Lo sucedido en Ceuta no puede reducirse cómodamente a una «crisis migratoria». Las palabras importan porque determinan la manera en que comprendemos los acontecimientos. Cuando decenas de miles de personas atraviesan en pocas horas una frontera internacional, cuando las estructuras destinadas a protegerla resultan desbordadas y cuando existen indicios de permisividad —e incluso de colaboración de determinados agentes del país vecino—, estamos ante algo que afecta directamente a la soberanía nacional.
Y Ceuta es España. Sin matices.
El drama humano de quienes fueron utilizados para atravesar la frontera merece toda nuestra consideración. Pero precisamente por respeto a esas personas debemos preguntarnos quién permitió, alentó, organizó o aprovechó aquella avalancha y con qué finalidad. El inmigrante desesperado puede ser víctima y, simultáneamente, instrumento de una estrategia política que no ha diseñado.
Lo verdaderamente preocupante comienza después.
Durante semanas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de desvincular a Marruecos de cualquier responsabilidad. Sin embargo, las informaciones que van conociéndose dibujan un escenario mucho más incómodo. El CNI había advertido del deterioro de la situación fronteriza; la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que existieron comunicaciones y reuniones previas, mientras Fernando Grande-Marlaska ha insistido en negar que existiera un informe que anticipara una entrada de aquella magnitud. Ahora conocemos además un informe policial que habla de permisividad de las fuerzas marroquíes y recoge testimonios e imágenes de agentes dando indicaciones a quienes pretendían entrar.
¿Quién dice entonces la verdad?
Esta debería ser la cuestión central en cualquier democracia madura. No quién consigue imponer su relato, sino qué ocurrió realmente.
Porque un Gobierno no puede convertir los aparatos institucionales del Estado en instrumentos destinados a proteger su propia versión de los acontecimientos. Cuando los hechos contradicen el relato político, lo democrático es modificar el relato, no combatir los hechos.
Especialmente inquietante resulta la posición del ministro del Interior. Marlaska parece más preocupado por negar determinadas informaciones y cuestionar cómo han llegado a conocerse que por explicar por qué una frontera española pudo ser desbordada de semejante manera. El problema no es que existan informes incómodos. El problema sería que alguien pretendiera que no los conociéramos.
Y sobre todo está Pedro Sánchez.
Durante una crisis que afectaba directamente a una parte del territorio nacional, el presidente regresó a sus vacaciones después de desplazarse inicialmente a Ceuta y continuó desde La Mareta parte del seguimiento de la situación. Naturalmente, un presidente puede gobernar desde cualquier lugar. La cuestión no es geográfica. Es política y simbólica. Cuando miles de ciudadanos sienten que el Estado los ha abandonado, quien lo preside tiene la obligación de transmitir que comparte su preocupación y que la defensa de la soberanía está por encima de cualquier estrategia de comunicación o descanso personal.
Más grave todavía sería utilizar a la Jefatura del Estado como elemento de confrontación o como pantalla detrás de la cual diluir responsabilidades. El Rey representa constitucionalmente la unidad y permanencia del Estado; el Gobierno dirige la política interior y exterior y responde políticamente de sus decisiones. Cada institución tiene su función. Confundirlas interesadamente sólo sirve para evitar que sepamos quién debía actuar y quién debe responder.
Hay algo profundamente perturbador en una política capaz de transformar cualquier crisis en un problema de relato. Incendios, corrupción, inmigración, fronteras: parece importar menos lo ocurrido que conseguir que prevalezca una determinada interpretación de lo ocurrido.
Y ahí comienza el verdadero peligro.
No necesitamos diagnosticar psicológicamente a Pedro Sánchez ni recurrir al insulto para formular una acusación política extraordinariamente grave. Basta con preguntarnos si un presidente que antepone sistemáticamente su supervivencia política, la protección de su Gobierno o sus alianzas internacionales a una explicación transparente de una crisis territorial está defendiendo adecuadamente los intereses de España.
La respuesta corresponde a cada ciudadano.
Pero existe una pregunta todavía más incómoda: ¿cuántas veces estamos dispuestos a aceptar que nos oculten, minimicen o disfracen la realidad antes de dejar de llamarlo error político?
Porque Ceuta no pertenece al Gobierno de turno.
Ceuta pertenece a España y por este motivo todo España en un clamor popular de millones de ciudadanso ayer llenaron las plazas de pueblos y ciudades en todo el pais en apoyo de Ceuta, reclamando al gobierno soluciones inmediatas y asunción de responsabilidades por inactividad.
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