LOS CACIQUES DE LA GRAN VÍA MADRILEÑA

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No ha tenido que transcurrir mucho tiempo  desde que Manuela Carmena, alcaldesa de la capital de España se planteara peatonalizar la Gran Vía, para descubrir los verdaderos motivos de la oposición del Partido Popular a dicha medida, con la amenaza incluida de llevar el asunto, si fuera necesario, a los tribunales de justicia.

Tales motivos, según las evidencias, no son otros que el poder aparcar en la citada calle madrileña, incluso en el carril reservado al tránsito de los autobuses urbanos y de taxis, como ya lo hizo en su momento  la Super-Woman, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y actualmente Concejal del consistorio de esta misma ciudad, con su propio vehículo, protagonizando al ser pillada por los agentes de movilidad, una huida al estilo de las películas americanas, cuando intentaron sancionarla, llevándose, incluso, la moto de uno de ellos por delante.

Todos sabemos como terminó esta historia. Por una parte la queja de la infractora alegando que era una pobre sexagenaria y que el tiempo de parada fue mínimo, tan sólo el necesario, según ella, para sacar dinero del cajero automático de una entidad financiera, con amenaza incluida hacia los agentes que cumplían con su deber de sancionar a los infractores, por  abuso de autoridad en el ejercicio, excesivo, según ella, de la fuerza coercitiva.

 Pues bien, de esta actitud, a todas luces reprobable, de una de las mandamases del Partido Popular, parece haberse contagiado otra que tal baila, en este caso, nada más y nada menos que la vicepresidenta del gobierno de la nación, Dª Soraya Saenz de Santamaría, quien ayer protagonizo en la misma vía un caso similar, aparcando su vehículo oficial, igualmente en una zona reservada al carril bus, aunque en este caso para una acción más lúdica, como es el ir a comprar a unos grandes almacenes, justificada desde el mismísimo Palacio de la Moncloa, bajo el argumento de que sólo paró para que se apease tan ilustre señora y que el vehículo dio una vuelta a la manzana para recogerla a continuación y así no interrumpir el tráfico de los vehículos destinados al servicio público del transporte de personas.

“Esta actitud, a todas luces reprobable, de una de las mandamases del Partido Popular, parece haberse contagiado otra que tal baila, en este caso, nada más y nada menos que la vicepresidenta del gobierno de la nación, Dª Soraya Saenz de Santamaría, quien ayer protagonizo en la misma vía un caso similar, aparcando su vehículo oficial, igualmente en una zona reservada al carril bus”

Este vodevil protagonizado por tan importantes señoras, representantes de los ciudadanos, no son más que una manifestación de la caradura de sus protagonistas, pero también la de una institución como es la de la Presidencia del Gobierno, por la justificación dada. En principio, porque evidencia un claro desconocimiento de las leyes, y lo que es peor, porque se trata de una justificación que nadie ha pedido, pretendiendo con ello callar a quienes criticamos tales abusos, no sólo por utilizar un vehículo oficial para temas particulares, sino por incumplir las normas de circulación, ya que  según el artículo 94.1.h del Reglamento General de Circulación, está expresamente prohibida la parada en carriles de transporte púbico y por ende en el artíuclo 94.2º.a el estacionamiento en todos los descritos en el apartado anterior en los que está prohibida la parada. Ambas infracciones están tipificadas como graves y en la misma cuantía.

Estamos ante una España de caciques, máxime cuando se trata de los dirigentes del Partido Popular, que hacen y deshacen a su antojo, importándoles un bledo las leyes y los agentes de la autoridad cuya misión no es otra que hacerlas cumplir; pero a todas luces una irresponsabilidad por lo que supone este abuso de poder o autoridad, que a la gran mayoría de los sufridores ciudadanos nos deja perplejos, sobre todo por la justificación dada, pero también cabreados por la falta de talla política de quienes son sus protagonistas, cuya obligación sería la de dar ejemplo a quienes se nos exige el cumplimiento de las normas y se nos sanciona, sin miramientos, por su incumplimiento, como no debe ser de otra manera, pero en condiciones de igualdad, que en este caso brilla por su ausencia.

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