Si Rajoy y nadie de su gobierno resultan interlocutores válidos para solucionar el contencioso catalán, tampoco lo es el huido Puigdemont, por mucho que se le llene la boca de que con las elecciones celebradas el pasado 21 de diciembre, ha quedado despejado la posible ilegitimidad de su declaración unilateral de independencia anterior a estos comicios y que supuso la aplicación por parte del gobierno del Estado del artículo 155 de la Constitución y su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntos delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos. Este último está castigado con penas de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Y, es que, la lectura que hace Puigdemont de dichas elecciones, como de casi todo, está totalmente distorsionada, no de forma involuntaria, sino que se trata de una estrategia bien organizada por la izquierda independentista con el fin no sólo de desacreditar al Estado Español, sino también, para dar salida de manera forzada y sin ningún tipo de sustento, no tanto legal, que también, al sainete que tienen montado, y que, no sólo la Unión Europea no se traga, sino que allí donde va en su periplo europeo ningún gobierno ha querido hacerse la foto tan buscada por él, nada más de los que son como él.
Al afirmar que su actuación queda legitimada por las urnas, basándose en el voto fraccionado de los independentistas, aparte de no ser suficiente, con tan poco margen sobre los constitucionalistas (sólo cinco escaños) como para alcanzar dicha legitimidad la declaración unilateral de independencia; es también querer no darse por enterado que la fuerza política más votada ha sido la liderada por Inés Arrimada, lo cual no deja de ser una victoria simbólica al ser la primera vez que se ha votado mayoritariamente en esta Comunidad Autónoma un partido constitucionalista.
Tampoco es de recibo que este señor, prácticamente autoproclamado Cesar de los catalanes se dedique a poner a todo un Estado democrático de vuelta perejil, pues aunque muchos confunden democracia con el hecho de hacer lo que a cada uno le dé la realísima gana; se quiera o no, por encima de cualquier actuación política amparada en la soberanía popular está la supremacía de la propia Constitución, lo que la convierte en Norma imprescindible para una convivencia pacífica, sino que, además, el resto del ordenamiento jurídico que de ella emana, convierten al país en un estado social, democrático y de derecho, lo que hace que el imperio de la Ley, se superponga a cualquier deseo, ya sea democrático o no.
A estas alturas, salvo algunos iluminados constitucionalistas, nadie discute la legitimidad del deseo de la mitad de los catalanes de ser independientes, pero lo que, sin lugar a dudas no puede admitirse como válido y, por lo tanto legítimo, es que este deseo se haga bajo los auspicios de quienes quieren imponer su voluntad por la fuerza, sino física, que también en algunos casos, sí por su carácter inconstitucional, simplemente por el hecho de que la Constitución española no contempla este tipo de deseos o pretensiones, lo que forzosamente la convierten en una actuación secesionista no amparada por el Derecho Internacional y, dentro de éste, por la propia Declaración Universal de los derechos humanos.
Aunque ya se ha mencionado en otras ocasiones, sin embargo, no sobra el reiterar que la declaración de Nueva York (1966) –que arranca: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”–, sin embargo, la Corte de La Haya en numerosas sentencias interpreta la resolución 2625 (párrafo 80) donde se recoge este derecho, de la siguiente manera: “Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que […] estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”, lo que se conoce con el nombre de secesionismo.
Estando así las cosas la solución necesariamente debe pasar por un acuerdo de Estado, en el que todos los partidos se impliquen en una solución que, en la medida de lo posible satisfaga a todos, pero para ello es necesario que los diferentes líderes políticos estén a la altura de las circunstancias, actuando como estadistas, con amplitud de miras, y no buscando solamente satisfacer los interés de sus partidos, posponiendo, en el caso de los constitucionalistas, un problema que por si solo no se va a solucionar. Es obvio que Puigdemont tampoco lo está, y que su estrategia de desacreditar a España es equiparable a la de Rajoy, con su política de imposición y de corrupción, pero hay que dejar claro que una cosa es Rajoy y su partido corrupto y otra es España.
“En cuanto a la vuelta de aquel a su querida Cataluña, no puede depender de un chantaje continuo basado en una mentira ad hoc, que sólo puede convencer a los necios quienes a base de repetirla pretenden convertirla en verdad, aunque tal vez el adjetivo no debe ser éste, sino el mismo que el de los seguidores de Rajoy, patriotas de imposición.”
En cuanto a la vuelta de aquel a su querida Cataluña, no puede depender de un chantaje continuo basado en una mentira ad hoc, que sólo puede convencer a los necios quienes a base de repetirla pretenden convertirla en verdad, aunque tal vez el adjetivo no debe ser éste, sino el mismo que el de los seguidores de Rajoy, patriotas de imposición totalitarios.
Pero, no hay peor ciego que el no quiere ver, y peor demócrata que aquel que trata dar lecciones de libertad a otros cuando ellos ejercen la suya atacando a quien no piensa igual; tal vez porque su falta de argumentos, la mentira y la violencia es su única salida.