EL CATASTRAZO DE RAJOY. OTRA FORMA DE SUBIR LOS IMPUESTOS

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Suele ser habitual dentro de la clase política mentir a los ciudadanos, incluidos a los propios votantes y simpatizantes para con ello conseguir más votos que el contrincante, pero, como en todo, debería existir un límite, que en este caso sería retirar la confianza del Congreso cuando las mentiras se refieren a un proyecto político que, una vez alcanzado el poder, no se cumple en su mayor parte.

No es la primera vez que desde este medio hemos denunciado la actitud del gobierno del Partido Popular, con D. Mariano a la cabeza, por su actitud patológica de engañar continuamente a los ciudadanos, lo cual se ha convertido para muchos una seña de identidad de este partido, aparte de la corrupción y la soberbia.

Sin embargo, a los españoles parece no importarles demasiado este tipo de mentiras que, incluso, como se ha indicado, algunos aceptan con el estoicismo de que las cosas no van a cambiar; otros bajo la esperanza de que ésta vez será la definitiva para cambiar el rumbo de las cosas a mejor, y la mayoría porque se dejan llevar por la política del miedo, muy habitual, también, dentro de la clase política,  para desmotivar el voto a opciones diferentes, cuestionando otras ideologías como si del “hombre del saco se tratase”, o recurriendo a momentos históricos que nada tienen que ver con el actual, o  al declive de otros países donde se ejercitan.

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“Sin embargo, a los españoles parece no importarles demasiado este tipo de mentiras que, incluso, como se ha indicado, algunos aceptan con el estoicismo de que las cosas no van a cambiar; otros bajo la esperanza de que ésta vez será la definitiva para cambiar el rumbo de las cosas a mejor, y la mayoría porque se dejan llevar por la política del miedo”



Así, la bajada de impuestos prometida por Rajoy en Campaña Electoral, como ya indicamos no hace mucho con la subida de los impuestos indirectos, no es más que un puro espejismo en este desierto de desolación que, gracias a él y a su gente, se esta convirtiendo la economía del país, en este caso al venir camuflada de un impuesto municipal como es el IBI, tributo local de exacción obligatoria por los ayuntamientos, que grava el valor de la titularidad dominial y otros derechos reales que recaen sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que recauda el tributo.

Así es, el pasado sábado el Boletín Oficial del Estado publicaba el “Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social”. Dentro de este Real Decreto, además de los impuestos anunciados por Cristóbal Montoro en el ámbito de impuestos indirectos y la subida del tipo efectivo en el Impuesto de Sociedades, también se fijaban los coeficientes de actualización de los valores catastrales, medida adoptada el pasado viernes, pero no anunciada por el Gobierno y que supone de facto la subida del IBI para los propietarios en 2.452 municipios en toda España a partir del próximo 1 de enero.

Al ser esta una medida destinada a modificar el valor catastral de los bienes inmuebles con la intención de adaptarlos al precio de mercado, supone de facto una subida de impuestos indirecta, ya que al subir el valor catastral, sube también el IBI. En algunos casos puntuales y dependiendo de cuándo se produjera la última actualización del valor catastral, de ésta puede resultar una bajada del valor, lo que podría llegar a suponer una bajada del IBI, siempre y cuando el Ayuntamiento decida no subir el importe para no ver disminuida su recaudación. (En cualquier caso, esta medida suele solicitarse por parte de las entidades locales para incrementar su recaudación y no para reducirla).

De la misma manera, aquellas viviendas, construcciones, locales, etc. cuya última actualización se produjo entre los años 1984 y 2000, sufrirán unas subidas importantes de valor catastral, lo que implicará, previsiblemente, un fuerte incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que devenga el Ayuntamiento. Según las tablas de Hacienda en ese periodo encontramos más de 1.760 municipios. De ellos, 900 se actualizaron por última vez en 1989 y 1990.

Sin embargo, los bienes de la iglesia católica seguirán sin tributar, en cumplimiento del acuerdo  entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, firmado en Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979, además de otras bonificaciones que se suelen aplicar en la implantación de nuevas empresas.

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