Pero con ser síntomas más que preocupantes, si uno cree en una auténtica democracia, y no en una democracia trufada ideológicamente, que es lo que tenemos, o lo que viene a ser lo mismo, una democracia interpretada por los intereses de quién gobierna, son mucho más preocupantes las situaciones en las que el ciudadano se encuentra inerme ante la maquinaria de un estado que lo ningunea. Ante situaciones en las que el estado se convierte en el máximo enemigo del ciudadano más débil.
Aquellos estados en los que los gobiernos se permiten actuar de espaldas a los intereses de sus ciudadanos más vulnerables, olvidando que son esos ciudadanos los verdaderos depositarios de la autoridad en un sistema auténticamente democrático, no pueden, no se les debe consentir, reclamar valores democráticos, ya que están moviéndose entre un despotismo, un nepotismo y una autocracia de incierta salida.
Sin duda la base insoslayable para que la democracia pueda considerarse como tal, es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y eso, hoy por hoy, en este país, no parece que se esté cumpliendo. En realidad no es que parezca, o deje de parecer, es que no se está cumpliendo, es que se está intentando pervertir con absoluta desfachatez, invocando una supremacía del interés general sobre el interés particular que solo los muy dogmatizados pueden asumir. Y esto es evidente desde el momento en que los medios, las oportunidades son diferentes para el ciudadano de a pie, y las que tiene un político, un empresario poderoso, o alguien con medio suficientes para enfrentarse a la arbitrariedad estatal.
Y aunque hablemos principalmente de economía, no solo de pan vive el hombre, y vemos que en diferentes ámbitos, el fiscal, el judicial, el social, el laboral, o el empresarial, que ciertamente acaban todos derivando al entorno económico, en este país no tiene las mismas oportunidades el ciudadano de a pie, que el político, el autónomo que la gran empresa, el conductor humilde, que el que se puede permitir cambiar de vehículo tantas veces como quiera, el empleado de una multinacional, que un pequeño profesional. Este es un estado, y Ruiz Gallardón puso la primera piedra, pero los gobiernos sucesivos ahondaron la brecha, en el que la justicia es inasequible, o de una calidad insuficiente, para quién no puede pagársela. Y no hablemos ya del reiterado caso en el que el ciudadano tiene que enfrentarse a una administración diseñada para recaudar sin mesura, sin vergüenza, sin objetivo social, que pone en su contra los recursos que el mismo damnificado a pagado con sus impuestos, y contra los que no tiene ninguna oportunidad, si es que se molesta en intentar tenerla, porque la más habitual es resignarse y pagar cuanto antes para que sea menos. No importa la razón, no importa la verdad, importa el sálvese quién pueda, importa ponerse a resguardo, apretar los dientes, e intentar que todo pase cuanto antes, porque casos se conocen en los que la misma administración provoca la exclusión social de un ciudadano. Sin que le tiemble el pulso, sin que se le caiga la cara de vergüenza a los jefes y funcionarios que colaboran en el despropósito, sin que la calle se levante contra este estado de las cosas.
Y no estoy hablando de supuestos, no estoy hablando de bulos o generalidades, estoy hablando de cosas que he vivido en primera persona, de noticias contrastadas y contrastables. Estoy viviendo del infierno administrativo de las pequeñas empresas, estoy hablando de la persecución inmisericorde de los autónomos. Estamos hablando de nepotismo, estamos hablando de tratos de favor, estamos hablando de corrupción en las altas esferas mientras se masacra al ciudadano de a pie aplicándole leyes, sanciones y perjuicios que se soslayan en cuanto hablamos de niveles privilegiados política, económica o socialmente. Estamos hablando de desigualdad, culpable, buscada, lesiva, ante la ley, y la administración del Estado.
Asistimos en estas fechas al nuevo escándalo que afecta al gobierno y a su entorno, el enésimo. Pero no voy a hablar de culpabilidades, no voy a hablar de aprovechamientos económicos, no voy a señalar delitos, ni delincuentes, solo quiero señalar un hecho ya probado, y que me afecta directamente, de forma discriminatoria. A la Compañía Plus Ultra, para poder concederle el rescate, la Seguridad Social le concedió un aplazamiento de cuotas. No voy a explicar aquí, cuantas veces la Seguridad Social me denegó cualquier aplazamiento solicitado, ni los perjuicios ocasionados, ni las especiales circunstancias en que tales cosas concurrieron. No, solo voy a contar que tengo 72 años y se me ha denegado la pensión por una deuda derivada de una empresa, sin que se me haya permitido ninguna negociación, ninguna salida, y se me haya dejado sin ningún tipo de ingreso y teniendo que vivir de lo que mis hijos me van apoyando. Tal vez tendría que ver si conozco a alguien próximo al gobierno, que me permita acceder a un derecho adquirido con mi trabajo, y que ya me habría permitido pagar esa deuda varias veces.
Curiosamente, sin entrar en otras consideraciones, sé de personas trabajando en B, y cobrando ayudas sin haber cotizado en su vida. Eso sí, nunca fueron autónomos. Y reitero, estoy hablando de casos reales.
¿Es ético, es justo, es labor de la administración provocar la exclusión social de un ciudadano en apuros? Porque en mi caso, y estoy seguro de que no es el único, ni siquiera, tal vez, el más sangrante, eso es lo que está haciendo la administración, cuyos únicos objetivos, al menos así parece en ciertas actuaciones, son recaudar y sancionar, y en ningún momento administrar, corregir y facilitar un buen funcionamiento social.
Tal vez el problema del ciudadano, provocado por la administración, es que solo pueden enfrentarse a esta aquellos cuya posición económica es más que boyante, lo que vendría a corroborar que no todos los ciudadanos somos iguales ante la administración, que no todos los ciudadanos disponemos de una cuenta como la Shakira, o la de algunos otros famosos, o empresarios, o herederos, o deportistas, para disputarle a la administración 60 millones de euros, o cantidades semejantes. Porque en este país, en este estado, a este gobierno, solo se le puede ganar teniendo mucho dinero para enfrentarse a una maquinaria gubernamental que usa contra los ciudadanos más humildes los recursos de coacción, de intimidación, de aplastamiento social, financiados por esos mismos ciudadanos, y que deberían de estar, porque así deberían de estar concebidos, a su servicio, y no para su desgracia.
Pero, por si ninguno de estos argumentos les vale, si consideran que esto es un problema simplemente legal, y no político, no se olviden de los indultos que el gobierno ha promovido entre afines, o personas de su interés político. Hablo de los ERE, hablo de los independentistas, todos ellos con una connotación económica de millones de euros para el estado, que han sido exonerados de su devolución, puestos a salvo de cualquier tipo de sanción, requerimiento, o consecuencia, por su simple afinidad ideológica con el gobierno, o por su utilidad para lograr la pervivencia de un gobierno que pervive gracias a sus favores. Cualquier ciudadano de a pie que deba siquiera a un euro, sufrirá los rigores de una persecución implacable por parte de la administración, y encontrará un muro impenetrable a cualquier proceso de negociación, a cualquier intento de acuerdo, a cualquier demanda de justicia en caso de errores, por parte de esta.
Eso sí, siempre le quedará la posibilidad de recurrir a la ley, soslayo a propósito el término justicia, para solicitar un trato justo por parte de los administradores. Claro que, como es del dominio público, la recaudación actúa de forma fulminante, sin reparar en justicias, ni en consecuencias, mientras que la ley, si es que al final se pone en marchas, si es que al humilde ciudadano le quedan recursos para ponerla en marcha, tarda años, y años, entre instrucciones, recursos y apelaciones, en reparar el desastre que muchas veces no tiene ya reparación posible, porque al ciudadano nadie le devuelve los sinsabores y las penurias sufridas.
Así que no, estimados lectores, no vivimos en una democracia, En un estado que promulga leyes que favorecen la desigualdad, que promueven y amparan el elitismo económico, político, socia, que le da la espalda a sus ciudadanos más humildes y necesitado, cuando no los atropella, no puede reclamar un ideal democrático por el simple hecho de convocar elecciones cada cuatro años
El estado no puede ser la mayor amenaza, el más evidente peligro, la espada de Damocles, de aquellos a los que tiene la obligación de administrar y amparar. El estado no puede ampararse en conveniencias, refugiarse en discursos, enterrarse en burocracias, para no cumplir con la más sagrada de sus obligaciones, ampara y proteger a sus administrados.
Podríamos también hablar, pero hoy no toca, de la dudosa ética de aquellos funcionarios ciegos ante las tropelías en las que colaboran mediante su trabajo, refugiándose en una ceguera interesada, en una ignorancia buscada, en una obligación tan cuestionable como lo es la obediencia debida para militares y fuerzas de seguridad. La ética no está nunca subordinada a la obediencia. Al menos no en una democracia, al menos no para aquellos que pretenden vivir conforme a unos principios de solidaridad, de igualdad, de libertad, democráticos.
