Proceso al procés: El secesionismo, en la estación términi de su impunidad

Rodrigo Vázquez de Prada y Grande||

Periodista. Director de Crónica Popular||

España inicia 2019 en la recta final del proceso al procés. El martes, 12 de febrero, comenzará ante la sala de lo Penal del el Tribunal Supremo, el juicio a los máximos autores del golpe de Estado del secesionismo catalán en septiembre y octubre de 2017, en sesiones del Parlamento autonómico vulneradoras en cascada de la Constitución española y del Estatuto de Cataluña.Es decir, España aborda en estos próximos días el problema más grave para nuestra democracia surgido desde la promulgación de la Constitución de 1978, sin duda alguna, la mejor carta magna que ha tenido nuestro país desde los albores del constitucionalismo, en 1812.

España inicia 2019 en la recta final del proceso al procés. El martes, 12 de febrero, comenzará ante la sala de lo Penal del el Tribunal Supremo, el juicio a los máximos autores del golpe de Estado del secesionismo catalán en septiembre y octubre de 2017, en sesiones del Parlamento autonómico vulneradoras en cascada de la Constitución española y del Estatuto de Cataluña.Es decir, España aborda en estos próximos días el problema más grave para nuestra democracia surgido desde la promulgación de la Constitución de 1978, sin duda alguna, la mejor carta magna que ha tenido nuestro país desde los albores del constitucionalismo, en 1812.

spaña inicia 2019 en la recta final del proceso al procés. El martes, 12 de febrero, comenzará ante la sala de lo Penal del el Tribunal Supremo, el juicio a los máximos autores del golpe de Estado del secesionismo catalán en septiembre y octubre de 2017, en sesiones del Parlamento autonómico vulneradoras en cascada de la Constitución española y del Estatuto de Cataluña.Es decir, España aborda en estos próximos días el problema más grave para nuestra democracia surgido desde la promulgación de la Constitución de 1978, sin duda alguna, la mejor carta magna que ha tenido nuestro país desde los albores del constitucionalismo, en 1812.

Y lo hace en un clima enrarecido en grado sumo, en el que muchos españoles asisten indignados y perplejos a la continuidad de la “inadmisible deslealtad” del secesionismo catalán con el sistema democrático que les ha permitido dirigir la política de la Comunidad Autónoma de Cataluña y observa que el estéril y bravucón desafío supremacista corre pareja a una acción de gobierno dirigida por el presidente Pedro Sánchez cada vez más contestada desde las propias filas socialistas. 

Las consecuencias del secesionismo

Básicamente, además de la creación de un problema realmente serio en nuestra democracia, los contornos particulares que perfilan esa situación creada por el secesionismo son los siguientes: la dejación irresponsable por parte del Parlamento autonómico catalán de la mínima labor legislativa encaminada a resolver con lo que Lenin llamaba “políticas prácticas” los problemas de quienes – sobre todo, la clase trabajadora- los tienen cada vez con mayor intensidad en su vida diaria; una peligrosa fractura de la convivencia entre catalanes creada por el irresponsable independentismo y su patética política de los sentimientos como nunca antes había existido; la práctica desaparición de la lengua oficial de España, el castellano, en la enseñanza pública, algo impensable en cualquier otro país europeo; la persistencia del adoctrinamiento en los mitos nacionalistas y en la hispanofobia, tanto desde los centros docentes como desde los medios audiovisuales autonómicos, convertidos unos y otros en el más potente instrumento de manipulación de conciencias; el deterioro progresivo del orden público, vulnerado por los petulantemente autodenominados comités de defensa de la inexistente República, que se permiten cortar carreteras y sembrar de estiércol las entradas a los juzgados. 

Y, en fin, la creciente profundización de la crisis económica de aquella región desde 2017. Una profundización de la crisis económica, expresada no solo en la fuga de 5.085 empresas, que decidieron trasladar su sede social fuera de Cataluña, entre ellas el Banco Sabadell, CaixaBank, Cellnex, Abertis y Colonial, sino también en otros índices como los que reflejan el aumento del paro y el descenso de las inversiones, de la entrada de turistas y de la creación de empresas. 

Como corolario de este cúmulo de desastres, todo ello, lamentablemente, está poniendo en riesgo y llevando por delante muchos de los valores y principios sobre los que se asienta nuestra democracia. Y, al mismo tiempo, está reduciendo progresivamente el número de votantes de la izquierda, gran parte de la cual camina enfangada entre el discurso nacionalista y la demagogia peronista del populismo podemita, la antítesis de lo que su teoría y su praxis política exigiría. O, por decirlo de modo más claro, está provocando la más profunda crisis de la izquierda española, para atajar la cual se está levantando la voz de formaciones de nuevo cuño, como La Plataforma La Izquierda Hoy, en Madrid, e Izquierda en Positivo, en Barcelona. 

Desgobierno y cesiones desde el sanchismo

Una crisis, en fin, en la que “el sanchismo”, esa irreconocible versión un tanto podemizada del principal partido de la izquierda, el PSOE, literalmente desgobierna desde La Moncloa caminando sobre el filo de la navaja, lanza a la opinión pública propuestas que no ha estudiado con el rigor que se debe exigir a todo gobierno y, creyendo que su apelación al diálogo con el secesionismo podrá calmar su decidido objetivo independentista, juega peligrosamente con “la indisoluble unidad de la Nación española”, sobre la que se fundamenta nuestra Constitución, tal como proclama su artículo 2º. 

Una deleznable operación que, al igual que se puede decir de la destrucción de Izquierda Unida por Podemos y sus aliados internos y, en realidad, del propio PCE, si hubiera sido inspirada desde las cavernas de la inteligencia al servicio de la reacción, no hubiera podido ser diseñada y aplicada de mejor manera. 

En la hemeroteca y las televisiones ha quedado registrado todo un catálogo de auténticas cesiones al separatismo regaladas por Pedro Sánchez, la última de las cuales, la propuesta de añadir un relator a una extraña “mesa de partidos”, ha terminado soliviantando de nuevo, y con razón, a quienes mejor representaron al PSOE de Gobierno y Estado, como Felipe González y Alfonso Guerra, situados públicamente al lado de los llamados “barones” socialistas. En la presentación de su libro La España en la que yo creo, quien fue vicesecretario general del PSOE durante veinte años y vicepresidente del Gobierno desde 1982 hasta 1991, lanzaba un duro interrogante a los miembros del Gobierno de su propio partido: “¿Nadie es capaz de comprender que están calcinando la democracia al atender los requerimientos de un grupo de salteadores de la nación?”

El fin de la impunidad para el independentismo

En este complejo marco político, en estos próximos días comienza la hora de la verdad para el secesionismo. La cuenta atrás para el final de la impunidad del patético grupo de iluminados que tanto daño están haciendo a España. A la España en el corazón de Pablo Neruda, a la España de Blas de Otero. A la España democrática que, tras cuarenta años de dictadura franquista, reconquistó las libertades en un proceso de Transición que alguien tan poco sospechoso de conservador como el hispanista norteamericano Herbert R. Southworth, autor, entre otros, de “El mito de la Cruzada de Franco” (Ruedo Ibérico, 1963) calificó como “una experiencia única en el mundo“.´ Porque, conviene recordar de vez en cuando estos datos, a Southworth se debe haber acuñado el carácter de verdadera originalidad de nuestra Transición, mal que les pese a los secesionistas y a sus acólitos izquierdistas.

En marzo se cumplirá un año en que el juez del Tribunal Supremo Pablo LLarena dictó el impecable auto de procesamiento por rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos contra la cúpula del secesionismo. A la cabeza de este equipo, el fugado de la justicia ex presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, el ridículo residente en Waterloo, al que sucedió en calidad de vicario otro personaje, carlista y xenófobo, digno de figurar, como él mismo Puigdemlont, en una rememoración del Celtiberia Show de su paisano, el escritor y periodista catalán Luis Carandell. 

Y aquel riguroso auto de procesamiento fue confirmado en el mes de mayo por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que consideró “suficientemente razonable” calificar los hechos como delito de rebelión porque existió “un alzamiento con un uso torticero del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley”.

Como era previsible, desde entonces, tanto el juez Llarena como la Justicia española en general fue continuamente descalificada desde el secesionismo con una campaña internacional que, sin embargo, no ha logrado aportarle el apoyo de ningún país, pese al desatino de la resolución de los tribunales de Bruselas y de Schleswig-Hollstein. Estaba cantado que así sucedería. 

Sin embargo, al mismo tiempo, desde algunos medios próximos a la izquierda líquida y desde círculos cercanos al ex juez Baltasar Garzón, el amigo del ex policía Villarejo- ¡Qué magnífico “retrato de familia” la conversación de éstos y la Ministra de Justicia, grabada por el ex policía corrupto!- , se ha venido poniendo en cuestión la existencia del delito de Rebelión en la conducta de los altos cargos de la Generalitat y del Parlament. Una suerte de condescendencia de hecho con el secesionismo, ocultada tras la apariencia de una discusión de naturaleza jurídica acerca de una supuesta desproporcionalidad en el encaje penal de los hechos, pero que, en cualquier caso, representa un extraño intento de rebajar la gravedad de unas conductas cuya gravedad no puede quedar impune. 

Frente a tales embates, sin embargo, la justeza en la calificación de aquellas formulada por el juez Pablo Llarena cuenta con el respaldo de las más prestigiosas personalidades del Derecho español. Así, por citar algunas de ellas, merece la pena recordar que, ya en agosto de 2017, el catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández, calificaba en El País con total claridad de golpe de Estado la aprobación en el Parlament de las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y la celebración del referéndum que conduciría, de triunfar el “sí”, a la proclamación de la República catalana, tal como después ocurrió. Citando expresamente la definición de golpe de Estado acuñada por el inspirador de la teoría pura del Derecho, el austríaco Hans Kelsen, el profesor Javier García Fernández explicaba entonces que “la única diferencia entre los anteriores golpes de Estado que ha habido en la Historia y el de los independentistas es que este se anuncia a bombo y platillo y nos cuentan las medidas que adoptarían en caso de fracaso. El procés es un golpe de Estado como un castillo, sin carros de combate pero con los mismos efectos políticos y jurídicos. No es muy diferente de otro proceso, el que pusieron en práctica los nazis en 1933”.

Y, en septiembre de 2018, otro catedrático de Constitucional, Jorge de Esteban, sin duda el más riguroso especialista en la Constitución de 1978, escribía en El Mundo que “poco antes de la de 2017, el Govern había logrado que una mayoría aprobase dos leyes que constituían un claro golpe de Estado o rebelión sui generis, pues, según señala el artículo 472 del Código Penal “son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para derogar , suspender o modificar total o parcialmente la Constitución”. 

Y en similares posiciones se manifestaron también, en recientes fechas, el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Gimbernat, y el ex fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en sendos artículos reproducidos en Crónica Popular. O la Unión de Fiscales Progresistas, asociación a la que pertenecía la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuya última declaración glosa en estas mismas páginas Jiménez Villarejo.

Lo dicho. En unos días, los supremacistas secesionistas catalanes comenzarán el recorrido hacia la estación términi de su impunidad. Y de nada les valdrá ya ni el estiércol esparcido por los izquierdistas nacionalistas ante los juzgados catalanes, ni la continuidad de las bravuconadas verbales de Torra, Torrent y Artadi, ni la propagación de la nueva leyenda negra que difunden internacionalmente contra España, financiada con fondos públicos. Al igual que sucedió en 1981, con la condena de los golpistas del 23 F, la democracia española se fortalecerá cuando todo el peso de la ley caiga sobre quienes crearon a nuestro país la situación más grave jamás registrada desde la reconquista de las libertades y derechos democráticos.

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1 Comentario por “Proceso al procés: El secesionismo, en la estación términi de su impunidad”

  1. Francisco

    Nunca he estado más en desacuerdo con usted. Llevo toda la vida viviendo aquí y a su relato absolutamente partidista y subjetivo le faltan:
    Una violencia, que si la ha habido ha sido ejercida desproporcionada y brutalmente por las fuerzas del orden (o debería decir de ocupación? ya que es como se comportaron),
    La falsa desaparición del castellano (que me parece muy irresponsable por su parte) que es mi lengua materna y nadie, nunca ni tan siquiera me ha afeado su uso,
    La absoluta culpabilizacion de Catalunya por todo lo que ha pasado y esta pasando me parece igualmente irresponsable e infantil. Los malos políticos de aqui y de allí nos han llevado a esta situación. Ambos han desoído y ambos han robado, entre muchas otras cosas. Y Catalunya es mucho más que sus malos políticos, igual que España es mucho más que sus malos políticos.
    Tampoco cita ninguna de las muchísimas injusticias e irregularidades que se han cometido desde los órganos de gobierno españoles desde sus insolidarias presiones fiscales y redistribuciones, hasta las irregularidades cometidas en las designaciones de jueces según qué y a quien se juzgue.
    Hace ya tiempo que quedo muy claro que la justicia no es igual para todos. Si la traición a la patria se debe al robo a manos llenas del dinero de todos en las arcas públicas, la justicia no tiene peso ninguno, sean estos los cientos de casos aislados de corrupción del PP o los abusos de la banca, pero si unos señores deciden votar, la justicia debe caer sobre ellos con todo el peso de la ley. A que jugamos
    Podría extenderme muchísimo más, pero creo que con esto basta.

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