DE ESPIAS Y ESPIADOS

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Nos encontramos inmersos en un debate a cuenta del robo de datos o hackeos de teléfonos móviles de algunos de nuestros políticos sustrayendo su contenido mediante el software espía de origen israelí denominado Pegasus, que ha marcado la geopolítica en los últimos años. Debate que nos ha posicionado a algunos, en un primer momento, en cuanto a su justificación, debido a que los espiados inicialmente fueron los promotores y sus adláteres en el proceso soberanista de Cataluña, considerándolo un intento de golpe de estado contra la unidad del Estado y su soberanía, hasta que en los últimos días hemos sabido que también han sido ha hackeados el propio Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su Ministra del Defensa y quizá otros miembros del gobierno; que casualidad.

De lo que algunos, dentro y fuera del ámbito político, consideraron como una espionaje del propio gobierno de Pedro Sánchez , fundamentalmente sus opositores, votantes y simpatizantes del Partido Popular, incluso de sus radicales socios de gobierno, se ha pasado a ser algunos miembros del  gobierno de la nación la víctimas de tan deleznable práctica en contra de los derechos fundamentales que nuestro texto constitucional consagra, tal y como se señala en su preámbulo, con el deseo de establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos integran la Nación española, en uso de su soberanía; consagrando dentro de los Derechos Fundamentales, concretamente en el artículo 17.1 el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad, cuyo garante además de la propia constitución y su desarrollo legislativo, son las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, conforme a su artículo 104.1, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

Por consiguiente,  considerando la citada y presunta mezcolanza de víctimas y verdugos de la práctica del espionaje por tan potente aplicación informática, se me viene a la cabeza la actuación de conocidas agencias de Estados extranjeros con una amplia y consolidada democracia, como la CIA en EEUU o le M16 o SIS o Servicio de Inteligencia Secreto del Reino Unido, por ser los más conocidos dentro de la amplia literatura y cinematografía que, con el fin de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y del propio Estado al que pertenecen, constituye una práctica habitual del espionaje dentro y fuera de sus fronteras, sin ser mal visto por sus ciudadanos, lo que me lleva plantear el debate basado en la colisión de intereses jurídicos, como los  que tienen su causa en motivos de seguridad nacional, sobre su autoría y los medios utilizados, así como el alcance de sus investigaciones.

Se suele decir que en el centro está la virtud,  por tanto, cuando se trata de un conflicto entre derechos fundamentales la solución debería pasar por cuál es el interés jurídico predominante y, por supuesto, todo ello dentro de la coctelera del estado de derecho  que debe regir cualquier democracia, cuyo fundamento es y debe ser el imperio de la ley.

Es por ello que, creo que el fondo del debate es ajustarse a la regulación jurídica de aquellos casos qué hacen necesario la intervención de nuestros servicios de inteligencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos o lo que es lo mismo la seguridad del Estado, así como delimitar la responsabilidad de quienes no han sido capaces de protegernos frente a injerencias externas que ponen en peligro nuestras instituciones democráticas.

Como el ejemplo es lo que puede ayudar más a pensar a quienes se oponen de manera rotunda a la intervención de tales servicios de inteligencia, mi pregunta sería: ¿está justificado el espionaje si de lo que se tratara es evitar un atentado terrorista como el que tuvo lugar en Atocha en el año 2004, o los perpetrados desde la instauración de la democracia en España desde 1978 por el grupo terrorista ETA hasta el Gobierno de Zapatero?

Si esto lo trasladamos al momento actual, la pregunta podría ser: ¿cabe el espionaje contra aquellos elementos qué pretenden la fragmentación del Estado, cómo sucedió con el procés que todavía suscita el debate  independentista en nuestra sociedad democrática, sustentada  como se ha dicho antes en el imperio de la Ley, donde la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, garantizando, en todo caso, el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas, conforme a su artículo 2?.

Y, por último, si fuese justificable el espionaje en tale supuestos, la pregunta sería: ¿Qué órgano debe ser el encargado de llevar a cabo la investigación de los sujetos intervinientes,  en lo que podría considerarse conforme al precitado artículo del Texto Constitucional, un proceso de desestabilización del estado?, sin que con ello se niegue el derecho a la autodeterminación de las diferentes nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de España, pero siempre dentro de los cauces legales.

De manera que, si los espiados, protagonistas del procés y sus adláteres, reclaman el cumplimiento de la Constitución y de la Ley en general, en este tipo de investigaciones, ¿por qué no se ajustan a las exigencias del Derecho como corpus jurídico, para la autodeterminación de su Comunidad Autónoma?.

Desde luego que todo esto pone de manifiesto, la falta de madurez democrática de nuestro país, a pesar del tiempo transcurrido desde la aprobación de la Constitución, así como el complejo democrático que nos lleva a un purismo interesado del Derecho, reflejando, como bien indica mi compañero Rafael en este mismo medio en un artículo titulado “La cruda irrealidad” la burla que nuestros políticos hacen de nuestra -Carta Magna, con las representaciones teatrales de los diferentes partidos políticos y de los gobiernos autonómicos, así como de  los que se han sucedido en el gobierno de la Nación, con sus políticas farfulleras y del «tú más», cual el mejor de los sainetes de nuestro clásico, Calderón de la Barca, de los que algunos, la mayoría, de los ciudadanos participan con su ceguera parcial, de uno u otro ojo, según sus preferencias políticas, con posicionamientos globales y generalizadas, del todo o del nada, dentro de esos paquetes ideológicos que sus líderes les venden a fuerza de mentira o de utilizar la propia Constitución como si de una prostituta se tratase, para justificar su turbios intereses partidistas y económicos, riéndose finalmente de todos, o al menos, de la escasa inteligencia de sus afiliados, votantes y simpatizantes, incapaces de analizar la amplia casuística que puede justificar, dentro de la Ley, y con el Secreto debido, ciertas investigaciones que afectan a la intimidad del individuo y de los grupos de los que este forma parte, con el objeto de garantizar nuestra propia seguridad y libertad, como sociedad.

Soy consciente que no movemos en un campo embarrado y enfangado donde debe actuarse con extremada prudencia y, eso es precisamente lo que aquí se quiere poner de manifiesto, que las cosas no son blancas o negras, y que algo mal, resulta obvio, que se está haciendo por parte de nuestros gobernantes,  y por el propio Centro Nacional de Inteligencia, permitiendo el espionaje de corporaciones o sujetos privados, según parece, o de otro Estados  exteriores, del propio poder ejecutivo,  lo que sin duda alguna requiere una comisión de investigación por parte de poder legislativo,  pero sin rasgarse las vestiduras quienes están dispuestos a cargarse la unidad de España, precisamente en sus acciones al margen de la Ley.

 

 

 

 

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