VALLE DE LOS CAÍDOS. A DIOS ROGANDO CON EL CAZO PUESTO Y EL BUCHE LLENO

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Hace unos días leíamos en eldiario.es la noticia relativa a que todos los gastos del Valle de los Caídos, incluidos comida, teléfono y excursiones de los monjes, corren a cuenta del Estado, lo que lo convierte en otros de los muchos dispendios que en este país se han llevado a cabo durante muchos años y, en este caso, según alertó el Tribunal de Cuentas en el año 2013, sin un presupuesto y sin ningún tipo de fiscalización, incumpliendo la Ley General de Subvenciones.

Intentado averiguar el porqué de este gasto a cuenta del erario público, nos remontamos al año 1957, año en que se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuya beneficiaria es la abadía de monjes benedictinos, de carácter privado, que recibe todos los  años una subvención directa del Estado de 340.000 euros para cumplir, entres sus fines: “Rogad a Dios por las almas de los muertos en la Cruzada Nacional”

Aparte de la contradicción que supone este tipo de gastos público en un Estado democrático como el actual, también permite constatar el incumplimiento de la propia Ley de la Memoria Histórica que prohíbe cualquier tipo de insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, al ordenar su retirada, así como de  las subvenciones o ayudas públicas (articulo 15.1). Sin que se pueda subsumir este tipo de ayudas en los acuerdos firmados con la Santa Sede en el año 1979, de dudosa legalidad ya que tienen su origen en el Concordato de 1953 bajo los auspicios  de la dictadra franquista con base en el nacionalcatolicismo imperante en aquel momento, lo que supone una vulneración de la declaración de aconfesionalidad del Estado español por la propia Constitución. Tampoco se puede justificar la concesión de tal subvención en la conservación del Patrimonio Histórico Nacional, habida cuenta que con el dinero recibido se están financiando asuntos particulares de los monjes como se ha indicado.

Tal situación nos permite demostrar la connivencia del Partido Popular bajo los gobiernos presididos por Mariano Rajoy entre los años 2011 y 2018, con cualquier tipo de asociación u organización de carácter particular entre cuyos fines esta la exaltación del franquismo, o lo que es lo mismo, de la Dictadura que, además de constituir un manifiesto incumplimiento de la normativa vigente no puede tener otra lectura que su tendencia política con olor a rancio de épocas pasadas, o lo que es lo mismo, su visión tuerta donde el ojo derecho posa su mirada en conductas que, con base a lo expuesto, tienen un tinte fascista.

“Tal situación nos permite demostrar la connivencia del Partido Popular bajo los gobiernos presididos por Mariano Rajoy entre los años 2011 y 2018, con cualquier tipo de asociación u organización de carácter particular entre cuyos fines esta la exaltación del franquismo”

El hecho que estas cuentas hayan salido en estos momentos a la luz, evidentemente, trata de generar en la opinión pública la toma de conciencia del coste que supone este mausoleo construido por el dictador para ensalzar su “santa cruzada” en la que no dudo condenar a muerte sin un juicio justo a miles  de personas que lucharon durante su dictadura por lograr una democracia, sin contar las millonarias cifras que aporta Patrimonio Nacional para su conservación y mantenimiento.

Estamos, pues, ante una aberración política y jurídica, que se ha mantenido oculta a los ciudadanos, propio de las campañas de manipulación que el Partido Popular está tan acostumbrado a practicar.

En definitiva, otro tanto a favor de la necesidad  y urgencia de que el dictador sea exhumado del Valle de los Caídos, para terminar con este tipo de prácticas irregulares, pero, sobre todo para enterrar de una vez la exaltación de la cruzada nacional incompatible con un Estado democrático, en el que debe imperar el estado de derecho, que no es otra cosa que el cumplimiento del orden jurídico vigente. Así como que se trasladen sus restos a un lugar lo más remoto posible para que  deje de ser un motivo de peregrinación; si fuera posible a cualquier desierto, desterrado, como hizo él  con miles de ciudadanos que se vieron obligados tras la instauración de la dictadura a trasladarse  a otros países para poder vivir en libertad.

 
 

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