CARTAS SIN FRANQUEO (CXXIII)- LAS LEYES DEMOCRÁTICAS

La democracia, su esencia, está contenida en unos recipientes que se llaman leyes, estos, a su vez, se encuentran empacados en un estuche que los preserva, y cuyo nombre es constitución, y la manipulación de esas leyes, su perversión, su utilización en contra de la opinión mayoritaria del cuerpo electoral, es una agresión directa, una conculcación definitiva del concepto mismo de la democracia, aunque esa actuación sea legal, aunque esté amparada por la letra misma de las leyes, y solo sea en contra de su espíritu.

Muchas veces se ha dicho que hay aspectos constitucionales que se quieren cambiar, raras veces esta declaración política tiene una acogida popular, porque el cuerpo electoral, el pueblo, tiene su propia percepción de las cosas que habría que cambiar en la constitución, e indefectiblemente son cosas diferentes a las que pretenden cambiar los políticos.

Esto sucede, aunque pretenda ignorarse, porque la representación parlamentaria que emana de las urnas, actualmente, no es un retrato fidedigno de lo que realmente quiere el cuerpo electoral. Ese retrato deformado, por las listas cerradas y por las circunscripciones que condicionan el valor del voto, sin contar la perversa ley d´hont que acaba de enmarañar un proceso pensado para favorecer a los grandes partidos en general, y a los partidos nacionalistas y separatistas en particular, conlleva un sistema que va alejándose, y dejando sin control, ni representatividad, al cuerpo electoral, que es el depositario último de la validez democrática.

Es esta inseguridad en el resultado de una consulta popular sobre los aspectos a reformar en la Constitución, lo que hace que no se convoque una reforma en profundidad, y se enmarañe y se trampee con leyes posibilistas, pero que enredan y desmoralizan por su escaso predicamento popular, que favorecen pretensiones minoritarias, y/o de partido, que ni siquiera suelen estar respaldadas por la mayoría militante de ese partido.

Todo este proceso, esta inconsistencia ética, esta trampa permanente, produce una degradación del sentido democrático y una desmoralización creciente de la sociedad, que contempla atónita la impunidad absoluta con la que se producen un fraude de ley tras otro, acompañados de clarines, aplausos y aclamaciones.

Al final, esta preservación de las leyes, de su cumplimiento, y el control que las mismas deben de ejercer sobre las acciones legislativas y ejecutivas, corresponde al poder judicial, y solo su absoluta independencia puede hacer creíble ese control, permanentemente puesto en cuestión por el actual sistema español, y por el grupo de poder actualmente en el ejecutivo, con su afán por desjudicializar la política, o lo que es lo mismo, eliminar del sistema, supuestamente democrático, la independencia del poder judicial, su capacidad de control. O, lo que es finalmente lo mismo, sustituir la democracia por un sistema personalista, de corte autocrático, plebiscitario. Y eso, aunque siga ciertas reglas formales de la democracia, no tiene nada que ver con una democracia, ni siquiera con una democracia liberal, que ya, en sí, con apellidos, tiene poco que ver con una democracia real.

Los políticos quieren cambiar el sistema territorial, para lograr un mayor grado de descentralización, en unos casos, o para romper la unidad territorial en otros, mientras el corpus electoral reclama una revisión territorial que elimine costes, que elimine discriminaciones y que imponga un cierto criterio unitario sin abandonar las diferencias culturales que los territorios atesoran. Pero es difícil defender diferencias fiscales, diferencias sanitarias, diferencias históricas que ponen sistemáticamente en cuestión que hayamos vivido los mismos hechos, las mismas batallas, desastres comunes, y que en referéndum se acepte.

Los políticos, una gran parte de ellos, preconizan el cambio a una república, pero desde el cuerpo electoral, sin que haya una vocación monárquica, pensar en ciertos políticos que han llegado a presidentes de gobierno, algunos , incluso, con claras ínfulas, y maneras, presidencialistas, como posibles jefes de estado, cercena cualquier veleidad republicana. Al menos, en el sistema actual, tenemos garantizada la neutralidad política de la jefatura del estado. Tampoco este cambio tiene visos de ser aceptado en un plebiscito popular.

Tampoco parece que los políticos tengan la menor intención de tener en cuenta la pretensión popular de mejorar el sistema electoral, entronizando las listas abiertas, creando, a efectos electorales, una circunscripción única, y eliminar el perverso sistema de reparto de escaños, porque las listas abiertas son incómodas y ponen en cuestión el perverso liderazgo que las ampara, porque la circunscripción única trivializa los poderes territoriales en elecciones generales, y porque el sistema actual de reparto de escaños favorece el bipartidismo, y preserva la influencia de los nacionalismos y separatismos. Ni se les ocurriría abrir el melón de preguntar en una consulta vinculante la posibilidad de implantar esas modificaciones.

Así que, como es evidente, los políticos prefieren legislar preservando sus privilegios, retorciendo la constitución hasta límites intolerables, cercenando sin ningún atisbo ético el espíritu constitucional, explorando con profundo desprecio hacia el cuerpo electoral, los resquicios y debilidades de la redacción de la ley de leyes, antes que emprender el democrático camino de proponer unas reformas y someterlas a un cuerpo electoral, que saben que no les respalda, ni siquiera en las elecciones generales, tal como demuestra palmariamente el hecho de que ninguno de ellos es capaz de obtener una mayoría representativa real, y recurren a subterfugios, a un predominio perverso, por falta de criterios comunes, de las minorías sobre la mayoría, para preservar nichos de poder de carácter populista, personalista.