La soberbia, la ambición o la mala practica pueden cuestionar los principios democráticos. Existe una carencia moral ante la cual la política, entendida como la gestión de lo público, se debilita y se transforma en un medio para alcanzar objetivos que no corresponden a su naturaleza esencialmente democrática. En este contexto, también la ética sucumbe ante la condición humana.
La preocupante deriva totalitaria que estamos observando actualmente requiere una reflexión profunda sobre el estado actual de nuestra sociedad. Nos encontramos en una situación que podría amenazar el futuro de la democracia y los derechos consagrados en la constitución. Es esencial garantizar que quienes tienen la responsabilidad de proteger estos derechos continúen cumpliendo con su deber de manera diligente y efectiva.
Estamos pues ante una implosión social donde al ciudadano se le hurta su capacidad de discernir entre lo correcto y lo erróneo, entre lo importante y lo banal. Privado de los resortes necesarios para tomar decisiones informadas y conscientes pierden la capacidad de entender las consecuencias de sus actos y la capacidad de identificar el modelo a seguir se diluye.
Las transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales e institucionales se producen de una manera tan acelerada que hace difícil no caer en contradicciones y dejan un sentimiento de insatisfacción difícil de digerir emocionalmente. Todo esto unido a un modelo de desarrollo economicista ajeno a planteamientos ambientales sostenible y a la dificultad de integración social de los más vulnerables, junto a las “alianzas públicas-privadas” en sectores tan aglutinadores sociales como la energía, las telecomunicaciones, la salud o la educación, contribuyen a la percepción de que el Estado, al que en estas cuestiones de interés público se le concede un escaso margen de eficacia, haya perdido la capacidad de regular la sociedad y esto provoca un replanteamiento populista en el que el Estado limitaría el espacio de lo público eliminando organizaciones de participación social, con vocación solidaria y colectiva, donde la atención de las necesidades se ofertarían como concesiones y no como derechos conquistados.
Un Estado democrático tiene la responsabilidad de revisar y modificar las alianzas con el sector privado para fomentar colaboraciones con organizaciones sociales. Esto es especialmente importante en tiempos de incertidumbre y para evitar una deriva autoritaria, la gestión de la «res publica» debe ir más allá de la administración gubernamental. En este sentido, es fundamental implementar políticas que, en colaboración con las fuerzas sociales, identifiquen y desarrollen soluciones consensuadas.
