La libertad es una de las palabras más invocadas en el discurso político contemporáneo. Se pronuncia en tribunas, se proclama en campañas electorales y se exhibe como un estandarte incuestionable de las democracias modernas. Sin embargo, precisamente por su uso constante, corre el riesgo de vaciarse de contenido y convertirse en un eslogan más que en una realidad vivida. Existe, en efecto, una forma de falsa libertad: aquella que se proclama sin la correspondiente asunción de deberes y responsabilidades, tanto por parte de los ciudadanos como, de manera mucho más grave, por quienes ejercen el poder.
La libertad no puede entenderse como una mera reivindicación individual desligada de la responsabilidad. No es un derecho absoluto que flota en el vacío, sino una construcción ética que exige equilibrio entre derechos y obligaciones. Cuando se reduce la libertad a una bandera retórica, sin contenido moral ni compromiso con el bien común, deja de ser un principio emancipador para convertirse en una herramienta de manipulación. Esta distorsión es especialmente visible en ciertos discursos políticos, tan comunes en nuestros días, donde se invoca la libertad mientras se justifican decisiones que, en la práctica, la restringen o la subordinan a intereses ajenos al bienestar general.
Uno de los ámbitos donde esta contradicción se manifiesta con mayor claridad es el ejercicio del poder político. En una democracia madura, quienes gobiernan no son propietarios del Estado, sino administradores temporales de la voluntad popular. Sin embargo, con frecuencia se observa cómo el interés general es sustituido por intereses partidistas, estratégicos o incluso personales. Los pactos de gobernabilidad, necesarios en determinados contextos, se convierten en ocasiones en mecanismos de reparto de poder que poco tienen que ver con las necesidades reales de la ciudadanía. Se sacrifica la coherencia en favor de la aritmética parlamentaria, y se confunde la estabilidad institucional con la perpetuación del poder.
En este contexto, la figura de los llamados “padres de la patria” debería estar sometida a un escrutinio especialmente riguroso. No en un sentido personalista o vengativo, sino desde la exigencia de responsabilidad institucional. La historia demuestra que ningún poder, por legítimo que sea en su origen, está libre del riesgo de la corrupción moral y política. Cuando los representantes públicos actúan con una doble moral —cuando dicen una cosa y hacen la contraria, cuando su discurso público se contradice con su práctica política— se erosiona no solo la confianza ciudadana, sino la propia base ética del sistema democrático. La metáfora de la lengua bífida no es aquí un recurso retórico vacío, sino la expresión de una fractura entre palabra y acción que debilita la credibilidad de las instituciones.
Frente a esta deriva, resulta imprescindible reivindicar la necesidad de un sistema judicial verdaderamente independiente. La justicia no puede ser un instrumento subordinado al poder político, ni un espacio condicionado por afinidades ideológicas o intereses coyunturales. Su función esencial consiste precisamente en actuar como contrapeso, garantizando que la ley se aplique con igualdad a gobernantes y gobernados. Sin esta independencia, la democracia corre el riesgo de convertirse en una fachada formal tras la cual se ocultan dinámicas de impunidad o de arbitrariedad.
Pero la existencia de instituciones sólidas no es suficiente si no va acompañada de una ciudadanía activa y consciente. El pueblo no es un sujeto pasivo al que se le concede la libertad, sino el titular último de la soberanía. Por ello, tiene no solo el derecho, sino también el deber de exigir rendición de cuentas. El ejercicio del voto no puede reducirse a un acto periódico y mecánico; debe ser entendido como una expresión de responsabilidad política continua. Y cuando el poder se aleja de sus fundamentos éticos, cuando la norma suprema que es la Constitución se ve instrumentalizada o debilitada en su espíritu, la ciudadanía tiene el deber de reclamar mecanismos democráticos de corrección, incluida la convocatoria de elecciones.
Ahora bien, esta exigencia no puede basarse en la emocionalidad o en la confrontación permanente, sino en la razón y en el respeto al marco institucional. La autoridad legítima no se construye sobre la mentira, el odio o la polarización, sino sobre la coherencia, la persuasión y la transparencia. Cuando el ejercicio del poder se apoya en la confrontación sistemática, en la construcción del adversario como enemigo y en la manipulación del lenguaje, se debilita la posibilidad misma del diálogo democrático.
Podtría hablar del partido político en el poder, de la oposición, de quienes apoyan al gobierno de la nación mediante pactos, a veces con intereses espureos, igual que sucede en determinadas Comunidades Autónomas; pero cargar las tintas sobre unos y olvidarme de los otros me llevaría a la peor de las falacias que es la que mantiene la polarización política por sus fanáticos adeptos, como seria utilizar argumentos sólo para unos cuado son perfectamente aplicables también a los otros, porque desgraciadamente, desde que se instauró la democracia en nuestro país, allá por el año 1978 con la aprobación de la Constitución y la convocatoria de elecciones, un mal ha acechado sobre todos y cada uno de los escaños que han logrado el poder hasta nuestros días: la corrupcion. Tal vez, por ello, todos ellos deberian publicamente poner en escena un acto sindero de contrición política para volverlos a creer, pero sobre todo para colver a confiar en una verdadera política regenerada.
La verdadera libertad, por tanto, no consiste en hacer lo que se desea sin límites, sino en actuar dentro de un marco de responsabilidad compartida. Es una libertad que se sostiene en el reconocimiento del otro, en el respeto a las normas comunes y en la conciencia de que el poder, en cualquiera de sus formas, debe estar siempre sometido a control. Sin esta dimensión ética, la libertad se convierte en una ficción útil, un concepto decorativo que oculta relaciones de poder desiguales.
En última instancia, una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por la calidad moral de sus instituciones y de sus representantes, casí siempre por los suelos. Cuando la palabra pierde su vínculo con la verdad, cuando el discurso político se desconecta de la acción, y cuando la justicia deja de ser independiente, la libertad se vacía de contenido. Recuperarla exige algo más que reformas legales: requiere una regeneración ética del espacio público.
Quizá la lección más profunda sea que la libertad no es un punto de llegada, sino un proceso permanente de vigilancia y responsabilidad. Una sociedad verdaderamente libre no es aquella en la que todo está permitido, sino aquella en la que el poder puede ser cuestionado, los abusos pueden ser corregidos y la ciudadanía no renuncia a su papel activo. Solo así la libertad deja de ser una palabra vacía y se convierte en una realidad compartida, sostenida por la conciencia, el deber y la justicia.
Si ellos, son como son, quizá la responsabilidad no es sólo suya, sino también nuestra, quizá deberíamos mirarnos por dentro y reconocer que el partidismo no debería ser un instrumento de confrontacón, sino de auténtica pluralidad y de respeto al contrario, incluso desde la discrepancia,
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