Hay frases, hablo, como será evidente, del ámbito político, que son capaces de iluminar todo un mundo de claroscuros, de disimulos, de mentiras, de falsedades aireadas como verdades incuestionables, y eso ha sucedido estos días pasados. Hace unos días, la Vicepresidenta Primera del Gobierno, y Ministra de Hacienda, ha soltado una perla que ilumina la indefensión de los ciudadanos respecto a la Administración, especialmente en Trabajo y Hacienda, aunque no solo, en realidad ante cualquier organismo recaudatorio del estado, o de los diferentes ámbitos de poder.
Quitarse la careta no es una actitud habitual entre los políticos, entre nuestros políticos, por eso es muy de celebrar, lo de agradecer solo cabría si hubiese sido voluntario, y no lo creo, el que alguno, aunque sea imbuido de la absoluta impunidad que disfruta respecto a sus fanáticos en particular, y a los ciudadanos en general, se permita un desliz como el de la señora Montero. Que nos explique tan claramente su defectuosa percepción de lo que es una democracia, es esclarecedor, aunque la dimensión de lo que entraña la frase solo puedan reconocerlo sus adversarios políticos, y todos aquellos que intentamos, a pesar de todas las trampas a las que estamos sometidos, mantener un pensamiento libre de ideologías, e independiente respecto a insultos, añagazas léxicas, y etiquetas creadas y utilizadas por mentes incapaces de salirse del rebaño, sea de churras, o de merinas (incluso de meninas).
Sin duda los pilares de una democracia son la libertad, la justicia y la equidad, y a ellos pertenecen los derechos inalienables, cuyo incumplimiento, cuyo simple cuestionamiento, degrada, incluso destruye, la democracia.
A la libertad, independientemente de la Libertad como valor absoluto, no regulable, corresponden la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, y la libertad de movimiento.
A la justicia corresponden la igualdad absoluta ante las leyes, la presunción de inocencia y el amparo a los débiles, oprimidos, o perseguidos.
A la equidad, sin duda, corresponden la justicia social, la igualdad de oportunidades, y todos los derechos complementarios: a la educación, a la vivienda, al trabajo, a una vida digna y el acceso a la justicia.
Dada la imperfección del sistema, que incrementa su imperfección con la imperfección de quienes lo representan, todos los derechos están regulados para su evaluación por la legalidad. Insisto, legalidad, que no justicia. Y es esta regulación legal la que establece la preponderancia de unos sobre otros, siempre teniendo en cuenta que todos son irrenunciables.
Cualquiera de estos derechos que sea cuestionado por el poder, supone una agresión directa al sentido democrático, a su funcionamiento, y debería, así, en condicional, de suponer una expulsión inmediata del elemento no democrático, o defectuosamente democrático. Pero no es eso lo que sucede, y no lo es porque estamos asistiendo a la absoluta impunidad de un estamento político, otros dirían casta, pero seguramente pertenecerían a ella, que ataca sin rubor la separación de poderes, que conculca sin atisbo de consciencia la aplicación de los derechos y pasea su desfachatez por los pasillo de los centros de representación que mancillan con sus actitudes.
Las palabras de la señora Montero, vicepresidenta primera del gobierno, ministra de hacienda, cuestionando la inviolabilidad del derecho a la presunción de inocencia, para someterlo a un criterio ideológico de la aplicación de la legalidad, debería de ser, para los ciudadanos que aún crean en la democracia, un toque a rebato para retomar el control de una situación que se les está escapando de la manos, para que tomen conciencia de un intento autocrático de mantenerse en el poder por cualquier medio.
¿Qué exagero? Podría ser, si esas palabras de la ministra fueran un hecho aislado, y no una constatación constante de las actitudes del estado con los ciudadanos en todos los organismos recaudatorios, en los que se ha eliminado la presunción de inocencia, por la presunción de culpabilidad. O sea, que es el ciudadano el que tiene que demostrar su inocencia ante un mecanismo recaudatorio inclemente, agresivo, imparable, montado con los medios económicos detraídos de esos mismos ciudadanos a los que agrede, y que supera ampliamente las posibilidades de defensa del ciudadano agredido.
Es usted presuntamente culpable ante cualquier sanción administrativa, sea económica, social, laboral o de circulación, y se enfrenta usted, una vez iniciado el mecanismo sancionador, ante un entramado burocrático y legal, opaco, lleno de recovecos y trampas legales, especialmente diseñado para provocar su absoluta indefensión.
Y por si esto no fuera suficientemente lesivo, económica, y democráticamente, la Administración del Estado, ese organismo que pretenden decirnos que somos todos, pero que solo sirve a los intereses recaudatorios de algunos, en un logro personal de la señora, el respeto ante todo, Montero, y su equipo, ha introducido la presunción de verosimilitud, que solo es ejercible por los organismos oficiales, en cualquier expediente incoado por ese ente amorfo, inaccesible, e insaciable que son los organismos recaudadores del Estado.
¿Qué qué significa? Basicamente que cualquier organismo recaudatorio puede actuar sin necesidad de demostrar la culpabilidad del señalado, si considera que la denuncia tiene visos de verosimilitud, imponiendo multas, intereses y embargos, que pueden llevar a la ruina a cualquier ciudadano, o micro empresa, que se ponga en el camino de la trituradora, incluso antes de que pueda recurrir, ya que ante este principio, ni siquiera los plazos prefijados de comunicación y respuesta, tienen por qué ser respetados. Si al final el ciudadano, o micro empresa, al cabo de los años, sumido en la desesperación, privado de los recursos embargados, y posiblemente de los recursos imprescindibles para defenderse, incluso de los imprescindibles para vivir dignamente, lograra una sentencia judicial que lo declare inocente, aún se encontrará con la actitud remisa del organismo para efectuar la devolución, que se verá incrementada por los ridículos intereses aplicados, y que, por supuesto, en nada sufragarán las penurias y sufrimientos, podríamos llegar al dramatismo de salidas más macabras, pero no pretendo ser más tremendista de lo tremendo que es lo denunciado, cuando no la ruina absolut
que se hayan padecido.
Tal vez, colateralmente, esta indefensión de los más débiles, estas maneras absolutamente autocráticas del poder, esta impunidad con la que se toman medidas lesivas contra el ciudadano, esta opacidad administrativa, este permanente relato que intenta ocultar los verdaderos objetivos de medidas tan antidemocráticas, nos permitan explicarnos, solo a los no fanáticos, evidentemente, por qué en España, a pesar de los máximos recaudatorios de la historia, la brecha social es cada vez mayor, y por qué la desilusión con el sistema, el desencanto con los políticos, y la desesperanza en un futuro cercano más halagüeño, se han instalado en nuestra sociedad.
Eso sí, mientras tanto, la ministra Montero, seguirá ilustrándonos antidemocráticamente con su verborrea incontinente y populista, con su desprecio por todo y por todos los que no estén de acuerdo con ella, y con sus maneras faltonas y autocráticas. Claro, que no solo es ella. Personajes semejantes, tal vez menos groseros, menos evidentes, pero igual de dañinos, nos los podemos encontrar en el mismo Gobierno, y en otras administraciones, autonómicas, territoriales, o locales. Pueden ustedes poner nombres, a mi el espacio no me deja.