Echar gasolina al fuego nacionalista.

Vicente Serrano ♦Miembro de la Junta Directiva de la asociación Alternativa Ciudadana Progresista

 

Jueves, 12 de agosto  de 2019

Parece ser que Vox ha conseguido que la Junta de Andalucía apruebe una partida de 100.000 euros en subvenciones a comunidades andaluzas “en zonas con problemas en materia de inmersión lingüística“.

En esta España de las identidades nada como la interesada diferencia y no es que se quiera matar moscas a cañonazos, no. Es más bien lanzar fuegos artificiales sobre un bosque muy seco. Las autonomías en España parecen más preocupadas de crear identidades diferenciadoras que en fomentar ciudadanía. ¡Terrible!

Los que sufren la inmersión lingüística en Cataluña no solo son los catalanes originarios de Andalucía, no, son todos los catalanes, es decir españoles residentes en Cataluña, más todos los inmigrantes extranjeros, que aquí residimos –nacidos aquí, allí o acullá, da igual–, es decir ciudadanos.

La incidencia de esas subvenciones es cero patatero y solo sirve para alimentar controversias identitarias y ganar votos el Vox de turno, llámese Vox o PDCat o ERC.

La Segunda República Española no quiso definir a España como un estado federal por los desastres de la Primera –en la que se entendía lo federal como confederal y acabo con el desastre del cantonalismo–, se definió como estado integral y marcó unos criterios para la creación de autonomías, del que es heredero nuestro actual sistema autonómico… un poco más laxo, eso sí. 

Las competencias de Cultura y Enseñanza están traspasadas a la Comunidades Autónomas y se han vaciando los ministerios de ámbito estatal de mecanismos de control y gestión, la inhibición de la Alta Inspección del Estado –en los flagrantes casos de adoctrinamiento o asimilacionismo cultural, denunciados recientemente con motivo del proceso independentista en Cataluña, que esconde la mal llamada inmersión lingüística– demuestra, por un lado un error de diseño en la Constitución del 78 y por otro una falta de proyecto para España de los grandes partidos nacionales (estatales)

Así pues el problema no es solo la lengua. 

Está bien que se haga una ley de lenguas para toda España. No pretendo en este artículo entrar en la polémica sobre la propuesta de Ley de Lenguas de Mercè Vilarrubias, que a mi modo de ver, y sin querer echar leña al fuego, peca de buenista. En todo caso habrá que hablar de las líneas maestras de esa ley. En la Constitución están bien definidas en su artículo 3, solo cabe desarrollarlo. 

Por si alguien no se acuerda:

Artículo 3. 

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Si el problema es más que la lengua implica que es necesario replantearse reformar la Constitución –no hablo del art. 3–, no para contentar a los nacionalismos (periféricos o centrales), si no para organizar mejor territorialmente el país definiendo claramente las competencias de las autonomías y eliminando cualquier blindaje. Y eso es algo que puede suponer el retorno de competencias, ahora en las autonomías, a la administración central. Hablo de Educación y Cultura. 

No pueden existir competencias blindadas. Existe la posibilidad de una cogestión jerarquizada mediante una ley de bases que garantice que la enseñaza y la cultura no están al servicio de construcciones nacionales o procesos segregadores.

Dada la experiencia de los últimos 40 años y que las leyes (Constitución y Estatutos) han dado alas a toda una caterva de insolidarios y egoístas –por definir suavemente al nacionalismo– ya es hora de plantear las reformas necesarias que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos (españoles o no), vivan donde vivan, en España. La fidelidad constitucional no puede depender de la voluntad de los políticos en el poder, independiente de la administración en la que actúen, han de tener unas leyes muy bien delimitadas de lo que es legal y de lo que no, de lo que les compete y de lo que no. 

Si el gobierno o el parlamento de una comunidad autónoma no tienen competencia para convocar referéndums independentistas o para elaborar leyes contrarias a su estatuto o a la Constitución, habrá que definir más claramente esos delitos y su pena, así como los mecanismos para regularizar políticamente la situación. Si se hubiera elaborado una ley orgánica que regulara la aplicación del artículo 155 de la CE, según cada situación, tal vez nos habríamos ahorrado más de un disgusto.

Reformar la Constitución implica una reforma posterior de los Estatutos para adaptarlos a la nueva ley de leyes. Por ello es importante llegar a grandes consensos que solventen la actual crisis de convivencia y prevea futuras.

Acabando. Ley de lenguas, sí. Pero acompañada de:

  • Desaparición de la mal llamada inmersión lingüística
  • Retorno de competencias, total o parcial, de Educación y Cultura a la administración central.
  • Ley de bases sobre enseñanza para, en todo caso, garantizar el bilingüismo en la enseñanza en las comunidades bilingües.
  • El Estado ha de ser garante del contenido completo del artículo 3 de la Constitución. 

Deberíamos replantearnos la errónea frase “pensar globalmente y actuar localmente” que ha alimentado una visión segmentada y nacionalizadora del mundo, como si lo pequeño fuera más justo, cuando tiende a ser más insolidario e injusto… la realidad es que últimamente se acaba “pensando localmente y actuando globalmente”. El proces es el caso más paradigmático. 

Es hora de pensar globalmente y actuar globalmente. España en tanto que nación política es un ente global, sin dejar de pensar en que lo global es todavía más amplio…

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