¿Conocen los ciudadanos los efectos de la independencia de cualquier Comunidad Autónoma?.
Muchos son los ciudadanos catalanes como los residentes en otras partes del territorio nacional, que preguntados sobre los efectos de la independencia de la citada Comunidad Autónoma – la que más competencias tiene junto con la Vasca -, se quedan en una simple manifestación en pro o en contra de la misma en virtud del espectro político en los que se sitúan a la hora de votar, pero sin argumentos, la mayoría de las veces, suficientemente sólidos en los que apoyar su postura. Lo que evidencia no estar suficientemente informados de las consecuencias.
Tal aspecto nos lleva retomar un tema que, aunque haya sido frecuentemente tratado por los medios con mayor o menor profundidad, también lo ha sido con una marcada tendencia, según una línea editorial dirigida por quienes los financian; lo que nos exige un tratamiento lo más objetivo posible, del que nadie pueda extraer una simpatía o animadversión a dicha postura independentista, sino simplemente mostrar y analizar un panorama marcado por el devenir de los acontecimientos, desde que el anterior president decidiera como único golpe de efecto para prolongar en la medida posible la agonía de su cargo, decretar unilateralmente la independencia.
Ya en el ejercicio pasado, el Banco Central Europeo (BCE) dejó fuera a Cataluña en la compra de activos financieros para estimular la economía europea, siendo la única comunidad autónoma española sin derecho a colocar su deuda a la autoridad de Fráncfort.
Los motivos, no fueron otros más que el argumento oficial basado en que los bonos de la Generalitat no reunían los requisitos mínimos de solvencia para la adquisición por el BCE, por ser considerados bonos basura, salvo que, como en el caso de Grecia, estuviese sujeta a un programa de rescate financiero con condiciones.
Sin embargo, hay quienes vieron en la exclusión a Cataluña un motivo de carácter político, debido a que el revés a la deuda catalana se originó cuando la agencia Fitch –la única que mantenía el bono de la Generalitat con calificación de BBB– decidió bajar su nota a suspenso tras la declaración de ruptura formulada por el Parlamento catalán, que finalmente fue calificada como una mera declaración de intenciones por de mayoría del Parlament que representan las posturas independentistas.
De una manera o de otra, lo cierto es que Cataluña perdió la oportunidad de ser elegido en el programa del BCE, lo que muchos vieron como un preludio, en caso de seguir con su política de secesión, de una posible exclusión de la futura república de la Zona Euro.
Ante la secesión de Estados, las reglas que se aplican en lo referido a la cuestión de qué ocurre con los tratados firmados por los Estados predecesores, por el Convenio de Viena de 1978 son básicamente dos: La primera es la denominada ‘tabla rasa’, por la cual, el nuevo Estado tiene derecho a pertenecer a los tratados multilaterales que el Estado predecesor. A la ‘tabla rasa’ solo se puede adherir aquellos países en situación de libre autodeterminación, es decir, aquellos que han sido colonizados u en opresión. El segundo, es el denominado de ‘continuidad’ que permite al nuevo Estado permanecer en los tratados multilaterales que el predecesor. Queda claro, que una Cataluña independiente podría acogerse a la segunda y formar parte de la Unión Europea, pero no es tan fácil.
“una región que se independice pasaría a ser un tercer Estado con respecto a la Unión y los tratados dejarían, desde el día mismo de la independencia, de ser aplicados en su territorio”.
Explicaba Romano Prodi en 2004 que “una región que se independice pasaría a ser un tercer Estado con respecto a la Unión y los tratados dejarían, desde el día mismo de la independencia, de ser aplicados en su territorio”. Por tanto, debería pedir una adhesión a través del artículo 49 del Tratado de la UE, y para ser aceptado debería contar con el consentimiento unánime de todos los miembros, y resulta difícil pensar que España le daría el consentimiento.
Pero no solo el 49, sino también el 52 del TUE que enumera la lista de países, para ser incluido Cataluña necesitaría de unanimidad. En definitiva, el proceso queda en el aire aunque sin una ruptura amistosa Cataluña se vería fuera de la Unión Europea casi con toda seguridad.
A esto se sumarían una serie de efectos negativos como que la deuda de esta posible república se multiplicara debido a que debería asumir dos tipos de deuda. Una primera, consistente en un tanto por ciento equivalente a su peso en el PIB español de la deuda española, puesto que, sus ciudadanos se han visto favorecida por ella. En segundo lugar, la suya propia que ha contraído como la Comunidad Autónoma de Cataluña. En total, son cerca de 264.000 millones de euros una cantidad que supera ahora mismo el 130% del PIB catalán. Se trata de una carga muy pesada (Grecia pide constantemente una quita con la misma cantidad de deuda/PIB).
El problema no acaba solo en el volumen de deuda sino que está denominada en euros. En una Cataluña fuera del euro, si la Generalitat decidiera optar por tener su propia moneda (ante una devaluación del 50%, según algunos expertos) la deuda podría multiplicarse.
Aunque ese no es el único problema, una vez declarada la independencia y asumido su parte de deuda, la nueva Cataluña debería hacer frente a los pagos de los vencimientos. No quedaría más opción que pagarlos con la emisión de nueva deuda pero el tipo de interés sería probablemente insostenible.
Todo ello estaría acompañado de una huida de los Bancos catalanes como el Sabadell y Caixaban, los cuales han advertido que en caso de Decretarse la independencia saldrían de Cataluña.
Este escenario de tensión ante la independencia de Cataluña, conforme ha manifestó el Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuando Arthur Mas empezó con sus aspiraciones independentistas, ocasionarían un riesgo de corralito, como ya se vio en Grecia más aún tras caer fuera del euro, aunque este último aspecto es discutido por los expertos en la materia, tal y como se desprende del video que te presentamos a continuación.
Aparte de los efectos económicos, también en caso de decretarse la independencia de Cataluña, se producirían, por necesidad, unos efectos políticos derivados de la situación jurídica que ocasionaría una decisión unilateral de este tipo y es que, queramos o no, vivimos en un Estado de Derecho, con una Constitución que, aparte de proclamar una seria de derechos, también, como es lógico, establece una serie de medidas garantistas del Estado nacional que obligarían al Gobierno de turno a ponerlas en marcha como sería activar el artículo 155 del texto constitucional, incluido en el título VIII sobre la organización territorial del Estado, el cual constituye un medio de control, de carácter excepcional, que complementa al ordinario recogido en el artículo 153, de la actividad de las CCAA; previendo que, para situaciones «extremas», es decir, aquellas en las que una comunidad incumple las obligaciones impuestas por la Carta Magna o las leyes «atentando gravemente al interés general de España», el gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, debería adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de tales medidas, el Gobierno podría dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
Además, debemos recordar que el Tribunal Constitucional ya advirtió el pasado mes de noviembre a 21 altos cargos del Parlamento y la Generalitat como consecuencia de la previa anulación de la resolución independentista del gobierno de Carles Puigdemont «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
Desde luego que podríamos reformar la Constitución y por ende el sistema de las Autonomías, pero eso exige un debate político, con participación de todas las fuerzas políticas y, si queremos trasladarlo al debate y decisión de la sociedad no puede ser de otra manera que mediante un referéndum en todo el territorio español.
http://economia.elpais.com/economia/2015/01/22/actualidad/1421930158_392049.html
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