos judiciales siguen en curso, la acumulación de investigaciones, declaraciones y filtraciones ha generado una sensación de escándalo permanente que erosiona la autoridad moral del Gobierno.
Asimismo, el nombre de Santos Cerdán, actual dirigente socialista y figura clave en la dirección del partido, ha aparecido en informaciones relacionadas con gestiones políticas y contactos con personas investigadas. Sin condenas judiciales hasta la fecha, el coste político, sin embargo, ya es evidente: la sensación de que el núcleo de poder del PSOE se encuentra bajo sospecha ha calado en parte de la opinión pública.
A este escenario se ha sumado la controversia en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tras la apertura de diligencias judiciales para investigar posibles irregularidades vinculadas a su actividad profesional. Aunque el Ejecutivo ha denunciado una campaña de persecución política y mediática, el hecho de que la investigación afecte al entorno más cercano del presidente ha multiplicado el impacto político del caso. Eso sin contar la financiación de las primarias del presidente con dinero sucio procedente de su suegro, Sabiniano Gómez, de la explotación de lupanares y trata de mujeres, camuflados como saunas, así como de la manipulación de votos por la conocida como la «fontanera» del PSOE, Leire Díez. Todo un rosario de conductas punitivas, o al menos, que demuestran la poca catadura moral de quien dirige este país y de quienes sostienen el partido, al que le sobra las siglas de Socialista, Obrero y Español, caza vez más alejado de su concepción política inicial y de su sentido de Estado.
La diferencia con otras etapas de corrupción en España es precisamente esa proximidad al núcleo del poder. Si en el pasado los escándalos afectaban a estructuras territoriales o a gobiernos autonómicos, ahora las investigaciones salpican directamente a quienes han sido o son piezas clave del proyecto político de Pedro Sánchez, e incluso a su entorno personal. Esa circunstancia ha llevado a la oposición y a parte de la opinión pública a plantear una cuestión de responsabilidad política más allá de las responsabilidades penales que puedan determinar los tribunales.
En ese contexto, crece la idea de que la continuidad del presidente en el cargo resulta cada vez más difícil de sostener políticamente. Aunque el PSOE defiende la presunción de inocencia y denuncia una ofensiva judicial y mediática, el deterioro de la confianza pública es innegable. En democracias consolidadas, la asunción de responsabilidades políticas suele anticiparse a las resoluciones judiciales cuando los escándalos afectan de manera directa al entorno del jefe del Ejecutivo. Por ello, cada vez son más las voces que sostienen que Pedro Sánchez debería plantearse su dimisión para preservar la credibilidad de las instituciones y permitir una nueva etapa política.
En conjunto, la sucesión de estos episodios ha contribuido a instalar la idea de que el PSOE atraviesa una etapa de desgaste y pérdida de credibilidad. Este contexto ha sido aprovechado por Vox para presentarse como una alternativa que promete romper con las prácticas del sistema político tradicional. En comunidades como Extremadura y Aragón, donde el voto socialista había sido históricamente sólido, el crecimiento de la formación de Abascal refleja tanto el descontento con el Gobierno central como un cambio generacional y sociológico en el electorado.
No obstante, el avance de Vox también responde a factores estructurales que van más allá del desgaste del PSOE. La fragmentación del sistema de partidos, la polarización ideológica, el impacto de las redes sociales en la difusión de mensajes políticos y el desencanto con las instituciones han creado un terreno fértil para formaciones que apelan a discursos de ruptura. En este sentido, el crecimiento de la extrema derecha no puede entenderse solo como un voto de castigo, sino también como la expresión de una nueva identidad política en determinados sectores de la población.
En definitiva, el ascenso de Vox en Extremadura y Aragón es el resultado de una combinación de factores: desgaste del PSOE, alianzas parlamentarias controvertidas, bloqueo institucional, problemas en infraestructuras, debates migratorios y casos de presunta corrupción que han afectado a figuras relevantes del entorno socialista. Todo ello ha configurado un clima político en el que una parte del electorado ha optado por opciones que prometen un cambio radical. El resultado es un mapa político más fragmentado y polarizado, en el que el bipartidismo tradicional pierde terreno y nuevas fuerzas consolidan su espacio a costa del descontento acumulado.
Pero, lo peor de todo, es que volvemos a estar en manos de las minorias radicalizadas de izquierdas y de derechas que, al final son más de los mismo, pues los extremos tienden a darse la mano, sobre todo en su marcada política populista e idológica trasnochada y de confrontación.
Pero si esto es lo que quieren los españoles, punto en boca. Pero luego no nos quejemos.
