Cuando los sinvergüenzas son premiados

Montoro recibe el apoyo y espaldarazo del presidente, Rajoy.

Montoro en actitud amenazante en ruda de prensa

Apoyo a Montero de su grupo parlamentario tras la Sentencia del Tribunal Constitucional.

 

 

 

Montoro recibe el apoyo y espaldarazo del presidente, Rajoy.

No es la primera vez que nos ocupamos de Cristobal Montoro y de su gestión económica como ministro de hacienda, ese mismo al que no le ha dolido en prenda amenazar a quien no cumpla con sus obligaciones fiscales, incluso poniendo en el candelero a determinados colectivos y personas,

excediéndose de sus funciones y haciendo gala de un humor sarcástico que en su persona resulta inapropiado, no sólo porque  no hace ni puñetera gracia,  sino también porque  viniendo del ministro de la cartera más odiada por los ciudadanos  lo que hace es sembrar la desconfianza ante una actitud tan prepotente, burlesca y hasta descarada.

Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy ha incumplido todos y cada uno de los objetivos iniciales de déficit comprometidos con Bruselas, siguiendo la misma estrategia de siempre, que no es otra que esperar a aprobar las cuentas para empezar a negociar la revisión al alza de dichos compromisos.

Pero los excesos de Montoro no sólo se refieren a cuestiones formales, sus abusos de poder van más allá siendo muestra de ello la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal llevada a cabo en 2012 por el Gobierno del PP, además de una gestión que ha arrojado un gasto de 363.000 millones, que siguen creciendo; gestión de la que ha sacado pecho en el debate de los presupuestos generales del Estado para el presente ejercicio, bajo el argumento que “siempre que ha habido déficit excesivo ha habido poco empleo“, por lo que aseveró que cumplir los objetivos de déficit no sólo es una “obligación” con las autoridades europeas, sino que “conviene” al país

No obstante, aunque la amnistía fiscal pretendía la reducción del déficit del gobierno, sin embargo, el Constitucional considera que no hay excusa válida, porque cualquiera que sean los fines del legislador estamos ante una abdicación de las funciones del Estado, y lo que es peor un error gubernamental que, de alguna forma legitima “como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación”. En definitiva como el propio Tribunal declara, se trata de “medidas que se aprovechan del fraude fiscal en plena crisis”, sin que se haya respetado los principios establecidos en orden a conseguir un sistema tributario justo”. Pero, lo peor de todo es que, como hemos indicado, no ha servido, ni siquiera para lo que pretendían.

Estamos, pues, ante actuaciones del gobierno que no solamente suponen un vapuleo de los propios ciudadanos, sobre todo de los abajo, como siempre, de los que soportan la mayor carga del sistema fiscal; sino también de la Norma Marco del Estado, de la propia Constitución de la que ellos mismos presumen de ser los máximos garantes como “buenos” patriotas.

Yo pago, tú pagas, y ellos se dedican a aumentar el gasto político, aunque no es el único gobierno que lo ha hecho, ya que el propio artífice de la transición, Adolfo Suárez, también aprobó una amnistía fiscal, y otras dos se aprobaron bajo gobiernos del PSOE, siendo sus protagonistas  el ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer en 1984, y otra en 1991, con Carlos Solchaga al frente del departamento. En los tres casos el instrumento jurídico fue una ley, y  en los dos últimos casos se trataba de blanquear el capital comprando pagarés o deuda pública.

Sin embargo, la aprobada durante el ministerio de Montoro denota su inutilidad, no sólo porque el déficit público en España alcanza casi el 100% del PIB, sino porque se ha aprobado mediante un Decreto-Ley, técnica legislativa que  el propio ordenamiento jurídico reserva para determinados casos, en virtud de razones de urgencia —que impiden, por ejemplo, obtener la autorización para un decreto legislativo o la dictación de una ley propiamente como tal—, aunque requieren de convalidación por parte del poder legislativo, habitualmente en un plazo breve, requisito que no  les preocupaba lo más mínimo debido a su mayoría absoluta en el Congreso en el momento en que la amnistía fue aprobada; circunstancia que también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional en su reciente Sentencia.

Estamos, por tanto, ante uno de los muchos abusos de poder que tanto los gobiernos del Partido Popular como del PSOE, ante circunstancias adversas que ellos mismos han propiciado como consecuencia de sus nefastas gestiones al frente del Ejecutivo, que todos pagamos, algunos puntualmente, cuando nos corresponde, y otros después de evadir capitales, pagando por ello mucho menos que lo que pagamos los demás al aplicarles un tipo de gravamen mucho menor al aplicado durante el periodo recaudatorio.

Montoro debe dimitir sin duda, no sólo porque lo piden los técnicos de la Agencia Tributaria, sino, sobre todo, porque una persona que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución en su nombramiento, su incumplimiento debería llevar aparejado una dimisión obligatoria, no por ética o decoro político, ya que ha demostrado carecer de tales actitudes al cobrar 1823 euros por dietas y manutención, que cobran los diputados que viven fuera de Madrid, cuando él tiene 3 pisos en Madrid; además de haber sido asesor de una empresa líder en energías renovables llamada Abengoa a la que posteriormente se le otorgó subvenciones por más de 7000 millones de Euros al año, lo que provocó la crítica del entonces ministro de industria durante un consejo de ministros por favorecer descaradamente a su antigua empresa, el mismo ministro que tuvo que dimitir al aparecer junto a su hermano como Administrador de una sociedad en paraísos fiscales.

“Montoro debe dimitir sin duda, porque una persona que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución en su nombramiento, su incumplimiento debería llevar aparejado una dimisión obligatoria, no por ética o decoro político, ya que ha demostrado carecer de tales actitudes”

La dimisión de Montoro debe ser obligatoria por su manifiesto incumplimiento de la Ley, pero también la de los entonces integrantes del consejo de ministros que aprobaron la amnistía fiscal y que repiten en la actual legislatura y, por ende, del propio presidente del gobierno, porque no haciéndolo pierden toda su legitimidad,  máxime cuando se trata de la propia Constitución Española, la misma que ellos celebran en cada aniversario el 6 de diciembre, como una pantomima de las muchas que están acostumbrados a protagonizar para demostrar ante la opinión pública el buen funcionamiento de un sistema que, ni por asombro, esta funcionando correctamente, gracias a ellos y a los que les votan.

Estamos, sin duda, ante unos farsantes, ante unas personas indignas para el cargo que ostentan… pero esto es la España moderna, la España democrática, el país donde los sinvergüenzas son premiados y el resto obligados a sostener el sistema que los premia.   

 

Feliciano Morales

Licenciado en Derecho. Técnico Superior en Telecomunicaciones. Asesor jurídico de Administración Pública. Administrador Plazabierta.com. Escéptico por naturaleza y soñador de vez en cuando.

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Feliciano Morales Escrito por el Jun 12 2017. Archivado bajo Actualidad, Nacional. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta o un trackback a esta entrada

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