LAS ÚLTIMAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO

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Ayer quedamos impactados por el derribo de una cruz franquista en , en cumplimiento de la conocida Ley de la Memoria Histórica, aunque desconocida por el partido del gobierno de Rajoy, provocando heridas de diferente consideración a ciudadanos allí presentes, algunos  con el objeto de dar testimonio de la lucha ciudadana que desde los albores de esta pantomima de democracia llevan exigiendo la retirada de símbolos franquistas.

Hace prácticamente un mes tuvo lugar la retirada de otro de los símbolos que todavía persistían en una de las plazas más bellas del mundo, nos referimos al medallón de Franco en la plaza mayor de Salamanca, rodeado de  polémica tras la resistencia de su alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, quizá por la añoranza hacia su padre, también alcalde de esta ciudad durante el Franquismo. En este caso a las espaldas de los salmantinos, ya que la retirada fue ocultada a la gran cantidad de ciudadanos allí presentes.

cruz demolida poco después de su construcción

El derribo de la cruz franquista en la población vasca de Larrabetzu, según hemos podido comprobar en la imágenes retrasmitidas en todos los informativos de la televisiones de nuestro país, se produjo hacia el lado contrario, seguramente por una falta de previsión de  la medidas de seguridad pertinentes, al no estar suficientemente sujeto el harnnes que debía sujetar la cruz y provocar su caída hacia el lado correcto. Pero, independientemente de las razones técnicas que provocaron su derribo inadecuado, las cuatro personas que resultaron heridas, podríamos considerarlas al día de hoy, como las últimas víctimas del franquismo, pero también del fascismo de quienes nos gobiernan, muchos de ellos hijos y nietos de este régimen ditactorial que con una mano juran sobre la Constitución y con la otra siguen saludando con la mano cara al sol, bajo argumentos tan falaces de que la izquierda no quiere dejar en paz a sus muertos para seguir obteniendo subvenciones para su exhumación, subvenciones que ellos mismos han retirado, seguramente para no tener que soportar la vergüenza de lo que han sido y siguen siendo por sus actitudes.

Miles de muertos del bando republicano siguen enterrados en las mismas cunetas en que fueron fusilados, o en las tapias de algunos cementerios, extramuros al prohibirse su inhumación en el interior por la propia iglesia o alcaldes franquista, manifestación del simbolismo de la unión entre Iglesia y Estado, según la titularidad de aquellos; por la ideología anticlerical de los fusilados. Eso sin contar aquellos restos que fueron trasladados sin el permiso y a espaldas de sus familiares a uno de los mausoleos construidos por los presos políticos de la izquierda mediante trabajo forzosos, bautizado por el mismísimo dictador como el valle de los caídos, donde también se encuentran sus restos para vergüenza de un pueblo que creyó en aquel momento y sigue creyendo ahora en la libertad.

“Miles de muertos del bando republicano siguen enterrados en las mismas cunetas en que fueron fusilados, o en las tapias de algunos cementerios, al prohibirse su inhumación en el interior por la propia iglesia o alcaldes franquistas (…) manifestación del simbolismo de la unión entre Iglesia y Estado”


Como dijo Pérez Reberte en la presentación de su libro  “La guerra civil contada a los jóvenes” en noviembre de 2015: “Sacar a los muertos de las cunetas no es por memoria histórica, es por sentido común”, manifestando, asimismo: “No me quiero sentir vinculado a un país tan vil”. Sentimiento que muchos compartimos mirando de frente a quienes deben hacer cumplir la Ley de la Memoria Histórica y miran hacia otro lado, provocando la confrontación en vez de la concordia entre quienes fallecieron en una guerra que jamás debido de existir y cuya agonía se prolongó para los vencidos hasta la muerte del dictador.

Valga las heridas abiertas a las cuatro personas por el peso de la cruz franquista derribada ayer para recordar al gobierno de Rajoy, a pesar de la pantomima del recuerdo-homenaje en la sede del PP en Madrid, del vigésimo aniversario del asesinato del Concejal Popular Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA, lo cual evidencia su doble vara de medir, pero sobre todo su miserable actuación de no querer reparar ni curar las heridas de la dictadura franquista.


 

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