Existe una forma de desprecio hacia el ciudadano mucho más sutil que el insulto. Consiste en considerarlo incapaz de conocer la realidad y decidir por sí mismo. No se le dice que es un ignorante ni que carece de criterio; se le habla de libertad, de democracia, de transparencia y de participación. Pero, al mismo tiempo, se selecciona cuidadosamente aquello que debe conocer, se oculta lo que resulta incómodo, se exagera lo favorable y se construye un relato destinado a conducirlo hacia una conclusión previamente decidida. Es la política convertida en tutela, la que desde hace tiempo el PSOE de Pedro Sánchez decidió poner en marcha, así como sus socios de la ultraizquierda; aunque no podemos olvidar a otros que lo precedieron del mismo o diferente color, que utilizaron la misma técnica: la manipulación y el engaño. Ninguno se libra.
Vivimos sin duda en una sociedad en la que comienza a resultar sospechoso aquello que se aparta de determinadas interpretaciones aceptadas. No es todavía necesario prohibir. Es suficiente con establecer qué discursos son razonables, cuáles resultan inconvenientes y cuáles deben quedar fuera de los márgenes de lo socialmente admisible. Esa es la realidad política del momento, donde el populismo tanto de la izquierda como de la derecha, trata a los ciudadanos como personas incapaces de pensar por ellos mismos, dando información sesgada, manipulada y cargada de mentiras, bajo un marketing cuidadosamente elaborado; incapacidad que, por otra parte, parece ser real cuando la ciudadanía se alinéa con fundamento en ideologías que no són reales, olvidando que una una sociedad deja de ser verdaderamente libre no solamente cuando se le impide hablar, sino también cuando alguien pretende decidir de antemano lo que los ciudadanos deben pensar.
Los partidos han aprendido perfectamente esta técnica. Ya no basta con explicar los hechos: hay que construir el relato de los hechos. Y entre ambas cosas existe una diferencia enorme. El hecho pertenece a la realidad; el relato pertenece a quien lo elabora. Por eso un mismo acontecimiento puede convertirse en éxito o fracaso, responsabilidad o accidente, escándalo intolerable o simple anécdota, dependiendo de quién lo protagonice; olvidando que el dato se impone al relato para los que somos capaces de pensar por nosotros mismo.
Lo preocupante no es que los partidos defiendan sus posiciones. Para eso existen. Lo preocupante comienza cuando consideran que defenderlas exige manipular la realidad. Entonces la propaganda sustituye a la información y la mentira deja de producir vergüenza para convertirse en herramienta política. Se niega hoy lo que ayer se afirmó; se promete aquello que se sabe, que no se cumplirá; se atribuyen al adversario intenciones que nunca manifestó y, cuando los hechos contradicen el discurso, no se rectifica el discurso: se reinterpretan los hechos.
Todo ello encierra una concepción profundamente tutelada de la ciudadanía. Parece suponerse que los ciudadanos no estamos preparados para escuchar que las cosas son complejas, que existen decisiones difíciles, que gobernar implica equivocarse o que ninguna ideología posee respuestas para todos los problemas. Se nos administran versiones simplificadas de la realidad como si fuéramos menores de edad. Buenos y malos. Progresistas y reaccionarios. Patriotas y antipatriotas. Demócratas y enemigos de la democracia. Nosotros y ellos.
La simplificación no es inocente. Un ciudadano que reflexiona resulta incómodo; un ciudadano enfrentado resulta útil. De ahí que la política necesite cada vez con mayor frecuencia fabricar adversarios antes que buscar soluciones. Cuando existen problemas reales, puede resultar más rentable identificar un culpable que reconocer su complejidad. Y cuando el problema ha sido provocado por los propios errores, todavía resulta más conveniente encontrar un enemigo exterior al que atribuirlo.
La política termina así atrapada en un mecanismo perverso: crea o agrava problemas, ofrece diagnósticos interesados y propone después remedios que permiten conservar el poder. El ciudadano contempla el espectáculo desde la grada mientras cada partido le asegura que todos sus males proceden del contrario. Lo extraordinario es que se nos pida, además, que aceptemos esa explicación como prueba de madurez democrática.
Pero quizá lo más grave sea que nosotros mismos hemos colaborado en esta infantilización. Resulta cómodo indignarse ante la mentira del adversario y justificar la propia; denunciar la manipulación cuando perjudica a quienes apoyamos y encontrar explicaciones cuando beneficia a los nuestros. Hemos convertido demasiadas veces la política en una competición deportiva en la que importa menos conocer la verdad que ver derrotado al contrario.
La democracia, sin embargo, exige justamente lo contrario. Necesita ciudadanos adultos. Personas capaces de escuchar aquello que no desean escuchar, de reconocer los errores de quienes votaron y los aciertos de quienes rechazaron; ciudadanos que no necesiten que un partido les diga cada mañana qué deben pensar sobre lo ocurrido el día anterior.
Tal vez por eso la verdadera regeneración democrática no empiece en los parlamentos ni en las sedes de los partidos. Quizá comience cuando dejemos de aceptar que nos administren la realidad en pequeñas dosis previamente manipuladas. Cuando exijamos hechos antes que relatos, explicaciones antes que consignas y responsabilidad antes que excusas.
Porque quien pretende decidir qué podemos saber acaba intentando decidir qué debemos pensar. Y una democracia de ciudadanos tutelados puede conservar las urnas, los parlamentos y las elecciones, pero habrá comenzado a perder algo mucho más difícil de recuperar: la libertad de criterio.
El poder puede acostumbrarse a tratarnos como menores de edad. La cuestión verdaderamente inquietante es si nosotros terminaremos acostumbrándonos a serlo.
La solución: posicionarnos del lado de la verdad, de la responsabilidad y, sobre todo de los hechos y no del relato, porque no hay cosa peor que el fanatismo y el autoengaño.
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