ESQUIZOFRENIA PERMISIVA EN LOS ATENTADOS DE BARCELONA.

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Es cierto que el terrorismo como guerra declarada sin ver al enemigo es muy difícil de atajar, máxime cuando éste utiliza medios tan simples como atropellar con una furgoneta a todo aquel que se encuentra en ese fatídico momento en el lugar que los desalmados terroristas han elegido para sembrar el terror y la destrucción, la muerte masiva de inocentes civiles, procurando objetivos políticos o ideológicos.

El terrorismo está encaminado a la destrucción misma de los derechos humanos, la democracia y el imperio de la ley. Ataca los valores en que se basan en la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales, como son el respeto de los derechos humanos, el imperio de la ley, las normas que rigen los conflictos armados y la protección de los civiles, la tolerancia entre pueblos y naciones, y la solución pacifica de los conflictos. Por esta razón, los poderes públicos deben velar para garantizar la libertad y la integridad de los ciudadanos, tomando las medidas precisas dentro de la legalidad vigente; pero también, siendo coherentes en su forma de actuar como garantes de la seguridad y del orden público.

Nos estamos refiriendo al hecho que, no sólo es suficiente con aplicar la legalidad vigente para terminar con el terrorismo, sino que también las autoridades deben abstenerse de realizar actuaciones que potencien y amparen tales actos considerados de lesa humanidad, como es el hecho de la venta de armas a quienes están detrás de los mismos.

Según InfoLibre en su edición de ayer, España multiplicó por 30 la venta de armas a Arabia Saudí en los últimos cuatro años, ingresando 1.361,42 millones de Euros. Además, en enero de este año, veinticuatro empresas del Ibex, dos asociaciones empresariales y representantes del Consejo de Seguridad Nuclear acompañaron al rey Felipe VI a este país, con la intención de cerrar la operación de venta de cinco corbetas.

“no sólo es suficiente con aplicar la legalidad vigente para terminar con el terrorismo, sino que también las autoridades deben abstenerse de realizar actos que potencien y amparen tales actos considerados de lesa humanidad”

Las millonarias sumas de dinero inyectadas por la monarquía de Arabia Saudí en la captación, adoctrinamiento y puesta en marcha de grupos yihadistas en Europa estarían  detrás de la oleada de atentados que se han llevado a cabo en los últimos años en países pertenecientes a la U.E., según afirma el escritor, Daniel Estulin. Pero, además, en su opinión, el continuo flujo de dinero saudí “permitió el surgimiento de miles de mezquitas wahabíes, madrasas y otras instituciones religiosas en Europa Occidental“, donde los procesos migratorios y las tasas de desempleo crónicamente elevadas han dado lugar a “grandes grupos de jóvenes musulmanes alienados y ociosos que se han convertido en la mano de obra perfecta para los nuevos grupos yihadistas“.

También hay que hacer mención al hecho de que  las autoridades españolas, aparte de esta actitud esquizofrénica de poner una vela a Dios y otra al diablo, a diferencia de otros países europeos, no controlan a los imanes que dirigen la oración en las mezquitas situadas en nuestro territorio nacional, de manera que cualquier musulmán radicalizado, aunque con apariencia de “hombre bueno” podría estar haciendo proselitismo yihadista, como ha ocurrido en los últimos atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils, con 15 víctimas mortales y más de 120 heridos, continuando hospitalizados al menos 46; número que podría haberse multiplicado sino llega a ser por la explosión casual de un chalet en Alcanar donde los terroristas preparaban explosivos para un atentado a gran escala, posiblemente contra la Sagrada Familia, monumento más emblemático de la ciudad condal visitado por miles de turistas nacionales como internacionales diariamente, lo que les llevó a la comisión de dichos “atentados low cost”, siguiendo el mismo modus operandi que los perpetrados en otros países vecinos. A lo que hay que añadir la omisión de la Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de no colocar bolardos o jardineras de hormigón de grandes dimensiones en las zonas peatonales más concurridas según recomendación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las pasadas fiestas navideñas, bajo el argumento falaz de que ello interrumpiría el tráfico rodado para la carga y descarga en establecimientos de la zona. Parece ser que esta señora tan progresista desconozca la existencia de bolardos retráctiles y otros mecanismos automatizados.

Todo esto hace que nos planteemos si la manifestación de mañana sábado, 26 de agosto, en Barcelona no deja de ser, por parte de las autoridades convocantes y asistentes al mismo un acto de hipocresía, sino fuera por la sana intención y solidaridad de los miles de ciudadanos que todavía con el dolor en nuestros corazones por las vidas sesgadas y daños causados a quienes han sobrevivido, asistiremos a la misma.

 
 

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