LO VIENTRES DE ALQUILER Y LA DOBLE MORAL

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vientre alquiler

Ayer fue noticia la detención por la Guardia Civil  en Vícar (Almería) de dos hombres que son pareja y en Cádiz a la mujer que les había vendido por diez mil euros a su recién nacida de tres días, después de haber sido sometida a una inseminación artificial en una clínica de Málaga.

La infertilidad cada vez afecta a más parejas en nuestra sociedad, un problema que en muchas ocasiones provoca un sufrimiento profundo y desestabilizador. Un gran número de padres y madres consigue hacer realidad su sueño de maternidad o paternidad gracias a las avanzadas técnicas de reproducción asistida que existen hoy en día. Pero a menudo estos tratamientos también fracasan y solo queda la opción de la adopción, aunque también existe la posibilidad de alquilar el vientre de otra mujer.

 

Con la misma doble moral que aquellas que iban a votar a Londres y luego encabezaban manifestaciones en contra del aborto libre, sucede con los vientres de alquiler. España, sin lugar a dudas, es un país de contrastes, legalizamos el matrimonio entre homosexuales y, sin embargo, no permitimos que éstos puedan alquilar un vientre para tener un hijo, lo mismo sucede en el caso de problemas de fertilidad para concebir en los matrimonios heterosexuales.

Como todos sabemos, en términos médicos se puede definir esta forma de tener hijos como el proceso por el cual una mujer ofrece su útero para que le sean transferidos los embriones de otra pareja, a modo de subrogación.

En España, la Ley 14/2006 sobre Reproducción Asistida excluye explícitamente el uso de madres de alquiler, a tenor de lo dispuesto en su artículo 10, al señalar que será considerado “nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de un tercero”.

Lo que sí es posible en nuestro país, y de hecho hay bufetes de abogados especializados, es el registro de los niños nacidos en el extranjero por vientre de alquiler presentando una resolución judicial del país de origen que garantice la legalidad del proceso, el cual resulta complejo y varía mucho en función de los países donde se permite esta práctica, aunque en términos generales en todos se sigue unos pasos básicos, empezando con la toma de contacto con la madre de alquiler y, a veces, con otros donantes, después de la fecundación in vitro del óvulo; seguidamente se procede a la implantación del embrión en el útero, terminando con la iniciación de un proceso judicial  en el país donde se lleva a cabo para el reconocimiento formal de los padres biológicos.

Por lo general, en casi todos los países, todo el proceso médico y legal es seguido por las agencias y clínicas especializadas. En cuanto al coste del vientre de alquiler, todo depende del país, pudiendo ir desde los aproximadamente 50.000 euros en Ucrania a los cien mil dólores en Estados Unidos, convirtiéndose este último en la meca de la subrogación.

Si la maternidad subrogada estuviera legalizada en España, el coste sería más asequible y se estaría dando una solución a problemas como los indicados al principio sin necesidad, en algunos casos, de hacerlo de espaldas a la legalidad, incluso en los países donde la regulación de esta práctica es favorable, con el fin de evitar tanto el proceso médico como el judicial donde sacan una buena tajada los clínicas y los bufetes especializados: en algunos casos precedidos de una oferta dentro de nuestras fronteras, como la feria llevada a cabo el pasado mes de mayo en el Hotel Meliá de la Avenida América en la capital de España, promovida por la revista Babygest y envuelta en una gran polémica antes de empezar, como es la denuncia del Partido Feminista bajo el argumento de que esta práctica fomenta el tráfico de personas, comercializando con seres humanos mediante la venta de niños, como la oferta llevada a cabo en uno de los stand, concretamente el de la empresa Creating families, donde se ofertan como la mejor opción para gestar a un futuro retoño,  aún siendo la mas cara, por su seguridad y calidad, ascendiendo la operación a 150.000 euros.

La falta de legalización en España, aparte de responder a una política conservadora, evidencia una doble forma de hacer justicia, una para ricos que pueden desplazarse a los países donde la práctica de esta forma de gestación esta permitida, y otra para pobres que no pueden recurrir a esta opción, y si lo hacen es a escondidas. Esta es la marca “España”, la que algunos políticos y empresarios tratan de vender en el extranjero, la España de los contrastes y de las injusticias, pero, sobre todo, de la doble moral.

“Si la maternidad subrogada estuviera legalizada en España, el coste sería más asequible y se estaría dando una solución a problemas como los indicados al principio sin necesidad, en algunos casos, de hacerlo de espaldas a la legalidad, incluso en los países donde la regulación de esta práctica es favorable, con el fin de evitar tanto el proceso médico como el judicial donde sacan una buena tajada los clínicas y los bufetes especializados”

 

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