NUEVO ATAQUE DEL PP A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS.

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El ministro de Justicia quiere sustituir a los jueces por un “fiscal investigador” nombrado por el Gobierno en la instrucción penal.

Son varias las manifestaciones del gobierno del Partido Popular en la precedente legislatura que constituyen ataques a la división de poderes, requisito fundamental para que un Estado pueda llamarse democrático. Un ejemplo de ello son la famosas tasas judiciales de Gallardón, las cuales mire como se miren constituyen  un obstáculo a los ciudadanos en su derecho a la tutela judicial efectiva, aunque el Tribunal Constitucional en sentencia hecha pública el pasado 29 de julio, no considera que se viole dicha tutela  debido ya que la propia Norma jurídica  acredita supuestos de exención y de pago flexible para aquéllas personas que no cuenten con suficientes recursos para litigar, declarando que la inconstitucionalidad de las tasas estriba en su carácter excesivo.

Otro ejemplo del despótico ejercicio del poder de este gobierno pasado es el rodillo legislativo, cuando ostentaba la mayoría absoluta, clara manifestación de imponer al legislativo las decisiones del ejecutivo.

Ahora que no ostentan la mayoría absoluta, sin embargo, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este lunes pasado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el fiscal releve al juez al frente de la instrucción penal, consiguiendo con ello, según el propio ministro, reducir “trámites innecesarios” y que no se den hasta tres investigaciones, estableciendo un juez de garantías que “aseguraría la protección y el control jurisdiccional en el ámbito de los derechos y libertades, imprescindible en actuaciones tales como, entre otras, autorizar diligencias que afecten a derechos fundamentales, o autorizar medidas cautelares personales y reales”.

Explica el ministro que  “la celebración del juicio debería ser inmediata, y allí practicarse la prueba plena en lugar de repetirse las pruebas en ambas fases como ocurre actualmente, lo cual es poco razonable, dilatorio y antieconómico”, añadiendo que, además, habría que llevar a cabo un recorte en los trámites judiciales para que no se dé el caso, como ocurre ahora, de que “hay testificales que se prestan hasta en tres ocasiones: policía, instrucción y juicio”.

Evidentemente la figura del fiscal investigador atenta contra las exigencias del principio constitucional que consagra la igualdad de armas procesales y la investigación contradictoria. Un sistema que se ajuste a estas previsiones pasa por mantener la figura del juez de instrucción, por introducir mecanismos de corrección y de contradicción desde el momento de iniciación de la investigación y por garantizar al acusado, al máximo, su capacidad de defensa durante toda la fase previa y, por supuesto, en el acto del juicio oral. Sólo el juez de instrucción, con sus actuales competencias, puede garantizar una investigación equilibrada.

“Evidentemente la figura del fiscal investigador atenta contra las exigencias del principio constitucional que consagra la igualdad de armas procesales y la investigación contradictoria”

Como ya viene siendo habitual por los gobiernos de Rajoy, los intereses de los ciudadanos son relegados a un segundo plano, no importándoles para ello dar apariencia de legalidad a actuaciones que van en contra de la propia Constitución Española,  herida de muerte desde hace tiempo, no porque se nos antoje decirlo a aquellos que, según ellos, somos antisistema, precisamente porque buscamos una auténtica justicia social, sino porque con sus actuaciones  manipulan el texto constitucional, convirtiendo lo que debería ser un sistema garantista de los derechos y libertades de los ciudadanos, en papel mojado, o peor aún, un arma contra todos nosotros.

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