¿PENSIONES?. QUÉ ES ESO?

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Gracias a la buena gestión del gobierno del PP la hucha de las pensiones ha alcanzado su record negativo, pasando de 67.000 millones de euros a 8.000, y todo para financiar la deuda pública que ellos mismo junto a los del PSOE han ocasionado con servicios y obras de infraestructura innecesarias, en su gran parte, además de para poder hacer frente a otra serie de gastos inaplazables como las pagas extraordinarias de los empleados públicos. Un fraude a los españoles en toda regla, mientras que ellos aseguran su porvenir con pensiones en su cuantía máxima superior a los 2.500 euros, y sólo por el hecho de haber cotizado 7 u 11 años, mientras que el resto de los ciudadanos tienen que cotizar al menos 35 años, aparte del aumento de la edad de jubilación a los 67 años, con la disculpa que, con esta media se aumentará el fondo que han esquilmado.

Estamos hablando de jubilaciones de oro frente a jubilaciones que, en su gran mayoría no superan los 1.000 euros, eso sin hablar de los trabajadores autónomos que en activo, a duras penas, en el caso del pequeño comerciante, que es el que más abunda, no obtienen ganancias suficiente para mantener abiertos sus negocios, con jubilaciones que ni siquiera alcanzan los 5.00 euros.

Podría decirse que nuestros políticos lo quieren todo, sueldo astronómicos de una media de 4.000 euros, a los que hay que añadir dietas abultadas, además de una indemnización equivalente a una mensualidad por cada año de mandato, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, para afrontar el periodo de transición que se produce entre la disolución de las Cámaras y la constitución posterior tras los correspondientes comicios electorales, sin hacer absolutamente nada de nada; es decir, por el mero hecho de quedarse en su casita tumbaditos en el sofá.

Pero, la cosa se agrava cuando al afrontar la subida de las pensiones, éstas no superan el 0,25%, al igual que los últimos cuatro años, situándose la pensión mínima en 639,3 euros para los que fueron trabajadores por cuenta ajena, un aumento tan ridículo que solamente el plantearlo parece una burla a la gran mayoría de los jubilados, máxime cuando los medios de comunicación no dejan de arrojar noticias sobre la poca catadura moral de los políticos, empezando por el presidente del gobierno cobrando en dinero negro, aunque su partido pretenda negarlo diciendo que no se sabe quién es el tal “M. Rajoy” que aparece en las cuentas de Bárcenas; aparte de los cientos de altos cargos de este partido que están siendo investigados y a los que se imputan delitos relacionados con la corrupción, como prevaricación, malversación de fondos o fuga de capitales, entre otros; de los que muchos ya han resultado condenados.

Estamos, pues, ante un sistema que hace aguas por todos los lados, donde los pobres son cada vez más pobres y más ignorados, y donde la clase política es cada vez más privilegiada y corrupta. Pero, ¿dónde está el fallo?.

La lectura que puede hacerse de lo expuesto es que los ciudadanos estamos eligiendo a quienes van a gestionar nuestros intereses cobrando suculentos sueldos para que a nosotros no den las migajas y, encima les estemos agradecidos por ello; sino, no se entiende que, a pesar de tan denigrante trato una gran mayoría de los ciudadanos les sigan otorgando su confianza a la hora de depositar su voto. Esto nada más puede ser calificado de una manera, que no es otra que la de considerar masoquista al pueblo que les vota. Por ello, no es exagerar decir que tenemos lo que nos merecemos o, por lo menos, lo que nos hemos buscado confiando en quienes sabemos que legislatura tras legislatura los intereses de los ciudadanos son lo que menos les importa.

“los ciudadanos estamos eligiendo a quienes van a gestionar nuestros intereses cobrando suculentos sueldos para que a nosotros no den las migajas y, encima les estemos agradecidos por ello”


Algunos pensarán y, ¿nos lo merecemos quienes no les hemos votado?.

Dejando al margen el juego de las mayorías que sirve para la adopción de acuerdos en democracia, la cuestión no es a quién se vota o quién lo hace mejor o peor; se trata de que tenemos una clase política en su mayoría indigna para el cargo que ostentan, porque todavía está por ver que algún parlamentario haya renunciado a su asignación, y a quienes se les llena la boca de que destinan gran parte de sus retribuciones a fines sociales, está por ver que así lo hacen, no siendo suficiente con unas cuentas publicadas en un portal de internet sin ningún tipo de fiscalización externa y neutra; máxime cuando en algún caso se ha demostrado dedicarse a intereses partidistas.

Evidentemente, en un país democrático el voto es la mayor expresión de la soberanía nacional, pero este voto no puede ser en ningún caso un cheque en blanco, de manera que es obligación de todos los ciudadanos controlar la actuación pública de quienes hemos depositado nuestra confianza, existiendo muchas formas de hacerlo, desde las asociaciones vecinales hasta participando en el gobierno de nuestra ciudades, sino activamente formando parte de los órganos de gobiernos municipales, sí mediante su control asistiendo a los Plenos del Ayuntamiento, recogida de firmas, peticiones individuales o colectivas, y como último recurso o complementado lo anterior, volviendo a llenar las calles y plazas públicas para reclamar nuestros derechos. Ya lo hicieron quienes las llenaron el 15 de mayo de 2011, cuando la crisis empezó a ahogar y a desahuciar a la clase más humilde, conocido con el nombre de “Movimiento 15M” de cuyo espíritu posteriormente ha querido apropiarse PODEMOS, cuando ha demostrado ser un partido más del sistema, con el agravante de no saber dónde están en el panorama político lo que ha llevado a confrontaciones internas en algunos territorios con su omnipotente Secretario General y su séquito.

Nadie está libre de sospecha mientras no logren volver a ganarse la confianza de un pueblo. Pero para ello, el pueblo tiene que ser más crítico, más dinámico, más implicado, debiendo tener presente la máxima de que no puede dejarse totalmente en manos de otros nuestros propios intereses, y dado que ellos no velan por ellos tal y como proclama nuestra Constitución, lo tendremos que hacer nosotros, con el suficiente juicio crítico.

El pueblo tiene que volver a hablar y ahora es el momento, sino lo hacemos, quizá nuestros hijos, o nosotros mismos, en un futuro no muy lejano, tal vez no más de 15 o 20 años, no recuperemos ese dinero que nos descontaron de nuestros salario a lo largo de nuestra vida laboral para asegurar un futuro digno, desapareciendo de nuestro vocabulario, o lo que es peor, de nuestros derechos, las pensiones.

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