La sociedad de los tres monos

Empresario, escritor vocacional y estudioso de la gastronomía tradicional española

 

Miércoles, 21 de agosto de 2019

Me preocupa esta sociedad. Me preocupa la incapacidad evidente de enfocar los problemas correctamente. Me preocupa, con preocupación presente y futura, el abismo intelectual, social y educativo con el que las ideologías de diferente índole y cariz la van castigando hasta sumirla en una dicotomía que lastra su solidaridad, envilece su pensamiento y destroza su capacidad de enfrentar correctamente aquellas cuestiones que le hurtan la esperanza de poder ser mejor.

 

 

No hace tanto que, con gran revuelo mediático, el gobierno propuso subir el salario mínimo interprofesional a mil euros al mes. No hace tanto que, con gran revuelo mediático, los poderes económicos se hacían cruces y anunciaban catástrofes inenarrables para la economía de este país. No hace tanto que oyendo a unos y a otros no sabía si se me caería la cara de vergüenza, ajena, o podría contener con algún éxito el descuelgue de mandíbula que el despliegue informativo, perdón, el despliegue opinativo, estaba llegando a producirme.

¿Era posible tal desfachatez por parte del gobierno? ¿Era posible tal falta de ética por parte de los poderes económicos? ¿Era posible tal falta de objetividad y visión de la realidad por parte de una sociedad dispuesta a alinearse ciegamente con quién su querencia ideológica lo demandara?

Sí, era posible. Era, es, y parece ser que será, lamentablemente posible.  Pero vayamos por partes, por protagonistas.

El nombre de salario mínimo interprofesional me parece una burla tal como está enfocado, tal vez salario de incapacidad supervivencial, o salario de incapacidad adquisitiva, o, directamente, tomadura de pelo, que al final es lo que es.

Se supone que el salario mínimo interprofesional, SMI para no tener que escribir tanto, y porque ya todo se nombra por siglas, debe de garantizar una retribución digna a cualquiera que desarrolle un trabajo. Se supone, digo bien, porque me gustaría saber con qué parámetros se calcula, por qué mil y no novecientos ochenta o mil cuatro con treinta y tres. ¿Qué se supone que garantiza ese montante? ¿Cuánto le cuesta al empresario? ¿Se garantiza también a los autónomos? A esto último, que es lo más evidente, la respuesta rotunda es no, ya se encargan el estado y su sistema retributivo de provocar, si la coyuntura lo requiere, que los ingresos de los autónomos puedan ser incluso negativos. Luego, primera tomadura de pelo, o los autónomos no desarrollan labor retribuible y solo se dan de alta por alegrar a la AT, o no son profesionales a pesar de sus profesiones, por lo cual no se pueden dar por aludidos. Es decir, que en el peor de los casos los autónomos tienen que pagar por trabajar, o por la expectativa de llegar a hacerlo.

A la primera pregunta la respuesta también es clara, suponerse se puede suponer lo que se quiera, pero la realidad es que garantizar, lo que se dice garantizar, tal como está la vida, no se garantiza con el SMI otra cosa que una imposibilidad de supervivencia individual. En la mayoría de las ciudades españolas no se puede acceder a una vivienda, pagar los costes de agua, energía y otros, preocuparse de una manutención razonable y hacer frente a otros gastos que la recaudación grava y el mercado alza, con los mil euros de los que hablamos, y si alguien tiene alguna duda, que lo pruebe, se le quitarán las dudas de golpe.

A la segunda también vamos a buscarle las vueltas. Más, al empresario le cuesta un porcentaje más que sale de su beneficio, o sea, el trabajador gana más, el empresario paga más y gana menos y el estado recauda más a la vez que justifica más impuestos para hacer frente a un gasto que no solo no soporta, si no que le beneficia. Y, como es lógico, los empresarios protestan. Sobre todo los pequeños y medianos empresarios, esos que, siendo autónomos por obligación, tienen que buscar la forma de financiar algo que en muchos casos no tienen de donde detraer y que, además, no tienen  acceso a los beneficios fiscales de las grandes empresas. Pero eso no importa, porque al ser empresarios, para una gran parte de la población, son insolidarios, millonarios y explotadores. Así los presenta el imaginario que ciertas ideologías manejan y que difícilmente se corresponde con la realidad, a poco que se tire de libros y resultados.

Así que nos encontramos con una tesitura en la que nada es verdad, ni nada es mentira, ni nada es del color del cristal con que se mira, salvo para los que llevan una retina deformada por alguna ideología, una gran parte de la sociedad, desgraciadamente.

Podríamos entonces convenir en que todos los actores sociales intervinientes en la trifulca tienen razón, casi todos. Los trabajadores porque el SMI es insuficiente para vivir de una forma mínimamente digna. Los empresarios porque el estado se aprovecha de su posición para gravar sus beneficios a cambio de nada. Bueno, de nada no, de propaganda para la ideología del demagogo de turno. Los autónomos porque a ellos nadie les garantiza nada, y los jubilados porque su pensión es inferior a ese baremo de supervivencia que los gobernantes se sacan de una chistera sin fondo, sin forro y sin vergüenza.

Aumentar el SMI es imprescindible. No gravar a los pequeños y medianos empresarios para lucirse es de justicia. Igualar las pensiones mínimas al SMI es de sentido común. Extender el beneficio a los autónomos es, simplemente, aplicar una justicia igualitaria. Y lograrlo, lograrlo es el problema con un sistema poco interesado en las soluciones reales y muy pendiente de las alharacas ideológicas, que es para lo que está montado.

Ni la derecha, preocupada por favorecer a las grandes fortunas y a las grandes empresas, está interesada en que el SMI sea otra cosa que un parámetro vendible, ni la izquierda, preocupada en exprimir al mediano y pequeño contribuyente mientras dice que su objetivo es el grande, está interesada en que el SMI sea otra cosa que un parámetro vendible.

Para que el SMI fuera un parámetro coherente tendría que calcularse de forma que realmente supusiera una estimación fiable del costo real de la vida por individuo, en base a los verdaderos costos de las partidas fundamentales. En ese momento, además, serviría como base referencial de otros muchos indicativos económicos y permitiría la elaboración de una fiscalidad con vocación de justicia distributiva. Podría analizarse el enriquecimiento, definir la acaparación, analizar los beneficios empresariales y referenciar tantos otros parámetros fundamentales para una justicia distributiva en SMIs. O sea, nada que interese a nadie.

Y no interesa a la derecha porque tirará del famoso mito de que con un sistema realmente distributivo se alimenta a los vagos, y a los pícaros que buscaran la forma de cobrar sin trabajar, que haberlos haylos y suelen ser los que más protestan, falacia fácil de desmontar si el interlocutor tiene algún interés más en el tema que el de defender una posición ideológica o repetir imperturbable los mantras aprendidos sin necesidad de demostrarlos ni de demostraselos a sí mismo. Y no interesa a la izquierda, porque siendo una suerte de derecha camuflada, de contra derecha, no necesita pensar en nuevos sistemas, cuanto menos de ponerlos en marcha, o simplemente pensar, si para lo que realmente quiere, que nada tiene que ver con una justicia distributiva, no necesita devanarse los sesos y lo puede obtener empobreciendo a los demás subiendo los impuestos y aumentando el déficit, que ya vendrán otros que lo paguen con el dinero que no es de nadie.

Realmente, como bien decía al principio, me preocupa esta sociedad de monos que no ven, no escuchan, y son incapaces de hablar para pedir: libertad, igualdad y fraternidad reales. Una sociedad capaz de mirar con equidad a sus miembros y proyectarse hacia un futuro de esperanza. Una sociedad basada en valores diferentes al enriquecimiento, el poder, el acaparamiento y la competencia. Ya sabéis, hablando cómodamente, una utopía.

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