Atrapados en la nieve

No es una casualidad que a la Navidad le haya dado por despedirse con una gran nevada, y no lo es, porque entra dentro de lo normal que en invierno en nuestro país haga frío, incluso en aquellos lugares que en verano la temperatura alcanza los cuarenta grados centígrados.

Lo que no es normal es que en este nuestro querido país, no estemos preparados para situaciones de emergencia como la que ayer tuvo lugar en la AP6 en la provincia de Segovia, con más de tres mil vehículos atrapados por la nieve sin ningún tipo de ayuda por parte de los servicios públicos encargados de prestar auxilio a personas que llevaban, algunas más de 18 horas, inmovilizadas por el temporal. Sólo la solidaridad de los vecinos de poblaciones próximas ayudaron a algunas de familias a soportar tan larga y fría espera, hasta que la Unidad de Emergencia del Ejercito pudo llegar a los afectados a altas horas de noche para retirar todos los vehículos afectados que impedían el paso de los quita nieves.

Resulta vergonzoso que servicios públicos que pagamos todos los ciudadanos, salvo aquellos estafadores de los público que llevan su ahorros a paraísos fiscales, funcionen de forma tan chapucera, siendo más vergonzoso, si cabe,  que el propio gobierno trate de sacudirse de encima todo tipo de responsabilidad bajo el argumento que son los concesionarios de las autopistas los únicos responsables.

Es cierto, que cualquier concesión para la prestación de un servicio público, sea el concesionario quien debe ejecutarlo a su riesgo y ventura con arreglo al pliego de cláusulas administrativas y técnicas que hayan regido la adjudicación del mismo, pero también lo es, que existen autoridades encargadas de controlar que estos servicios funcionen de manera adecuada, pues, a pesar de que estemos hablando de una gestión privada de un servicio público, mal llamada privatización, el servicio sigue siendo público; aparte de los funcionarios o empleados públicos que, en situaciones como ésta deben estar a disposición de la ciudadanía prestando el auxilio correspondiente, como es el caso de los agentes de tráfico de la Guardia Civil, servicios de emergencia del 112, o los militares de la UME que han sido uno de los pocos que han estado a la altura de las circunstancias una vez que se ordenó su intervención.

Es lógico que una vez alcanzada la normalidad en el servicio de la citada autopista se busquen las responsabilidades correspondientes de quienes por su ineficacia provocaron un caos de tal magnitud, pero también lo es que, quien tiene la máxima responsabilidad en este asunto como es el Ministro de Fomento y el Director General de Tráfico deben ser los primeros en asumir la que a ellos les corresponde, de manera que sin en el año 2009 el actual presidente del gobierno, entonces en la oposición, exigió la dimisión de la Ministra socialista Magdalena Álvarez por una situación similar a la de este fin de semana, debería hacer él lo mismo con su Ministro; pero, como ya sabemos la palabra dimisión parece no existir en el diccionario particular de nuestros políticos, con independencia de quien ocupe la bancada azul del Congreso.

“quien tiene la máxima responsabilidad en este asunto como son el Ministro de Fomento y el Director General de Tráfico deben ser los primeros en asumir la que a ellos les corresponde”


También, es cierto, que cuando los ciudadanos nos ponemos en carretera debemos tomar las medidas adecuadas para evitar situaciones como ésta, como disponer en el vehículo de las correspondientes cadenas, pero también lo es que no se puede dejar a los ciudadanos tirados cuando su propia integridad física está en peligro, bajo el falaz argumento del portavoz del Gobierno del Partido Popular, Fernando Fernández Maillo, que aparte de dejar caer todo el peso de lo acaecido sobre el concesionario ha tenido la poco vergüenza de hacer también responsables a los que sufrieron las consecuencias de una ineficacia pública de tal magnitud; aunque de este señor quienes lo conocemos de cerca cuando estuvo al frente de la Diputación de Zamora, poco bueno se puede decir como gestor público, salvo que es un experto en medrar en política.

Lo bueno de todo esto es que no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal y, aunque, situaciones como éstas es mejor olvidarlas por aquellos que la han padecido, sin embargo, no debemos olvidar que no es la primera vez que esto ocurre y, posiblemente, dado como funcionan los servicios públicos en este país, no sea la última.

No es suficiente con pedir disculpas por parte del gobierno, porque los ciudadanos necesitamos tener confianza en quien nos gobierna y, por lo tanto, la seguridad que en futuras ocasiones se ateje con los medios adecuados estas situaciones de emergencia.

Reclamar los daños ocasionados es sólo una manera de paliar nuestra necesidad de que la justicia funcione, siendo por ello que los afectados no deben dejar de exigir compensación por los daños y perjuicios ocasionados a través de la denominada responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, para lo cual disponen de un año, porque no hacerlo sería, aparte de renunciar a un derecho que les corresponde, una manera de tolerar la ineficacia de los servidores públicos.

Feliciano Morales

Licenciado en Derecho. Técnico Superior en Telecomunicaciones. Asesor jurídico de Administración Pública. Administrador Plazabierta.com. Escéptico por naturaleza y soñador de vez en cuando.

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Feliciano Morales Escrito por el Ene 8 2018. Archivado bajo Actualidad, Nacional. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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